Con el retorno de la democracia en 1983, la incorporación inicial de los derechos humanos a la enseñanza universitaria se canalizó a través de la reformulación de contenidos en las carreras de derecho. Bajo una concepción restringida, los derechos humanos se entendían entonces como un dispositivo de abordaje del derecho constitucional o internacional, y no eran pocos los que sostenían que debía ser una materia optativa, por tratarse de una rama muy específica del conocimiento jurídico. Para ese entonces, todavía muchos sostenían que los derechos económicos, sociales y culturales expresaban un conjunto de orientaciones programáticas que, más allá de su nombre, estaban lejos de ser exigibles como derechos en sentido estricto.
En los comienzos del siglo XXI, estas discusiones son otras. Los tratados internacionales y regionales de derechos humanos regulan campos tan amplios y variados como las migraciones, la salud, el hábitat, la violencia de género, las comunicaciones, la deuda externa, el comercio y las inversiones transnacionales, mientras mantienen una sólida vigencia en problemáticas como la seguridad y violencia institucional.
Para 2016, lejos de entender los derechos humanos como una amenaza a su soberanía, los estados nacionales han creado áreas específicas en el más alto nivel de gobierno para gestionar su implementación. Hay oficinas encargadas de derechos humanos en la mayoría de las dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales. Hay Defensorías del Pueblo y comisiones en Legislaturas y Concejos Deliberantes. Se han generado áreas específicas de derechos humanos en los Tribunales Superiores de Justicia, en Fiscalías y Defensorías. A las tradicionales organizaciones de derechos humanos, se han sumado incontables comisiones de derechos humanos en sindicatos, movimientos sociales, clubes, universidades, empresas, cooperativas, etc. Los derechos humanos se han consolidado en los últimos años como campo específico de gestión y como perspectiva transversal de las políticas públicas, además de fortalecerse como dimensión interna de la acción política en espacios no gubernamentales.
Las siguientes son algunas de las posibles estrategias con que las universidades pueden encarar el reto de formar profesionales que articulen su saber con este nuevo campo académico.
En los comienzos del siglo XXI, estas discusiones son otras. Los tratados internacionales y regionales de derechos humanos regulan campos tan amplios y variados como las migraciones, la salud, el hábitat, la violencia de género, las comunicaciones, la deuda externa, el comercio y las inversiones transnacionales, mientras mantienen una sólida vigencia en problemáticas como la seguridad y violencia institucional.
Para 2016, lejos de entender los derechos humanos como una amenaza a su soberanía, los estados nacionales han creado áreas específicas en el más alto nivel de gobierno para gestionar su implementación. Hay oficinas encargadas de derechos humanos en la mayoría de las dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales. Hay Defensorías del Pueblo y comisiones en Legislaturas y Concejos Deliberantes. Se han generado áreas específicas de derechos humanos en los Tribunales Superiores de Justicia, en Fiscalías y Defensorías. A las tradicionales organizaciones de derechos humanos, se han sumado incontables comisiones de derechos humanos en sindicatos, movimientos sociales, clubes, universidades, empresas, cooperativas, etc. Los derechos humanos se han consolidado en los últimos años como campo específico de gestión y como perspectiva transversal de las políticas públicas, además de fortalecerse como dimensión interna de la acción política en espacios no gubernamentales.
Las siguientes son algunas de las posibles estrategias con que las universidades pueden encarar el reto de formar profesionales que articulen su saber con este nuevo campo académico.
En primer lugar, en el campo de la investigación, las universidades deben consolidar la producción de conocimiento con rigurosas producciones científicas que persigan efectos sobre las prácticas y promuevan la mayor vinculación del campo académico con las políticas de gobierno y acciones de sociedad civil. En nuestro país, el espacio de derechos humanos es especialmente fructífero para esta articulación, pues aquí el campo académico es fuertemente subsidiario de las experiencias y saberes de organizaciones sociales y de derechos humanos.
En segundo lugar, en relación a la creciente enseñanza de posgrado en derechos humanos, la educación superior puede complementar y profundizar el conocimiento de graduados/as de las distintas áreas con los saberes y reflexiones que les permitan orientar sus profesiones en las metas de dignidad humana, igualdad, justicia e inclusión social que disponen los principios de derechos humanos. Al mismo tiempo, los posgrados pueden ser entendidos como espacios privilegiados en donde activistas y distintos profesionales dedicados a los derechos humanos puedan repensar y sistematizar enseñanzas desde sus propias experiencias y trayectorias y elaborar tesis que brinden un conocimiento fundamental para la sociedad.
