A un año del veredicto de culpabilidad por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, las condenas a prisión perpetua de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña atraviesan una instancia decisiva: la revisión de los recursos de sus defensas ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ). Los planteos apuntan al desarrollo del juicio por jurados y a las sanciones impuestas, mientras la Fiscalía sostiene que el proceso respetó las garantías legales.
El fiscal de Cámara Juan Martín Bogado, quien intervino en el juicio, explicó que las impugnaciones superaron el control de admisibilidad formal y deben ser examinadas en sus argumentos de fondo. Ese paso habilita su tratamiento, pero no anticipa una decisión favorable a los condenados. “Fue un juicio plenamente justo y legítimo”, sostuvo.
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Un año del veredicto y nueve meses de las perpetuas
El aniversario remite al 15 de noviembre de 2025, cuando el jurado popular declaró culpable a César Sena como autor del homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, y a sus padres como partícipes primarios. Las penas se conocieron después: el 10 de febrero, la jueza técnica Dolly Fernández les impuso prisión perpetua. Se trata de dos decisiones diferentes dentro del proceso que se desarrolló en Resistencia, la capital chaqueña.
La revisión actual tiene como antecedente esas resoluciones. Mientras el jurado determinó las responsabilidades penales, la jueza técnica estableció las sanciones correspondientes. Ahora, las defensas buscan que el máximo tribunal provincial atienda sus objeciones al juicio y a las condenas.
La imparcialidad del jurado, uno de los ejes de los cuestionamientos
Bogado aclaró que no había leído en detalle los recursos, aunque reconoció argumentos que las defensas habían anticipado durante las etapas previas al debate. Entre ellos mencionó el cuestionamiento a la imparcialidad de los jurados por la repercusión pública del caso, una objeción con la que habían intentado que el juicio se realizara en otra localidad de la provincia.
También señaló que los planteos alcanzarían el procedimiento de selección del jurado y otros aspectos del debate. Frente a esas críticas, recordó que hubo 39 audiencias preliminares, en las que las partes pudieron discutir la incorporación de pruebas y formular sus objeciones antes de que comenzaran las declaraciones.
Para el fiscal, dejar sin efecto el veredicto exige acreditar irregularidades concretas. Como ejemplos, mencionó posibles amenazas, condicionamientos o pagos a integrantes del jurado para orientar su voto. Los presentó como situaciones hipotéticas que podrían justificar una impugnación, sin afirmar que hubieran ocurrido en esta causa. “En el juicio se discuten los hechos y esto ocurrió plenamente dentro de los límites legales”, expresó.
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Qué debe revisar el STJ y cuánto podría demorar
Según explicó Bogado, el análisis de los recursos requiere examinar las actuaciones y las grabaciones de las audiencias. Por la extensión de ese material, evitó anticipar una fecha de resolución y mencionó experiencias en otras causas en las que la revisión ante el STJ demandó alrededor de un año. Esa referencia no constituye un plazo anunciado para el caso Cecilia.
El funcionario agregó que, hasta donde conoce, no existen antecedentes en Chaco de una sentencia de un jurado popular dejada sin efecto por el Superior Tribunal. Sin embargo, distinguió ese escenario de las decisiones sobre las penas: recordó casos en los que se ordenó fijar una nueva sanción sin modificar la declaración de culpabilidad.
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Otro eje que identificó es el cuestionamiento a la constitucionalidad de la prisión perpetua. De acuerdo con su explicación, las defensas invocan el objetivo de resocialización para objetar esa sanción. Bogado rechazó esa posición y defendió la legitimidad de las condenas, aunque la respuesta a los recursos corresponde al máximo tribunal provincial.








