INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Abren sumario a la fiscal Daniela Maluf por filtrar examen judicial

La titular de la Fiscalía Subrogante es investigada por la sospecha de que intentó beneficiar a empleados en una prueba de concurso. El caso se suma a la polémica que sacude los procesos de selección en la Justicia.

La fiscal Daniela Maluf es centro de dos investigaciones, una penal y otra administrativa, por presunta filtración de un examen en un concurso judicial. Foto: Cedoc Perfil

La oficina de Sumarios Administrativos que depende del Tribunal Superior de Justicia abrió formalmente una investigación a la fiscal Subrogante de la ciudad de Córdoba, Daniela Maluf. Procura desentrañar su eventual responsabilidad en la filtración de un examen o de su contenido en el marco de un concurso judicial para promover ascensos de funcionarios en fiscalías especiales.

La etapa previa a la imputación administrativa se abrió de oficio a partir de una publicación de Perfil CÓRDOBA respecto al allanamiento que había ordenado el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, a fines de abril de este año. El dato se conoció días después y este medio lo publicó el 5 de mayo.

El concurso bajo observación es el número 359 del Ministerio Público Fiscal. Se realizó el año pasado para los cargos de secretarios y prosecretarios de Fiscalías Penal Económica, Cibercrimen, Casos Complejos y la Subrogante. 

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¿Cómo sigue el proceso?

La magistrada -que integró el Tribunal Examinador del concurso bajo sospecha- tiene que designar abogado defensor para el proceso administrativo. Asumirá la tarea Manuel Calderón Meynier. Además, tiene siete días hábiles para presentar un descargo ante Sumarios.

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En paralelo, causa penal

A la par del sumario administrativo, hay un expediente penal en trámite a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Hasta hoy esa causa no tiene imputaciones.

La defensa de Maluf recusó al fiscal por considerar que carece de objetividad porque un familiar suyo participó del mismo concurso cuestionado. Sin embargo, el fiscal rechazó apartarse. El incidente espera una resolución del Juzgado de Control.

Mientras tanto, hay una serie de decisiones y planteos respecto a quién y con qué amplitud o límites se abrirán los teléfonos secuestrados durante el allanamiento al despacho de Maluf, realizado en abril. Son dispositivos de la fiscal y de tres empleados subordinados a ella, que se encuentran bajo custodia, pero todavía no se abrieron para analizar si su contenido puede aportar alguna prueba para la causa.

Siguen los escándalos por irregularidades en concursos

No es el único caso de sospechas de filtración de contenidos en concursos judiciales. El defensor público, Eduardo Caeiro, fue imputado penalmente junto a cuatro empleadas de tribunales a las que habría entregado las respuestas de un examen antes de que se produjera. Su situación también se analiza en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El organismo resolverá en los próximos días si abre el proceso de destitución o archiva las dos denuncias en contra del asesor letrado.