Bancor achica y la política reacciona: la UCR exige al gobierno de LLaryora que frene el retiro de cajeros en el interior

El repliegue territorial del Banco de Córdoba encendió alarmas en la oposición radical y abrió un frente político que empieza a tensionar con el Poder Ejecutivo. La bancada de la UCR recogió el malestar que ya se expresa entre intendentes y jefes comunales del interior. La entidad bancaria defendió el achicamiento sobre la base de la rentabilidad, pero señaló que no se deja sin servicios.

El bloque de legisladores radicales aseguró que el reclamo no es aislado ni circunstancial: se repite en distintos puntos de la provincia y tiene como eje el cierre de extensiones de mostrador y el retiro de cajeros automáticos en localidades donde el banco oficial es la única presencia financiera.

En ese contexto, los radicales Matías Gvozdenovich y Alfredo Nigro ingresaron pedidos de informes para exigir explicaciones formales. Apuntan al cierre de sucursales, extensiones de mostrador y al retiro de cajeros automáticos en pueblos sin alternativas financieras, una medida que -advierten- golpea de lleno a jubilados, pensionados y sectores con menor acceso a la banca digital.

Ambas iniciativas comparten un mismo diagnóstico. Para la oposición, el Banco de Córdoba está reduciendo su presencia territorial y trasladando costos y consecuencias a municipios y usuarios. En conjunto, los proyectos describen una estrategia de “ajuste” que amenaza con reconfigurar el rol histórico de Bancor como herramienta de inclusión financiera.

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En su planteo, Gvozdenovich requirió que el Ejecutivo detalle cuántas sucursales planea cerrar el banco entre 2026 y 2027, cuántas extensiones de mostrador desaparecerán y cuántas localidades podrían quedarse sin cajeros automáticos.

El jefe del bloque radical sostuvo que el banco avanza en una estrategia de reducción de su extensión territorial para recuperar rentabilidad. Según advirtió, ese camino pone en riesgo uno de los principales diferenciales históricos de Bancor: su capilaridad en el interior provincial.

El banco cuenta con cerca de 900 cajeros y “planearía deshacerse de gran parte de ellos”, con la intención de que “queden menos de la mitad de las delegaciones actuales”, cuestionó el opositor de la UCR.

A cargo de los municipios

En la misma línea, Nigro reclamó una intervención directa del Poder Ejecutivo. El legislador pidió frenar el retiro de cajeros en localidades donde no existen sucursales y cuestionó con dureza la “presión” del banco sobre los gobiernos locales para que asuman los costos de mantenimiento.

En su queja, el departamental de General San Martín advirtió que a los intendentes se les pide hacerse cargo de “un gasto que supera los 1.700 dólares mensuales”. Para la oposición, esa exigencia resulta “abusiva” y desnaturaliza el rol que debería cumplir una entidad financiera provincial.

El impacto social es otro de los ejes del planteo opositor. Ambos parlamentarios aseveraron que los jubilados y pensionados son los principales perjudicados, al verse obligados a trasladarse varios kilómetros para retirar efectivo, en localidades donde el cajero automático sigue siendo “un servicio esencial”.

En los fundamentos de su iniciativa, Nigro demandó que el Ejecutivo intervenga para frenar el retiro de cajeros automáticos en localidades sin sucursales y, si la medida avanza, que sea la Provincia —y no los municipios— la que asuma los costos. El parlamentario advirtió que el cierre comenzaría a aplicarse desde el 1 de marzo de 2026.

Su par de bancada, Mauricio Jaimes, endureció la crítica. “Vuelan los cajeros automáticos de Bancor de los pueblos del interior, salvo que los mantengan los municipios, con costos cercanos a los 2 mil dólares por mes (energía, local y mantenimiento). Este peronismo que gobierna Córdoba no va más”, fustigó y adelantó que unos 20 legisladores presentarán “un rechazo rotundo a esta medida” en la Unicameral.

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Posición del Bancor

Desde el Banco de Córdoba, la respuesta fue clara. Claudio Monetto, director comercial y de canales de la entidad, reconoció que el banco está retirando cajeros automáticos y cerrando centros de pago en destinos donde la transaccionalidad es baja y los costos de mantenimiento resultan elevados.

El directivo explicó que la entidad está mutando su modelo de atención en sintonía con la digitalización del sistema financiero. Según precisó en declaraciones a “Aquí Petete” por Radio Mitre Córdoba, más del 90% de las operaciones ya se realizan por vía electrónica, lo que vuelve ineficiente sostener estructuras pensadas para otro contexto.

Monetto subrayó que Bancor es un banco comercial que compite en el sistema financiero y que debe ser “rentable”, aunque reconoció su carácter público. Como alternativa al retiro de cajeros, detalló que se avanza en esquemas de cajeros co-administrados con municipios y alianzas con comercios y cooperativas para garantizar la extracción de efectivo.

“No hay destinos que se vayan a quedar sin cajero”, dijo, aunque admitió que el esquema exige un esfuerzo compartido y un proceso de “diálogo” con los gobiernos locales.

El funcionario negó el cierre masivo de sucursales, pero confirmó fusiones en Córdoba Capital y en ciudades del interior como San Francisco, Villa María y Río Cuarto, además del cierre de centros de pago. El objetivo, explicó, es avanzar hacia una estructura más austera, tecnológica y sostenible.

La controversia dejó expuesto un choque de miradas. Para la oposición, el Banco de Córdoba corre el riesgo de abandonar su rol histórico como herramienta de presencia estatal en el interior profundo. Para la conducción del banco, el desafío es adaptarse a una nueva realidad digital sin comprometer la sustentabilidad económica.

En el medio, el conflicto ya escaló a la Legislatura y será motivo de debate en el recinto -más temprano que tarde- a raíz de que hay otros pedidos de informes de Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero y Oscar Agost Carreño respecto al tema. La avanzada opositora, amplificada por el reclamo de intendentes y jefes comunales, busca forzar una definición política sobre el futuro del banco y su presencia territorial por parte del Ejecutivo provincial.