Una decisión constitucional

Con la anulación de lo decidido por el Superior Tribunal jujeño en el caso Tejerina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una decisión de claro contenido constitucional.

En efecto, ha obrado así porque entendió que la sentencia del primero era violatoria de garantías fundamentales contempladas en el bloque de constitucionalidad federal. Esto es, la Constitución Nacional, tratados internacionales de su misma jerarquía y otras disposiciones contenidas en leyes federales. Así las cosas, la Corte le reenvió el expediente a dicho tribunal ordenándole la revisión de su sentencia en el sentido indicado por ella, es decir decidiendo la excarcelación de Romina Tejerina mientras se decida sobre el fondo de la cuestión planteada en la sentencia condenatoria de la joven.

Más allá del contenido de lo decidido, nos parece por demás relevante que el más alto tribunal de la República controle con el celo que ello merece el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los argentinos en las decisiones de los tribunales inferiores, sean éstos federales o provinciales. Se trata de una dirección que la Corte con su nueva composición viene imprimiendo a su actividad, como lo ha puesto de manifiesto en varias sentencias. Así aconteció en los casos Verbitsky, en que se ventilaba el estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires; y Pérsico, en que restableció la normalidad institucional en relación con quién debía ser el intendente de la ciudad de San Luis, para sólo citar dos casos relevantes.

Sería deseable que la Corte instrumentara además los medios necesarios para que el gobierno de la provincia de Santa Cruz, en particular el Superior Tribunal provincial, cumpliera con dos sentencias que le ordenan reponer al ex procurador general de la provincia Eduardo Sosa, quien hace más de diez años viene litigando para lograr que se haga justicia frente a una decisión declarada inconstitucional por la misma Corte y que sin embargo no ha conseguido hasta ahora respuesta. La supremacía de la Constitución Nacional así lo demanda.

* Profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA.