El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió a cuestionar duramente el fallo del Tribunal Oral Federal N°2, que condenó a seis años de prisión e inhibición perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner, acusada de administración fraudulenta en el marco de la causa "Vialidad", por la obra pública en Santa Cruz direccionada al empresario Lázaro Báez.
“Estamos todos en libertad condicional”, advirtió el titular de la cartera de Seguridad, y agregó que se “retorció el derecho” para “dejarla pegada” a la vicepresidenta.
Fernández destacó: “Cristina es el cuadro político más importante en los últimos cien años” y afirmó que la decisión de la Justicia “no tiene ningún asidero”. Además señaló que “eso lo más gravoso porque estamos todos con libertad condicional”.
En diálogo con Radio 10, el funcionario nacional señaló que la figura de administración fraudulenta por la cual condenaron a la titular del Senado “es un sinsentido” porque "tanto un presidente como un jefe de gabinete no administran fondos públicos ni tienen competencia en dárselos a terceros", en alusión al empresario amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez, quien también recibió una pena de seis años.
“Es un sin sentido porque habría que hacer un mínimo análisis la administración fraudulenta que es lo que pretenden instalar en este caso, porque va de suyo que la asociación ilícita no tenía ningún asidero”, declaró Fernández.
Y agregó que para que la figura de administración fraudulenta “necesita que la persona a la que le están confiando los fondos los administre de forma irregular para quedárselos para sí o para dárselos a terceros. Ni el presidente de la Nación ni el jefe de Gabinete tienen competencia para dar dinero público a terceros o quedárselos para sí”.
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“Lo primero que pregunto es de qué la están acusando o por qué la condenan. Cristina no puede hacer un acto de disposición de obras en Santa Cruz siendo presidenta de la Nación”, cuestionó.
“Se está retorciendo el derecho para "dejarla pegada" a Cristina cuando no tiene nada que ver, a pesar de que ella viva en Santa Cruz, hay una legislatura, una gobernadora, organismos de control que participaron oportunamente y eso llegó a su fin cuando hubo una sentencia”, concluyó.
JD / CP
