El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez adhirieron hoy al pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para remover al fiscal de juicio Diego Luciani y a uno de los jueces del Tribunal que la juzgan por fraude en la obra pública durante su gobierno.
Se trata del pedido de Cristina Kirchner para remover al fiscal Diego Luciani y al presidente del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu tras revelar que ambos jugaron al fútbol en la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri.
Además, se sacaron fotos junto al intendente de Cambiemos de San Miguel y alguien muy vinculado al actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Al reanudarse la audiencia, el secretario del Tribunal informó que las defensas de De Vido y Báez, así como Nelson Periotti de Vialidad Nacional, se sumaron al pedido de la vicepresidenta.
A su vez, se prevé que la defensa del exsecretario de Obras Públicas, José López, también presente una recusación. Tras la presentación de todos los planteos se espera que el fiscal Luciani, tal cual lo pidió, conteste a los planteos uno por uno.
Al respecto, Carlos Claá, el periodista que investigó la vida de Luciani, adelantó que la foto, a partir de la que se cuestiona al fiscal, es previa al proceso en el cual se investiga a la vicepresidenta.
Sin embargo, hasta el momento, el fiscal tomó la palabra en la audiencia y omitió pronunciarse al respecto de las recusaciones. Por su parte, procedió directamente a la causa y enfatizó en que "lo que se está exponiendo es gravísimo".
"Analizamos cada uno de los expedientes y nos sorprendimos con estos abusos de poder, que no son ni más ni menos que abusos de poder que se hicieron para beneficiar a Lázaro Báez", sostuvo Luciani.
En este sentido, insistió: "Todo es una apariencia, plagada de irregularidades, arbitrariedades y abuso de poder".
Después de una larga exposición de las pruebas que reflejaban los sobreprecios con los que se beneficiaba a la compañía de Báez, Luciani sostuvo que "cuando no se encontraba un precio de referencia, les daban el que ofertaba la empresa, ¡o superiores!".
"Intempestivamente, sin dar mayores exposiciones, la perita de la defensa dejó de lado todos los costos del transporte", remarcó el fiscal. Un rato antes, había repasado la declaración que dio en mayo de este año ante el tribunal donde no había precisiones sobre los precios de los trabajos.
Sobre el trabajo de la perita de la defensa señaló que trabajó con "una bibliografía de dudosa rigurosidad académica", para referir a un trabajo que había realizado estudiantes. "Evidenció un grado de desorientación tal, que, por ejemplo, no fue capaz de evacuar una consulta fundamental: si sabía que un sobre computo podía devenir en un sobre precios. Nos dijo 'desconozco'", enfatizó Luciani.
"A todas estas graves falencias, responden a las grandes diferencias que se presentan en el dictamen que presentaron. Con todo esto, entiende que el dictamen de la defensa carece de la rigurosidad pretendida", remarcó.
Luciani contra la UIF
En otro momento de su alegato, Luciani se refirió a la Unidad de Información Financiera (UIF). "Es la primera vez que me veo obligado a designar tiempo a abordar uno de los planteos realizados por una parte como la acusadora", introdujo, y remarcó: "Hemos visto que la UIF se ha imitado a valorar de manera asilada solo tres elementos probatorios, omitiendo considerar cientos de pruebas"
"Los representantes de la UIF solo pronunciaron tan solo en uno de los cinco puntos del peritaje y luego tomaron partes asiladas. En eso consideró el trabajo de la UIF en años de juicios", afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Exposición de Sergio Mola
El fiscal Sergio Mola le dio inicio a los alegatos en esta quinta audiencia y volvió a hacer énfasis en las modificaciones de obras aplicadas en 39 contratos otorgados a Lázaro Báez. "Las modificaciones de obras fueron un modus operandi para prolongar en el tiempo obras y migrar fondos millonarios a Báez", señaló.
En esta oportunidad, la fiscalía volvió a hacer hincapié en las modificaciones de obra y en los montos millonarios junto a los meses de prórroga que recibieron las empresas de Báez.
“Las modificaciones implicaron prórrogas mayores a lo que preveía el contrato original que debía llevar el trabajo”, detalló Mola.
En particular, el fiscal presentó un caso a modo de ejemplo, el de la obra de Circunvalación Caleta Olivia, la cual significó el monto de 8 millones de dólares, donde se solicitó una modificación de obra que no había sido aprobada.
“Transcurrieron 133 meses y solo tuvo un avance del 43 por ciento. Además esta obra fue periciada y se detectaron sobreprecios, y fue abandonada por el contratista", precisó Mola. "Es increíble el daño que se hizo en este caso y en todos los demás al erario público”, añadió.
Por otra parte, se refirió a la falta de control que acusan de parte de las autoridades y habló de “aparentes justificaciones con la connivencia de funcionarios corruptos”.
"Cualquier administración sana hubiera impedido este abuso de autoridad, esta mala administración de fondos públicos, pero como estamos ante organismos parasitados todos miraron al costado durante doce años”, sostuvo Mola.
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