Procesaron a los manifestantes que agredieron a Alberto Fernández en Chubut
Fueron acusados por daño agravado y estorbo a un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Ocurrió en Lago Puelo, en marzo pasado, durante la visita presidencial por los incendios forestales en la cordillera de Chubut.
Nueve manifestantes que agredieron al presidente Alberto Fernández en Chubut, durante su visita por los incendios en la Patagonia, fueron procesados y se les prohibió la salida del país.
La medida fue tomada por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, por considerar lo sucedido aquel 13 de marzo como un daño agravado y estorbo a un funcionario público en ejercicio de sus funciones. También dictó embargos, que van desde los 80 a los 500 mil pesos, a los imputados.
Los acusados "tuvieron intervención activa en el ataque realizado por varias personas que -en grupo- lanzaron golpes de puño, patadas y piedras contra la camioneta en la que el Presidente de la Nación y la comitiva de funcionarios que lo acompañaba se disponían a recorrer la zona afectada por los incendios forestales en la provincia del Chubut", dijo el magistrado en su resolución.
También mencionó que "es especialmente esclarecedora la filmación que registró el momento”, lo que “permitió observar la intervención que tomaron varias de las personas imputadas".
El hecho que da origen a esta decisión judicial se produjo el 13 de marzo cuando el primer mandatario y su comitiva estaban en la localidad de Lago Puelo y fueron agredidos por manifestantes que arrojaron piedras y golpearon los vidrios del vehículo presidencial. Esto ante la ausencia total de custodia. La vista estaba relacionada con los incendios forestales en la cordillera de Chubut, pero el incidente derivó en la suspensión de las actividades oficiales de ese día.
Concretamente ocurrió luego de que los funcionarios nacionales bajaran del avión que lo llevó a esa provincia del sur. Allí los manifestantes, con una bandera que decía "No al saqueo de la minería" y a los gritos de "El agua no se vende", mostraron su rechazo a los proyectos para rezonificar áreas cordilleranas para permitir las actividades de "megaminería".
Al respecto el magistrado aclaró que "las manifestaciones de protesta en la vía pública están protegidas por el derecho de reunión en tanto sean realizadas de manera pacífica".
mf / ds
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