Hay decisiones judiciales que se explican en cinco renglones. Otras, ni en un expediente entero. Y hay decisiones -muy pocas- que no se pueden explicar sin hablar del dolor humano que hay detrás. La desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años arrancado de su familia, pertenece a esta última categoría. No es un caso: es una herida abierta. No es un expediente: es una deuda del Estado con la verdad.
En medio de esa herida, hoy conviven dos modelos de justicia: una que busca, investiga, escucha y trabaja; y otra que pretende cerrar en 60 días lo que la realidad aún no permitió resolver.
En esa tensión se juega algo más que un plazo: se juega la dignidad del Estado argentino frente a la desaparición de un niño.
Una jueza que camina donde hay barro y dudas
Nadie puede decir que Cristina Pozzer Penzo haya especulado un solo minuto. Solo los medios de prensa legítimos, sanos, independientes, reflejaron esta situación, la expusieron, jamás las organizaciones naturales que debieron hacerlo y defenderla de calumniosas y difamatorias acusaciones.
Desde junio de 2024, la magistrada, atacada arteramente desde otros poderes reales de la mafia institucional, recorrió, ordenó, rastrilló, delegó, produjo, integró y sostuvo una investigación que muchos atribuían a hipótesis cambiantes, pistas cruzadas y datos falsos. No paró la búsqueda un solo día, a pesar de minúsculos, puntuales, maliciosos desinformantes y embarradores compulsivos. Innumerable cantidad de medias procesales, de pruebas de reconfirmación, de tomas de declaraciones, de pericias terminadas en curso y solicitadas.
Diez de los obstaculizadores identificados, imputados y procesados, de la Fundación Dupuy y otras ONG hasta de renombre internacional, van a juicio oral en breve en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, todos ellos acusados de haber actuado contra LOAN. Hay penas promedio de 5 años de cárcel para ellos.
La Sra. Jueza fue atacada ante silencio institucional, mediática, política y jurídicamente hasta con dos mendaces pedidos infundados, falsos y temerarios de JURY DE ENJUICIAMIENTO, (pedidos de juicios políticos ante el Consejo de la Magistratura), en un país donde a veces se critica la lentitud judicial, ella avanzó con una premisa simple y profundamente clásica: trabajar todos los días, no cerrar una causa hasta saber la verdad real. La sutil diferencia entre los hechos y las palabras. La misma extorsiva y sucia medicina la sufrieron fiscales, testigos, abogados querellantes y los propios padres y hermanos de LOAN.
Sus motivos, darían lugar a numerosas investigaciones acerca de los sujetos interesados en que LOAN no aparezca nunca y que la investigación naufrague.
No es retórica. Es derecho comparado, es Convención Interamericana, es Convención de los Derechos del Niño, es la obligación reforzada de investigar desapariciones.
Cualquier juez federal lo sabe: un niño desaparecido es un caso abierto por definición. Y esa es la línea que Pozzer Penzo nunca abandonó.
Los fiscales que no ceden: Schaefer, Colombo y Mángano
Una tríada institucional que sostuvo lo que muchos no querían ver: qQue la desaparición de una persona - y más aún, de un niño - es un delito permanente, y que por ende el tiempo no corre a favor de los imputados: corre a favor de la búsqueda.
El recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal es una pieza jurídica de enorme solidez doctrinaria (Recurso de Casación interpuesto por el MPF, donde se solicita la prórroga de la investigación). Allí sostienen, sin eufemismos, que imponer 60 días de investigación en una causa con múltiples pericias pendientes, con hipótesis de trata en estudio y con la víctima aún desaparecida, es desconocer:
La naturaleza del hecho, Los compromisos internacionales del Estado, y el principio rector de la protección de la infancia en condición extrema de vulnerabilidad.
Es decir: jurídicamente, cerrar en dos meses es inaceptable. Y humanamente, es incomprensible.
Casación: cuando la Justicia escucha y abre la puerta correcta
El 6 de noviembre de 2025, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal concedió los recursos de casación tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella.
No resolvió el fondo. No tenía por qué. Pero hizo algo más profundo: reconoció que la decisión de Corrientes debía ser revisada. Que hay casos en los que el cierre anticipado no es una opción, sino una amenaza al derecho a la verdad.
