Una niña de 12 años abusada fue interceptada por la ONG religiosa Grávida, quienes la retuvieron por 24 horas para impedir que aborte. Por esto mismo, el Estado tomó una “medida excepcional” y logró recuperar a la menor.
PERFIL habló al respecto con la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro. “Veníamos trabajando con esta situación tanto de Género, como Salud y desde la Secretaría de la Niñez. Y bueno la intervención se vio truncada el último día hábil anterior al turno médico”, explicó la funcionaria con respecto al caso.
En ese sentido, Marinaro narró que tomaron conocimiento de lo que sucedía cuando no tenían forma de comunicarse con la madre de la menor ni con la niña y “empezaron a hablar personas de la organización”.
De acuerdo con la información que proporcionó la funcionaria, los miembros de Grávida se acercaron a la casa personal de la señora luego de “aparentemente ser anoticiados de la situación por el cura del pueblo, quien les pidió intervención”. Así, la organización religiosa interceptó a ambas y fueron llevadas hacia la Ciudad de Santa Fe, por lo que la niña perdió el turno para abortar, previsto para el 2 de enero.
Ante esto, el Estado tomó la decisión de implementar una “medida excepcional” que consiste en quitarle el cuidado personal de la menor a la madre de forma momentánea; en consecuencia, la niña quedó bajo el resguardo del Estado.
Pese a que no brindó detalles sobre el estado actual de la menor para preservar su intimidad, Marinaro aseguró que se retomó el proceso de contención para volver a trabajar “la autonomía y el consentimiento informado tanto con la niña como con la madre”, acción que se realiza de forma interministerial.
El comunicado de Grávida y la respuesta del gobierno de Santa Fe
Una vez que se comenzó a hacer pública la noticia, Grávida emitió un comunicado en el que se defiende de las acusaciones que recayeron en su contra. “Nuestra intervención respondió ante una situación muy concreta. La madre de una menor, una niña embarazada, una gestación de 24 semanas y una patología clínica de relevancia. Ante una patología clínica compleja, ¿la interconsulta especializada no es un derecho de las personas? Eso fue lo que se propició”, aseguraron.
Ante esto, la ministra de Género de Santa Fe recordó que “el derecho de intimidad de una niña de 12 años en situación de vulnerabilidad es el que debe respetarse” y agregó que “es un derecho básico y fundamental para el derecho de la salud”.
La funcionaria provincial enfatizó en que “el deber y la responsabilidad del Estado es garantizar la escucha y la voz de una niña en situación de vulnerabilidad”. “El Estado provincial acompaña, interviene, pero no fomenta. Respeta la decisión de una niña y su madre”, aclaró.
Con respecto al proceso de intervención, Marinaro mencionó que “no hubo demoras”, es decir que las entrevistas se realizaron inmediatamente, así como los equipos provinciales se brindaron contención “permanente” a la familia.
Las primeras acciones contra Grávida
Luego de haber podido rescatar a la niña, el gobierno de Santa Fe llevará el caso a la Justicia, para que “decida sobre las acciones de esta organización”.
Para la ministra de Género de Santa Fe, esto “demuestra que las organizaciones con creencias religiosas anteponen eso sobre el derecho de las personas”, por lo que todo va a ser puesto a disposición de la Justicia.
RdC / MCP