En tercer lugar, en el campo de la formación de grado aparece la necesidad de incorporar espacios curriculares específicos destinados a que los y las estudiantes de las distintas carreras, no sólo en las ciencias sociales, adquieran las capacidades imprescindibles para manejarse con los marcos y oportunidades que las reglas de derechos humanos establecen para las distintas profesiones.
En cuarto y último lugar, a partir de la ampliación y consolidación de este campo de prácticas y saberes y de los múltiples espacios públicos y privados descriptos al principio de esta nota aparece lógicamente el requerimiento de profesionales específicamente preparados para ellos. Y en esa línea debe destacarse el camino iniciado con el reconocimiento y validez nacional que en 2015 el Ministerio de Educación de la Nación brindó a los títulos de Técnico en Gestión y Promoción de los Derechos Humanos y de Licenciado en Justicia y Derechos Humanos.
Estos son algunos de los caminos por los que se está consolidando un campo académico que es, como otros, eminentemente práctico, muy cambiante y orientado a pensar desde los problemas para solucionarlos. En la medida que las universidades se mantengan atentas a los problemas fundamentales de nuestro país y de la región, el campo de los derechos humanos se seguirá consolidando tanto en forma vertical, con carreras de pregrado, grado y posgrado, como transversal a otros saberes en las áreas de salud, educación, economía o administración de empresas.
El camino que ha recorrido nuestra sociedad nos coloca hoy a la vanguardia del tema en el mundo. Los derechos humanos constituyen un componente fundamental de nuestra cultura, al punto que resulta imposible que las personas o instituciones puedan mantener hoy en Argentina una práctica consistente de violación de los derechos humanos sin ser denostadas y acusadas, tanto ética como administrativa, profesional o judicialmente. La universidad no está al margen de este proceso: tiene la responsabilidad de generar competencias en derechos humanos que amplíen las capacidades y desafíos de sus profesionales, y garanticen la consolidación de la democracia en nuestra sociedad.
*Director del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.
En segundo lugar, en relación a la creciente enseñanza de posgrado en derechos humanos, la educación superior puede complementar y profundizar el conocimiento de graduados/as de las distintas áreas con los saberes y reflexiones que les permitan orientar sus profesiones en las metas de dignidad humana, igualdad, justicia e inclusión social que disponen los principios de derechos humanos. Al mismo tiempo, los posgrados pueden ser entendidos como espacios privilegiados en donde activistas y distintos profesionales dedicados a los derechos humanos puedan repensar y sistematizar enseñanzas desde sus propias experiencias y trayectorias y elaborar tesis que brinden un conocimiento fundamental para la sociedad.
En tercer lugar, en el campo de la formación de grado aparece la necesidad de incorporar espacios curriculares específicos destinados a que los y las estudiantes de las distintas carreras, no sólo en las ciencias sociales, adquieran las capacidades imprescindibles para manejarse con los marcos y oportunidades que las reglas de derechos humanos establecen para las distintas profesiones.
En cuarto y último lugar, a partir de la ampliación y consolidación de este campo de prácticas y saberes y de los múltiples espacios públicos y privados descriptos al principio de esta nota aparece lógicamente el requerimiento de profesionales específicamente preparados para ellos. Y en esa línea debe destacarse el camino iniciado con el reconocimiento y validez nacional que en 2015 el Ministerio de Educación de la Nación brindó a los títulos de Técnico en Gestión y Promoción de los Derechos Humanos y de Licenciado en Justicia y Derechos Humanos.
Estos son algunos de los caminos por los que se está consolidando un campo académico que es, como otros, eminentemente práctico, muy cambiante y orientado a pensar desde los problemas para solucionarlos. En la medida que las universidades se mantengan atentas a los problemas fundamentales de nuestro país y de la región, el campo de los derechos humanos se seguirá consolidando tanto en forma vertical, con carreras de pregrado, grado y posgrado, como transversal a otros saberes en las áreas de salud, educación, economía o administración de empresas.
El camino que ha recorrido nuestra sociedad nos coloca hoy a la vanguardia del tema en el mundo. Los derechos humanos constituyen un componente fundamental de nuestra cultura, al punto que resulta imposible que las personas o instituciones puedan mantener hoy en Argentina una práctica consistente de violación de los derechos humanos sin ser denostadas y acusadas, tanto ética como administrativa, profesional o judicialmente. La universidad no está al margen de este proceso: tiene la responsabilidad de generar competencias en derechos humanos que amplíen las capacidades y desafíos de sus profesionales, y garanticen la consolidación de la democracia en nuestra sociedad.
*Director del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.