Que un Tribunal de Casación -máxima autoridad penal del país- entienda que este expediente merece una instancia superior es, en sí mismo, un acto institucional de enorme peso.
Y hay algo más: la Sala III de la Casación federal, abrió el recurso de queja y además convocó a la audiencia pedida por los padres. Les abrió las puertas del tribunal más importante del país. Eso también es Justicia. Este miércoles a las 13.30 en las salas del último y gran jurado nacional penal que es la Cámara Federal de Casación Penal el Señor Presidente Dr. Carlos A Mahiques, ordenó conforme las prescripciones del CPPN, se trate la queja y pedido de María y José. De esa decisión depende el futuro de LOAN. El Fiscal asignado el Dr. Raúl Preé y la DOVIC, convocada por el Fiscal.
El final es abierto, la lucha cierta, cotidiana e interminable hasta que aparezca LOAN vivo, sano y salvo.
La Cámara de Corrientes: el tiempo al revés
Mientras la jueza federal avanza y los fiscales sostienen, la Cámara de Apelaciones de Corrientes plantea lo contrario: una prórroga de "dos meses improrrogables" para cerrar la investigación, decidir las situaciones procesales y dar por agotado el tramo del caso relacionado con el paradero de Loan.
Su argumento central se apoya en tres ejes:
- El "plazo razonable",
- El "non bis in ídem",
- El riesgo de "procesos indefinidos".
Pero ese enfoque jurídico - legítimo para causas ordinarias - resulta inaplicable cuando se trata de desaparición de personas. El derecho internacional es categórico: no hay plazo razonable que pueda oponerse a la búsqueda de un niño desaparecido. Así lo establecen estándares interamericanos desde “González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México”, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sentencia de 16 de noviembre de 2009 y “Caso Rocha c/ Hernández y otros vs. El Salvador”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 14 de octubre de 2014.
Un niño desaparecido no es "un proceso indefinido": es un delito que continúa mientras su destino sea incierto.
La voz de quienes no duermen: los padres de Loan
José y María - los padres de Loan - pidieron algo que ningún tribunal podría negarles: ser escuchados. No para llorar, no para rogar, no para pedir privilegios.
Para decir exactamente esto: "No cierren la causa antes de encontrar a nuestro hijo."
Lo pidieron amparados en la Ley 27.372 y en la Convención de los Derechos del Niño. Lo pidieron como sujetos procesales. Lo pidieron como padres.
Y lo pidieron en un contexto desgarrador de agresiones, acusaciones falsas, hostigamiento mediático y revictimización sistemática denunciada en la causa.
La familia no sólo busca a su hijo: también sobrevive a un entorno social que los ha golpeado más de lo que un ser humano puede soportar.
Lo que está en juego no es un expediente: es el contrato moral del Estado con la infancia
El derecho penal moderno -desde Feuerbach hasta Roxin, desde Silva Sánchez hasta Zaffaroni- reconoce que ciertos bienes jurídicos tienen una protección reforzada: la vida, la integridad física, la libertad de un niño.
El Estado argentino firmó tratados, asumió obligaciones y adoptó protocolos que no permiten discutir lo obvio:
Una desaparición se investiga hasta el final.
No hay plazos prefijados. No hay prórrogas a vencer.
No hay tiempos administrativos que condicionen la búsqueda.
Cuando un tribunal intenta cerrar un caso así por razones formales, no sólo comete un error jurídico: erosiona el contrato moral que une al Estado con sus ciudadanos.
Y si ese ciudadano es un niño, la erosión se vuelve un abismo.
Estamos a un fallo de distancia entre la esperanza y el abandono
La jueza investiga. Los fiscales investigan. La querella impulsa, vigila, controla, apoya, investiga. Casación abre el camino.
La única pieza que sobra es la decisión de clausurar la búsqueda en 60 días.
En un país donde se han cometido errores imperdonables, donde las desapariciones han marcado épocas enteras, donde la sociedad aprendió -a fuerza de golpes- que la verdad tarda pero llega, nadie puede aceptar que el destino de un niño dependa de un calendario judicial.
Hasta que Loan aparezca, el Estado argentino tiene una sola obligación: buscar, investigar, insistir, sostener, aguantar y continuar.
No hay plazo que pueda competir con eso. No hay tribunal que pueda limitarlo.
No hay argumento jurídico que pueda vencerlo.
