La propuesta de Milei de crear sociedades operadas por IA abre una oportunidad histórica para Argentina, pero plantea una pregunta incómoda: ¿estamos diseñando herramientas de innovación o cediendo poder a entidades sin responsabilidad humana?
Todo empezó con un cruce de columnas en el Financial Times. Javier Milei planteó actualizar la Ley General de Sociedades para permitir corporaciones no humanas: entidades con personalidad jurídica, responsabilidad limitada y capacidad de operar de forma autónoma mediante agentes de IA. Yuval Noah Harari respondió con dureza: otorgarles esa personalidad es entregarles las llaves del sistema financiero, económico y político sin un humano al que responsabilizar.
No es una discusión abstracta ni una pelea de egos. Es el debate que define la próxima década: si la IA seguirá siendo solo una herramienta al servicio de personas y empresas, o si comenzará a operar como actor económico independiente, con patrimonio, contratos, demandas y poder indirecto.
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La realidad detrás de las narrativas es que ya no hablamos de robots con DNI. Hablamos de software que deja de ser empleado y empieza a parecerse a un empresario. Milei tiene razón en un punto clave: la empresa moderna no nació solo de una buena idea comercial, sino de una ficción jurídica poderosa —la sociedad de responsabilidad limitada— que permitió juntar capital, asumir riesgos y escalar. Hoy, esa misma imaginación jurídica debe alcanzar a la IA.
La aceleración es brutal. Ya existen bots de trading autónomos, sistemas de pricing dinámico, campañas publicitarias que se optimizan solas, DAOs con tesorerías on-chain y agentes que coordinan microempresas o aprueban créditos. Lo que antes parecía ciencia ficción está fragmentado pero avanzando. La ley vieja, pensada para un mundo pre-internet, pre-Bitcoin y pre-ChatGPT, se queda corta. Actualizarla no es opcional; es inevitable.
Utopía versus distopía. Del lado optimista, estas sociedades automatizadas podrían coordinar PyMEs con eficiencia inédita, bajar costos administrativos, operar 24/7, crear vehículos de inversión más accesibles y permitir que comunidades globales organicen proyectos sin estructuras pesadas. Del lado de Harari, el riesgo es claro: una entidad sin cuerpo, sin miedo a la cárcel, sin reputación ni familia podría arbitrar regulaciones, mover capital opacamente, litigar sin parar o concentrar poder como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que no solo comerciaba sino que actuaba como Estado corporativo. La innovación jurídica que genera riqueza también puede generar dominación difícil de revertir.
Desde Argentina, la mirada práctica es decisiva. Tenemos talento técnico, adopción cripto alta, comunidades de IA activas y una cultura emprendedora forjada en la supervivencia. Como quien trabaja diariamente con agentes autónomos y soberanía tecnológica, veo el potencial: Buenos Aires podría convertirse en una jurisdicción atractiva para innovación agentic, atrayendo inversión, talento y experimentación con DAOs, contratos inteligentes y nuevas formas de coordinación. Pero también arrastramos debilidades estructurales: justicia lenta, presión fiscal compleja, capacidad regulatoria desigual e informalidad. Sin infraestructura jurídica, técnica, energética y de ciberseguridad sólida, corremos el riesgo de convertirnos en un sandbox barato para experimentos ajenos, maquila regulatoria, no soberanía.
La clave no es elegir equipo Milei o equipo Harari. Es combinar la audacia del primero con los frenos institucionales del segundo. Necesitamos responsabilidad como palabra central: responsables humanos identificables para funciones críticas, trazabilidad de decisiones, auditorías técnicas, capital mínimo, mecanismos de apagado y prohibiciones claras a financiamiento político opaco. No es burocracia antiinnovación; es infraestructura de confianza.
Entre la innovación sin responsabilidad (que termina en abuso) y la regulación sin imaginación (que termina en atraso), hay una oportunidad argentina enorme. Este cruce Milei-Harari no debería diluirse en 48 horas virales. Debe abrir una conversación seria con tecnólogos, juristas, emprendedores, especialistas en ciberseguridad y el sector público para diseñar bien la ley.
Porque el debate de fondo no es si una IA puede tener empresa. Es si nosotros vamos a tener instituciones lo suficientemente inteligentes como para gobernar organizaciones que ya no piensan, operan ni obedecen como las de antes.
ML
