La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó en lo que va del año un total de 632.982 metros cuadrados construidos que estaban sin declarar ante el fisco. La información se logró mediante operativos de fiscalización satelital y presencial en 114 urbanizaciones cerradas.
El organismo de control precisó que las acciones se desarrollaron en barrios cerrados, clubes de campo y countries de la región metropolitana de Buenos Aires, donde se concentran más de mitad de las urbanizaciones cerradas de la provincia. Las irregularidades catastrales encontradas fueron la construcción de nuevas viviendas, remodelaciones o ampliaciones y piscinas, que los propietarios omitieron declarar.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que los dueños de estos inmuebles “evadían, parcial o totalmente, el pago del Impuesto Inmobiliario generando un perjuicio millonario al estado provincial”. Además sostuvo que a partir de la tecnología satelital y el intercambio de información catastral con los municipios, están fortaleciendo las fiscalizaciones para lograr que cada persona pague en función de su capacidad contributiva real.
El funcionario del ente recaudador de la provincia de Buenos Aires agregó que “muchos countries albergan casas de lujo que tributan como baldíos o terrenos rurales" y argumentó que por esa razón se focalizan en esos casos, para detectarlos, intimar a los propietarios y regularizar la situación.
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“Las construcciones detectadas sin declarar equivalen a casi 10.500 viviendas modelo del Plan Procrear”, comparó Girard y señaló que “para poder vivir en una sociedad más equitativa, con mejor infraestructura y servicios públicos, es fundamental que quienes tienen poder adquisitivo paguen los impuestos que les corresponden”.
En ese marco, la última semana la Agencia detectó 96.738 metros cuadrados sin declarar en un reconocido country de la localidad de Pilar, que está constituido por 13 barrios cerrados. Allí se encontraron 412 viviendas y 240 piletas que no tributaban ante el fisco. La omisión representa casi $12 millones.
Los controles se realizaron mediante el procesamiento de imágenes satelitales, información catastral y operativos presenciales, y los propietarios de los inmuebles en infracción recibieron las notificaciones sobre metros detectados y multas para que regularicen su situación. También se dio aviso a los responsables de la administración del country.
