Para un experto, los impuestos que propone el G20 "van a parar a manos de los políticos para enriquecerse"

El G20 puso sobre la mesa la controversial propuesta de cobrar impuestos a las grandes corporaciones para combatir el hambre, una medida que podría cambiar la dinámica económica mundial y redistribuir recursos hacia los más necesitados.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista política Alejandro Mansilla quien expresó, en primer lugar, que en la reciente cumbre del G20, “Lula da Silva se destacó como un gran anfitrión, ejerciendo un liderazgo clave tanto en el ámbito interno de Brasil como en el contexto geopolítico global”. 

En qué consiste el impuesto al hambre que propuso Lula

Según el entrevistado, uno de los puntos más controversiales de la reunión fue la propuesta de imponer un impuesto del 2% a los multimillonarios del mundo, con el objetivo de recaudar aproximadamente 250.000 millones de dólares al año. 

“Esta cifra se destinaría a abordar la pobreza y el hambre en diversas regiones, especialmente en África, Asia y algunas partes de América Latina, donde la inseguridad alimentaria es un problema crítico”, argumentó Mansilla y mencionó que la idea generó atención mediática y encendió el debate sobre la redistribución de la riqueza a nivel global.

En continuidad con el tema, el entrevistado sostuvo que aunque la propuesta tiene una carga simbólica importante, ya que busca movilizar recursos para combatir necesidades básicas, se enfrenta a desafíos significativos porque “los millonarios ya contribuyen a través de impuestos anuales, que son destinados a financiar diversos programas sociales en sus países”. Sin embargo, “Esos impuestos van a parar a manos de los políticos para enriquecerse y eso es lo que hace también que el hambre crezca”.

Cuál es la problemática de estos aranceles

Para Mansilla, el problema del hambre, de hecho, no es una cuestión natural, sino “una consecuencia directa de la mala distribución de los recursos” y aunque los impuestos podrían generar fondos importantes, “la falta de control sobre cómo se distribuyen esos fondos a nivel local y la corrupción en los gobiernos son barreras que dificultan la solución real a esta problemática”.

Al finalizar, Mansilla dijo: “En muchos casos, el dinero destinado a combatir la pobreza se desvía, lo que perpetúa las desigualdades y retrasa el progreso hacia una distribución más justa”.