Auditoría General: el acuerdo político que reavivó la interna entre el PRO y La Libertad Avanza

En diálogo con Canal E, el analista político, Gustavo Damián González, evaluó la polémica por las nuevas designaciones en la Auditoría General de la Nación y aseguró que se trató de un acuerdo político “cuestionable, pero no ilegal”.

La designación de nuevas autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobada durante las sesiones extraordinarias del 18 de diciembre, volvió a tensar la relación entre el PRO y el oficialismo libertario. El analista político explicó que el conflicto combina un debate legal con una fuerte disputa de poder en el Congreso. “La Auditoría General de la Nación es un órgano de control al Estado”, recordó, al subrayar la relevancia institucional del organismo.

Según González, el PRO, a través de Cristian Ritondo, presentó una acción de inconstitucionalidad al considerar que las designaciones no figuraban en el orden del día de las extraordinarias. Sin embargo, aclaró que el núcleo del problema no pasa por el acuerdo en sí. “Claramente hubo un acuerdo, pero esto no hay nada para objetar, porque el Parlamento es para hacer acuerdos”, sostuvo. En ese entendimiento, La Libertad Avanza impulsó a Rita Almada, Unión por la Patria a Juan Forlón y el gobernador salteño a Pamela Caletti.

El analista también apuntó a la forma en que se desarrolló la sesión, marcada por la improvisación. “La sesión fue un poco improvisada y desprolija”, afirmó, al relatar que incluso debió extenderse para permitir la llegada de una de las designadas al recinto. Esa desprolijidad es, a su entender, el principal argumento del reclamo opositor.

Un reclamo legal con trasfondo político

González diferenció con claridad lo jurídico de lo político. “Los acuerdos son justamente parte del proceso parlamentario”, señaló, y remarcó que el Poder Judicial difícilmente avance sobre este tipo de decisiones. En esa línea, anticipó que la presentación del PRO probablemente sea desestimada. “Esto es un acuerdo político, y si los acuerdos políticos se llevan a cabo en el Parlamento, el Poder Judicial difícilmente se meta”, explicó.

Para el analista, el enojo del PRO responde a haber quedado afuera de una negociación clave. “Lo que está diciendo el PRO nos dejaron afuera”, resumió, y vinculó el malestar con el discurso del Gobierno contra la “casta”, que contrasta con el entendimiento alcanzado con el kirchnerismo. El faltante en el orden del día, dijo, fue el límite que llevó al PRO a abandonar el recinto.
Lo que viene: febrero y nuevas negociaciones

De cara al futuro, González anticipó una continuidad del diálogo político. “Todo pareciera que sí”, respondió al ser consultado sobre una nueva etapa de sesiones extraordinarias en febrero. Enumeró una extensa agenda pendiente: designaciones en la Corte Suprema, más de 200 cargos judiciales vacantes, el Defensor del Pueblo y reformas laborales.

En ese contexto, consideró que lo ocurrido en la AGN puede ser el primer paso de un proceso más amplio. “Yo diría que es un inicio de diálogo entre los dos bloques más importantes”, afirmó, aunque advirtió que el avance dependerá de cuánto estén dispuestos a ceder tanto el oficialismo como el peronismo.