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DENUNCIA OFICIALISTA

Imputaron a Marcos Peña y Jorge Faurie por el envío de armas a Bolivia en 2019

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó a los exfuncionarios del gobierno de Macri por "supuesta participación" en el envío de material represivo.

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El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie (Canciller) por "supuesta participación" en el envío de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019. El fiscal imputó, además, al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

La causa se originó en julio, cuando el canciller boliviano Rogelio Mayta denunció que el gobierno de Mauricio Macri  envió a las fuerzas armadas de ese país municiones antidisturbios y también gases lacrimógenos para reprimir protestas de los seguidores de Evo Morales. El 16 de julio, el gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri y varios de sus ministros por contrabando agravado de las municiones, un delito que contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión.

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El gobierno de Alberto Fernández presentó pruebas de la reunión de Marcos Peña con Patricia Bullirich y el jefe de Gendarmería para organizar "la maniobra de contrabando del material bélico que fue entregado por las fuerzas nacionales a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019"

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La imputación de Peña, Faurie y Pompeo ocurre después de una nueva presentación de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quienes señalaron la existencia de dos reuniones celebradas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada.

En la primera de las reuniones, el entonces presidente Macri se habría reunido en privado con Faurie, quien tras el encuentro habría suscripto una “sospechosa nota, hasta ahora desconocida” mediante la cual solicitaba -por fuera del sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales-, el envío de personal de la Gendarmería Nacional a Bolivia, con el supuesto fin de defender la embajada argentina en ese país, la cual estaba a cargo del entonces embajador Normando Álvarez García.

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Jorge Faurie, ex canciller macrista, es uno de los imputados por "supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico" a Bolivia.

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Los funcionarios del actual gobierno agregaron la existencia de una segunda reunión celebrada en el despacho del entonces jefe de Gabinete a la que asistieron la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex jefe de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero -entre otros-, y que en aquellos encuentros se habría ordenado y organizado la maniobra de contrabando del material bélico que fue entregado por las fuerzas nacionales a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019.

"Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, al canciller, Jorge Faurie, y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo en cuanto a una supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico antes aludido, al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero", dijo el fiscal.

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La causa se originó en julio, cuando el canciller boliviano Rogelio Mayta denunció que el gobierno de Mauricio Macri  envió a las fuerzas armadas de ese país municiones antidisturbios y también gases lacrimógenos para reprimir protestas de los seguidores de Evo Morales. 

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Según fuentes judiciales, Navas agregó que, dado que los hechos descriptos en sus dictámenes anteriores son los mismos, pero que ahora se revelarían con más detalle y nuevas pruebas, "la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente". También estimó que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.

ds