Nicaragua celebra este domingo unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos o exiliados, se apresta a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, bajo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca.
El mandatario aseguró que las elecciones en su país han "desafiado" a sus opositores, a quienes acusó de promover "el terrorismo" y conspirar contra la paz. "Este día (estamos) desafiando a los que promueven el terrorismo, financian la guerra, a los que sembraron el terror", dijo tras emitir su voto, aludiendo a quienes participaron en las manifestaciones de 2018 que pedían su salida.
En un acto en la Casa de los Pueblos en Managua, Ortega aseguró que sus opositores "son demonios que no quieren la paz, la tranquilidad para nuestro país y que optan por la violencia, la descalificación, las calumnias, las campañas para que Nicaragua se vea de nuevo envuelta en enfrentamientos violentos, en guerra".
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Aseguró que los siete aspirantes a la presidencia de la oposición, acusados por la Fiscalía, en manos del oficialismo, de conspiración, traición a la patria y lavado de dinero, entre otros delitos, y finalmente detenidos "estaban conspirando, no querían que se realizaran estas elecciones, por lo tanto estas elecciones son gracias a Dios una señal, un compromiso de la inmensa mayoría de los nicaragüenses de votar por la paz".
Según el mandatario, los opositores "les vendieron el alma al imperio hace rato y viven de rodillas pidiendo agresiones contra Nicaragua". "Pensaban ellos que de esa manera iban a tomar el poder", les recriminó. Ortega consideró que en estos comicios había que decidir "por el terrorismo, la confrontación o la paz". "Ahí está el voto, el voto no mata a nadie", subrayó.
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Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo (70), a quien llama “copresidenta”, a la cabeza del ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
En las calles nadie lo duda. Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.
La arremetida desató el temor en el empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes. “No hay por quién votar. Daniel tiene esto en la bolsa”, dice una mujer de 46 años en su casa en Masaya, en el sur del país. “No se puede hablar, vas preso”, agrega.
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Unos 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar -también elegirán 90 diputados-, y según un sondeo de Cid-Gallup el 65% habría votado por un opositor y 19% por Ortega, aunque la encuestadora progobierno M&R afirma que un 70,7% votará por el FSLN.
De los aspirantes de la oposición, la favorita era Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997) y bajo arresto domiciliario.
Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.
Más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son presos políticos, sino “golpistas” patrocinados por Washington.
Arsenal de sanciones. La oleada de arrestos tensó las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) -que sancionaron a familiares y allegados de Ortega-, pero también con gobiernos latinoamericanos, como México y Argentina.
El Congreso estadounidense aprobó el miércoles la ley “Renacer”, un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Ortega y Murillo, acusándolos de corrupción, violar derechos humanos y no permitir elecciones “libres”.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que las elecciones serán “ilegítimas” y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo buscan “la perpetuación en el poder en forma indefinida”.
Ortega, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a la UE de “injerencia”: “Están acostumbrados a no respetar las soberanías de los pueblos, pero tendrán que aprender”, afirma y asegura que con “paz” llegará la prosperidad, augura un crecimiento económico del 6% este año y pretende convocar a un diálogo tras los comicios.
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Para el analista Eliseo Núñez, el diálogo es “estrategia para buscar la legitimidad que no ganó en las urnas” y la experta en gobernabilidad, Elvira Cuadra, augura con el aislamiento un deterioro social y más emigración. Ambos están exiliados.
El politólogo costarricense Kevin Casas cree que, “igual que con Venezuela”, difícilmente la comunidad internacional podrá maniobrar para cambiar -dijo- la “autocracia” que ha construido Ortega desde que volvió al poder en 2007, instaurando la reelección indefinida.
Polarización. El ex guerrillero ya había gobernado en los años 1980 tras ayudar a derrocar al dictador Anastasio Somoza. Sus opositores lo acusan de convertirse en lo mismo, mientras él llama a su gobierno “Pueblo-presidente”.
“El comandante se preocupa por el pueblo porque andábamos como sardinas en chunches viejos (buses)”, dice Jorge García, empleado público de 47 años, celebrando la puesta en circulación de autobuses rusos.
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Mientras el gobierno multiplica la inauguración de puentes y carreteras, la oposición, desde el exilio, descabezada y fragmentada, pide a los nicaragüenses “quedarse en casa”. En San José, Miami, Madrid y otras ciudades harán protestas este domingo.
“Por quienes queríamos votar están presos, entonces ¿para qué ir? Esto es una dictadura”, afirma Cipriano Góngora, de 70 años, quien tuvo a su hijo preso por ayudar como enfermero a manifestantes en 2018.
Afectados por la pandemia, el costo de vida, el desempleo y la crisis política, los nicaragüenses muestran apatía electoral. “Aquí la pobreza reina. Si no trabajo no como”, dice Eduardo González, de 76 años, vendedor de espejos ambulante en Masaya.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, hay un “Estado policial” para el “control social de la población” y la “represión de opositores”.
Decenas de periodistas nicaragüenses trabajan desde Costa Rica y varios medios internacionales denunciaron que les negaron ingresar al país.
Más de 30.000 policías y militares resguardarán 13.459 mesas electorales que abrirán a las siete de la mañana y cerrarán 11 horas después. El gobierno no aceptó observación internacional, solo “acompañantes invitados”. El resultado se sabrá la misma noche.
Para la ONU, en el país hay “falta de garantías, derechos y libertades”
Agencias
Las elecciones presidenciales convocadas este domingo 7 de noviembre en las que el presidente, Daniel Ortega, prevé renovar su mandato, se celebran con “falta de garantías y libertades”, afirmó la ONU, que pidió al Ejecutivo que se “restablezca el Estado de Derecho y se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central subrayaron que “vienen observando” un incremento de la represión y de las “afectaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del proceso electoral”.
En este contexto, ambas agencias instaron reiteradamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, a la vez que señalaron que “resulta imperioso” restablecer los derechos y libertades.
También en referencia al marco electoral en el que tendrán lugar los comicios, destacaron la eliminación del pluralismo tras la cancelación de la personalidad jurídica de tres partidos políticos, junto con la detención arbitraria de siete precandidatos, más de 30 líderes sociales y políticos e incluso la descalificación de una candidata a vicepresidenta.
Asimismo, se mostraron preocupados ante la negativa de permitir la entrada a Nicaragua de varios periodistas extranjeros durante las últimas semanas, así como la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral y los ataques contra medios de comunicación y periodistas.
También en referencia a las restricciones de derechos, las agencias denunciaron los obstáculos a la libertad de asociación de la sociedad civil a través de diversas legislaciones, como la Ley de Agentes Extranjeros o la cancelación de la personalidad jurídica de 45 organizaciones civiles durante este año.
Frente a este contexto, ambos organismos han reiterado su llamamiento a las autoridades nicaragüenses a que restablezcan las condiciones que garanticen “unas elecciones libres y justas” basadas en “un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad”.
Para esto, consideran “imprescindible” que el Gobierno “restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil”.
AFP/SF
