Reforma constitucional

Daniel Noboa convoca a consulta popular para una Asamblea Constituyente en Ecuador

El presidente firmó dos decretos que habilitan el debate sobre bases militares extranjeras y una nueva Constitución, abriendo un fuerte choque con la Corte Constitucional.

Daniel Noboa convoca a consulta popular para una Asamblea Constituyente en Ecuador (CEDOC)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó los Decretos Ejecutivos 147 y 148 para convocar a la ciudadanía a un referéndum y a una consulta popular. Las preguntas planteadas abordan dos temas clave: la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Bases militares extranjeras en debate

El Decreto 147 consulta a los ecuatorianos si debe eliminarse la prohibición de instalar bases o instalaciones militares extranjeras en el país. La medida implicaría modificar el artículo 5 de la Constitución, que define a Ecuador como “territorio de paz” y actualmente prohíbe este tipo de acuerdos. De aprobarse, se abriría la puerta a nuevas alianzas militares.

Convocatoria a una Asamblea Constituyente

El Decreto 148 plantea la creación de una Asamblea Constituyente cuyos integrantes serían elegidos por voto popular. El mandato será redactar una nueva Constitución que entrará en vigencia solo si es aprobada posteriormente en referéndum. De este modo, se establece una doble votación: la que habilita la Constituyente y la que valida el nuevo texto.

El papel de la Corte Constitucional

La decisión de Noboa genera un fuerte debate jurídico. Según la práctica reciente, toda consulta popular requiere ser calificada por la Corte Constitucional. Sin embargo, el mandatario sostiene que el artículo 444 de la Carta Magna le otorga la facultad directa de convocar sin necesidad de ese aval. El Ejecutivo advierte que ningún órgano del Estado puede añadir requisitos adicionales al proceso.

Un antecedente polémico

El planteo de Noboa contrasta con precedentes como el de Rafael Correa en 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia avaló su convocatoria. Para críticos, el presidente se estaría “saltando” los controles constitucionales; para sus defensores, se trata de un acto de democracia directa que devuelve al pueblo las decisiones fundamentales.

Próximos pasos y reacciones

El Consejo Nacional Electoral deberá organizar el proceso, diseñar la papeleta y garantizar la logística del referéndum. Mientras tanto, la clase política se divide: aliados del Ejecutivo ven en la iniciativa una oportunidad para redefinir el Estado, mientras que la oposición alerta sobre un precedente riesgoso que debilita a la Corte Constitucional.