Amplían la UCA y el viejo CPA será una residencia para mujeres aprehendidas

El hacinamiento en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) , de barrio Güemes, comienza a ver una salida a cuatro meses del hábeas corpus colectivo instado por la oficina de Derechos Humanos del TSJ, a cargo de Wilfrido Pérez.

El expediente está a cargo de la jueza de Control N° 9, Celeste Ferreyra. Hasta ahora, la magistrada no emitió ninguna resolución. Su objetivo es lograr cambios efectivos para solucionar la sobrepoblación en el centro, que es la puerta de ingreso de las personas aprehendidas al sistema penitenciario. 

El hacinamiento afecta los derechos elementales de los presos y son un caldo de cultivo para motines, protestas y sublevaciones carcelarias. La UCA, con capacidad para 602 personas, llegó a tener 1.800 alojados. 

Desde que intervino la jueza Ferreyra, los detenidos por orden de fiscales del interior fueron enviados a cárceles de sus ciudades. Con esos traslados y otras medidas se logró disminuir la población. Hoy es de 1.000 personas.

A partir del hábeas corpus, además, se aprobó la ley de emergencia carcelaria y el gobernador Martín Llaryora anunció inmediatamente la construcción de dos módulos en el complejo de Bouwer: una nueva unidad para aprehendidos para 520 personas y un Centro de Máxima Seguridad (Cemax).

Dos estructuras con inminente inicio de obras 

En el patio de la UCA actual, se incorporarán dos construcciones modulares. Cada módulo alojará a 300 personas, que se suma a los 602 lugares que tiene actualmente.  Esperan que estén listos para fin de año.

Pero, además, el viejo CPA –cerrado para atención de pacientes– entrará en obra para permitir el alojamiento de 100 internas. Será la UCA para mujeres. Estiman que, a partir de la apertura de la subasta electrónica, las obras puedan ejecutarse en un plazo de 100 días. 

Se pasará de una capacidad de 602 personas a 1.300 en total.

Entre los proyectos también está el de reforzar la presencia de defensores públicos en la UCA. Junto a las dos nuevas construcciones modulares, se dispondrán espacios para cinco computadoras, para que las personas aprehendidas puedan tener una comunicación más inmediata y ágil con sus abogados, a través de videollamada.

Eso contribuirá a gestionar la definición de su situación procesal: si recuperan la libertad o les dictan la prisión preventiva y se las traslada a Bouwer.