Una operación inmobiliaria que comenzó con la compra de un departamento en 2006 terminó con una resolución judicial que obliga a la desarrollista Gama SA a devolver más de US$ 65 mil a una clienta. La Justicia cordobesa consideró abusivas las condiciones de financiación aplicadas durante años y determinó que la compradora no solo había cancelado su deuda, sino que había pagado una suma considerablemente superior a la que correspondía.
La decisión fue confirmada por la Cámara 8ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, que ratificó lo sustancial de la sentencia de primera instancia. El fallo, que podría quedar firme el próximo lunes, establece la restitución de US$ 65.367,47, más los intereses correspondientes.
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El caso pone nuevamente bajo discusión el sistema de financiación utilizado por la desarrollista para comercializar sus emprendimientos inmobiliarios, particularmente la aplicación de intereses acumulativos y la falta de información clara sobre el costo real de las operaciones.
La resolución original fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 6ª Nominación, a cargo de la jueza Clara María Cordeiro. La magistrada ordenó revisar desde cero la liquidación de la deuda, declaró abusivas distintas cláusulas contractuales y estableció nuevas condiciones para calcular el financiamiento.
El resultado fue contundente: bajo el esquema que sostenía la empresa, la compradora todavía debía alrededor de US$ 40 mil. Con la nueva liquidación judicial, esa obligación quedó cancelada y se determinó que Gama debía devolverle el dinero que había cobrado de más.
Una financiación que multiplicó la deuda
La historia comenzó en 2006, cuando la mujer compró un departamento en la Torre I del complejo VillaSol, ubicado sobre avenida Colón al 4600, en la ciudad de Córdoba. El precio de contado se había fijado en US$ 50.710 y la operación contemplaba una financiación mediante dos cuotas extraordinarias y 180 pagos mensuales.
El boleto de compraventa establecía un interés del 1% mensual acumulativo sobre el saldo financiado. Ese mecanismo fue uno de los principales puntos cuestionados en la demanda, junto con la falta de información que recibió la compradora sobre la composición de las cuotas y el costo financiero total de la operación.
Con el paso de los años, la modalidad de pago fue modificándose a través de distintos acuerdos complementarios de refinanciación. En los últimos dos años de la relación contractual, las partes habían incorporado el Índice de Costo de la Construcción y un interés del 6% semestral, también capitalizable y acumulativo.
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Según explicó el abogado Guillermo Iglesias, representante de la compradora, el resultado de esos convenios terminó generando obligaciones desproporcionadas para la consumidora.
"El resultado de estos convenios de refinanciación es un interés abusivo que termina creando cuotas impagables para el consumidor. En unos, se puede pasar de pagar una cuota de US$ 500 a una de US$ 3 mil", señaló el letrado.
El otro eje de la presentación judicial fue el deber de información previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Iglesias sostuvo que la empresa debía brindar datos precisos sobre la tasa efectiva anual, el costo financiero total y el mecanismo de amortización de los intereses.
"La ley de Defensa del Consumidor prevé en el artículo 36 que se debe informar cuestiones como la tasa efectiva anual, el costo financiero total, el modo de amortización de intereses, entre otros ítems. Pero Gama nunca informa nada", afirmó.
La empresa no amplió su posición ante la consulta periodística. Sus argumentos quedaron expuestos en las presentaciones realizadas durante el proceso judicial.
Por qué la demanda no estaba prescripta
Uno de los principales argumentos de Gama para defenderse fue que la acción judicial estaba prescripta. La compañía planteó que la compradora había iniciado el reclamo en 2024, casi 18 años después de la firma del boleto de compraventa y de los posteriores acuerdos de refinanciación.
Sin embargo, la jueza Cordeiro rechazó ese planteo. Para la magistrada, el plazo de prescripción no debía comenzar a computarse automáticamente desde la firma de los documentos, sino desde el momento en que la consumidora pudo comprender el verdadero funcionamiento del sistema de financiación y sus consecuencias económicas.
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El criterio judicial distingue entre conocer que una cuota aumenta y entender por qué aumenta, cómo se calculan los intereses y cuál es el costo final del crédito.
Ese momento se produjo en junio de 2024, cuando la mujer dejó de pagar las cuotas y buscó asesoramiento profesional. A partir de un informe técnico contable pudo identificar los mecanismos utilizados para calcular la deuda y avanzar con el reclamo judicial, presentado en octubre de ese año.
Como el plazo general de prescripción aplicable a este tipo de obligaciones es de cinco años, la acción fue considerada oportuna.
Un antecedente que vuelve a poner bajo la lupa a Gama
La sentencia tiene un alcance concreto: resuelve la controversia entre la desarrollista y una compradora. Sin embargo, el caso vuelve a instalar interrogantes sobre las condiciones de financiación que Gama SA utiliza en sus operaciones inmobiliarias.
En otros litigios vinculados con la comercialización de lotes, departamentos y viviendas, también fueron cuestionadas cláusulas contractuales y mecanismos de actualización de las cuotas. Uno de los puntos recurrentes es precisamente la aplicación de intereses mensuales del 1% acumulativo en planes de largo plazo.
La discusión judicial no se limita a cuánto termina pagando un comprador por su propiedad. También involucra qué información recibe al momento de contratar, si puede conocer de antemano el costo financiero de la operación y hasta qué punto los mecanismos de capitalización pueden generar un desequilibrio económico en perjuicio del consumidor.
En este caso, la Justicia ordenó reemplazar el esquema aplicado por Gama por un interés del 6% anual, sin capitalización. La diferencia entre ambos mecanismos modificó por completo el resultado de la operación: una compradora que, según las cuentas de la empresa, todavía debía cerca de US$ 40 mil terminó con su deuda cancelada y un crédito a favor superior a los US$ 65 mil.
