El gobierno nacional se encuentra ultimando detalles para comenzar con el doble operativo de auditorías del plan social Potenciar Trabajo, que encabeza el ministerio de Desarrollo Social y que contará con la participación de las universidades.
A tal fin, el titular de esa cartera, Juan Zabaleta, recibió en la tarde del viernes a los intendentes del conurbano bonaerense, tanto del oficialismo como de la oposición, para terminar de organizar el esquema que incluirá tareas de control y relevamiento.
Participaron de la misma los jefes locales que responden a la primera y tercera sección electoral. La reunión también buscó aceitar las relaciones con los jefes distritales, que demandan el traspaso del control de los planes sociales a las arcas municipales, lo que genera tensión con las organizaciones sociales que manejan los planes en gran proporción.
A partir del trabajo de campo, cuyo comienzo está pautado para el próximo lunes, el gobierno conocerá qué contraprestación realiza el beneficiario del plan social, es decir, "la actividad socio comunitaria de la que toma parte", en palabras del ministro Zabaleta.
El operativo de control del Potenciar Trabajo
"El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no la cumpla, recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente", puntualizó al asumir su cargo el superministro de Economía, Sergio Massa, consciente del termómetro social respecto a los planes sociales.
Según conoció PERFIL, el gobierno implementará un doble control, tanto sobre los beneficiarios como de las unidades a cargo de controlar la efectividad de la política pública. Por un lado, incluirá el control y relevamiento de las contraprestaciones de las personas que cobran los planes sociales en el territorio, una tarea que no pudo iniciarse por la irrupción de la pandemia de coronavirus días después de la creación del Potenciar Trabajo, que unificó los planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.
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"Vamos a auditar con dos ejes: cuidar al beneficiario y, como gobierno y como Estado, seguir generando y ampliando derechos", destacó el ministro Zabaleta, quien explicó además que el objetivo de la medida es averiguar en qué unidad de gestión trabaja cada beneficiario y de qué modo el estado "sostiene la actividad socio comunitaria de la que toma parte".
El otro eje de las auditoría será el relevamiento de las tareas de las unidades de gestión gubernamentales y no gubernamentales, como oenegés y organizaciones sociales, encargadas de monitorear el plan social y elevar los casos de incumplimiento. En tanto, la emergencia sanitaria fue el principal obstáculo de las tareas de control que estaban previstas desde un primer momento, indicaron fuentes de Desarrollo Social a PERFIL.
El operativo comenzará en Tucumán y se desplegará en todo el territorio para cubrir a las 1,3 millones de personas que perciben el plan social, según el último registro disponible (de diciembre de 2021). A los efectivos del estado y las unidades de gestión se sumarán las universidades nacionales, luego del convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el de Educación a fines de julio.
Las críticas de las organizaciones sociales
El foco de críticas al inicio de los controles al plan Potenciar Trabajo (demorados dos años por la pandemia, está en las organizaciones sociales, que sirven de unidad de gestión y están a cargo de gran parte de los beneficiarios. El malestar se vio reflejado durante la tradicional marcha de San Cayetano de la semana pasada, incluso entre las organizaciones afines al gobierno nacional.
"Se pusieron de acuerdo y ahora tenemos nuevo ministro de Economía. Que nos vengan a auditar de las universidades, van a terminar militando con nosotros", advirtió Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular.
Además, no cayó bien el traspaso de la mayor parte del control de los planes sociales a las intendencias, algo que exigió incluso Cristina Kirchner. "Debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir terciarizadas. Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? El Estado debe recuperar ese rol y transparentar ante la opinión pública todo esto", consignó la vicepresidenta en el acto por el Día de la Bandera en Avellaneda, provocando el enojo de los sectores sociales afines al Frente de Todos.
