La Coalición Cívica denunció la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a la Administradora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, por los delitos de "encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública".
La acusación contra la titular de AFIP es por el desistimiento de la querella en la causa en la que se investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y al ex administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Etchegaray.
Dicha denuncia describe las relaciones económicas de le Vicepresidente de la nación con el empresario Cristóbal López y cómo fue orquestado el plan de impunidad de los empresarios denunciados. En primer lugar el gobierno nacional, en el año 2020, envío una ley de moratoria inédita a la medida de Oil Combustibles.
Una semana antes, el empresario Fabián De Sousa había estado en Olivos. Luego la empresa se adhirió a ese régimen. Y finalmente, un año después de la moratoria propuesta por el gobierno nacional, la AFIP, a través de Marcó Del Pont, desiste de la querella basándose entre otros fundamentos, a la adhesión a la moratoria que el propio gobierno propuso.
La denuncia da cuenta de las relaciones históricas entre Cristina Kirchner y Cristóbal López, a través de Romina Mercado y la empresa Inversora M&S, de Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria y la empresa IDEA S.A., y de Alberto Oscar Leiva a tráves de las empresas CPC y Agosto S.A.. Asimismo la denuncia da cuenta de los conflictos de interés del presidente de la Nación Alberto Fernández, quien asesoró a autoridades del grupo Indalo antes de llegar a la Presidencia.
El planteo judicial fue presentado por los diputados nacionales Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade en un texto de 30 hojas.
Allí destacan "una vinculación política y de negocios" entre la entonces Presidenta y el empresario de carteras petroleras y mediáticas, además de citar investigaciones que varios medios llevaron adelante, entre ellos PERFIL. En un pasaje de la denuncia, se indica que "la sobrina de la vicepresidente de la nación e hija de la actual gobernadora de Santa Cruz, era empleada de Cristóbal López".
La acusación contra Alberto Fernández
Según se detalla en la denuncia, seis días después de la asunción de Fernández como presidente, Juan Manuel López realizó una presentación en la Oficina Anticorrupción (OA) para que el mandatario entrante presentara una "Declaración jurada de intereses" que de cuenta de su cartera de clientes de los últimos tres años como abogado.
Todo surgió de declaraciones anteriores del jefe de estado donde aseguraba que durante el año 2012 había sido asesor legal de Repsol YPF.
En la denuncia se aclara que "también fue de público conocimiento que en el marco una causa judicial seguida contra Oil Combustibles, se halló una factura emitida por el ahora Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Si bien el Dr. Fernández aclaró oportunamente que "fue librada por error, anulada y consecuentemente jamás cobrada", también expresó que "asesora" a "las actuales autoridades" del Grupo Indalo".
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, también está apuntado en la acusación por el supuesto percibimiento de honorarios de Cristóbal López en la causa donde defiende a la Vicepresidenta.
Por ello, los diputados del CC-ARI marcan la asistencia tanto del letrado como de Fabián De Sousa a la Quinta de Olivos días antes de que se aprobara la ley que beneficia a la empresa petrolera por las deudas con el estado argentino.
Mercedes Marcó del Pont, en la mira
Los diputados acusan a la titular de la AFIP de correrse de la acusación en contra de los empresarios para favorecer su impunidad.
Por ello, destacan que la funcionaria "desistió ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini, de la querella en la que actuaba como parte en el marco de la causa en la que se investigaba la posible defraudación al estado nacional por parte del ex titular de la AFIP Ricardo Etchegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa".
Sobre el final de la denuncia, los diputados remarcan "una promiscuidad política comercial impúdica que debe ser necesariamente investigada" por los magistrados donde destacan abuso de autoridad, tráfico de influencias), negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.
GI/FL