Porque cuando un niño desaparece, se detiene el tiempo, pero no la justicia.
Lo que nos cuesta el silencio de Laudelina. El Precio del Silencio:
Cuando quienes deberían hablar obligan al Estado a buscar a ciegas. Hay silencios que duelen, y hay silencios que cuestan.
En el caso de Loan Danilo Peña, el silencio elegido por quienes conocen parte de la verdad no es sólo una falta moral: es una carga que hoy pagan el Estado, la Justicia y toda la sociedad argentina.
Entre ellos, el más evidente - y el más costoso - es el de Laudelina Peña, cuya falta de cooperación, versiones cambiantes y retractaciones sucesivas obligaron a multiplicar operativos, reabrir hipótesis descartadas y destinar recursos extraordinarios a corroborar relatos que nunca debieron desviarse del camino principal.
Y este es el punto que merece ser dicho en voz alta, sin eufemismos:
El silencio de un testigo clave puede salirle más caro a un país que el delito mismo.
Cuando callan los que saben, paga la sociedad
Cada rastrillaje, cada operativo, cada nueva línea de búsqueda tiene un costo que va mucho más allá de lo simbólico:
- Despliegues de cientos de agentes,
- Helicópteros, drones y embarcaciones durante semanas,
- Viáticos, combustibles, logística rural,
- Pericias repetidas, reconstrucciones innecesarias, análisis forenses duplicados o triplicados.
Todo eso debe hacerse porque la palabra que falta tiene que ser reemplazada por maquinaria estatal. Y la maquinaria estatal es costosa, lenta y obliga a usar recursos que deberían destinarse a seguridad, salud o educación.
Lo que una persona podría aclarar en minutos, el Estado debe investigarlo durante meses.
Silencio que erosiona instituciones
El daño no es solo económico. El silencio deliberado de quienes conocen información relevante - y deciden no aportarla - introduce ruido, falsifica rutas, contamina testimonios y obliga a los investigadores a caminar a ciegas.
Ese silencio:
- Desvía el trabajo de los fiscales,
- Desgasta al Poder Judicial,
- Confunde a la opinión pública,
- Fortalece la impunidad,
- Y dilata la verdad.
- La desaparición de un niño exige un Estado blindado contra la mentira.
- La falta de colaboración no es una rareza: es un acto de violencia institucional.
El costo humano: cada día que se calla es un día sin Loan
Ningún operativo puede compensar la angustia de una familia que espera.
Ningún rastrillaje puede sustituir la palabra que no se dice.
Ningún juez, por más profesional que sea, puede avanzar al ritmo necesario cuando quienes deberían aportar datos deciden callarse.
Y aquí la sociedad debe asumir una verdad incómoda:
Cada día sin hablar es un día más sin Loan.
No hay argumento jurídico ni estrategia defensiva que pueda justificar la prolongación del dolor de una familia que ya pagó demasiado.
El costo moral del silencio: un país que aprende que callar conviene
Quizás el daño más peligroso es el que se transmite de manera invisible: la enseñanza social de que "no hablar no tiene consecuencias".
Cuando el silencio se vuelve rentable, cuando quien calla evita complicaciones mientras el país entero paga las consecuencias, el mensaje institucional es devastador.
Se debilita la ética pública.
Se erosiona la confianza en la Justicia.
Se refuerza la idea de impunidad.
Se instala la lógica perversa de que cooperar es para ingenuos.
Y esa es la primera grieta por la que se escurre la legalidad.
Lo que falta decir: la verdad siempre cuesta menos que la mentira
No es agradable señalar responsabilidades personales, pero a veces es necesario.
Buena parte del enorme desgaste investigativo que vive hoy la Justicia federal - traslados, operativos, re-pericias, reconstrucciones y rastrillajes sucesivos - responde al silencio elegido por quienes tenían la obligación moral de hablar.
No se trata de culpabilizar.
Se trata de describir.
Y lo cierto es que:
El Estado paga por cada desvío.
La sociedad paga por cada contradicción.
La familia de Loan paga por cada día de silencio.
En un país donde los recursos son escasos y la justicia suele ser lenta, el silencio de un testigo no es una simple omisión: es un costo colectivo.
Porque la verdad duele, sí.
Pero la mentira y el silencio duelen más.
Y siempre salen más caros.
* Abogado de la querella familiar en el Caso Loan.
HB
