En el marco del debate legislativo por la reforma del Régimen Penal Juvenil y la posible baja de la edad de imputabilidad, la Iglesia Católica difundió una carta titulada “Un consenso amplio que no está siendo escuchado”, en la que cuestiona el contenido del proyecto en discusión y advierte que no se están contemplando los aportes realizados por múltiples instituciones especializadas.
El documento se presenta como una continuidad del texto “Más oportunidades que penas”, publicado el 25 de marzo de 2025 por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y tiene en cuenta el resultado de la votación del dictamen sobre la Ley de la edad de Imputabilidad. Según señalan, si bien distintas organizaciones fueron escuchadas durante el proceso, sus aportes no se ven reflejados en el contenido final del proyecto.
La carta está respaldada por la experiencia territorial de referentes y profesionales que trabajan cotidianamente con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en parroquias, escuelas, centros barriales, Hogares de Cristo, clubes parroquiales y espacios comunitarios, además del vínculo permanente con las familias. A su vez, el pronunciamiento se suma al de instituciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Federación de Psicólogos, la Defensoría General de la Nación y organizaciones judiciales especializadas en niñez y adolescencia, entre otras.
Desde la Iglesia remarcan que acompañan a víctimas de delitos, especialmente en barrios populares, y sostienen que el delito existe y requiere respuestas. Sin embargo, advierten que el debate actual se desarrolla en un clima político atravesado por el uso del dolor social con fines mediáticos, lo que impide una deliberación profunda sobre los problemas estructurales que afectan a niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
En ese sentido, reconocen la necesidad de una reforma del Régimen Penal Juvenil y la existencia de un vacío legal que perjudica a muchos menores, pero cuestionan que la respuesta se limite a propuestas simplificadoras y apresuradas, sin sustento técnico, diálogo genuino ni condiciones institucionales para su implementación efectiva.
Falta de condiciones para una reforma penal juvenil
Uno de los ejes centrales del documento es la advertencia sobre la ausencia de condiciones materiales, institucionales y presupuestarias para implementar un sistema penal juvenil que garantice atención psicológica, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a salud, cultura, recreación y abordajes integrales de consumos problemáticos. También se plantea la necesidad de personal especializado y de instituciones adecuadas que aseguren condiciones de vida dignas y posibilidades reales de reinserción.
En ese marco, señalan que la desfinanciación de políticas sociales afecta especialmente a los sectores más vulnerables y contradice los objetivos que se anuncian en el proyecto de ley. Por ello, plantean la necesidad de una propuesta integral que contemple tanto su visión fundante como su implementación concreta.
Cuestionamientos al contenido del proyecto
El documento también expone objeciones de fondo al proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad. Entre ellas, se destaca que el cerebro adolescente aún se encuentra en desarrollo, especialmente en áreas vinculadas al control de impulsos y la toma de decisiones, lo que pone en discusión la equiparación de responsabilidades penales con las de los adultos.
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En este sentido, se propone que los niños y adolescentes menores de 16 años que atraviesen situaciones de conflicto social sean abordados por los Juzgados de Familia y el Sistema de Protección de Derechos, y no por el sistema penal, reservando la intervención penal como última instancia. Para adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, se plantea la aplicación de mecanismos de Justicia Restaurativa, con el objetivo de reducir la reincidencia y promover procesos reparadores.
Además, se advierte que la reducción de la edad de imputabilidad podría resultar inconstitucional, al contradecir principios de la Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos y la Ley 26.061. También se cuestiona la falta de especialización del sistema penal juvenil propuesto, la posibilidad de privación de libertad en condiciones inadecuadas y la imposición de penas desproporcionadas.
Datos y advertencias finales
Según el documento, la evidencia regional muestra que reducir la edad de imputabilidad no disminuye la inseguridad y, por el contrario, aumenta la violencia y la reincidencia. Se señala además que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja y que la mayoría de los delitos cometidos por este grupo etario son contra la propiedad.
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En el cierre, la Iglesia sostiene que la respuesta al delito juvenil debe ser principalmente preventiva y orientada a garantizar condiciones de vida dignas, fortaleciendo políticas públicas de niñez, salud mental y acompañamiento comunitario. Finalmente, advierte sobre el riesgo de instalar en el imaginario colectivo la idea de que niños y adolescentes son una amenaza, y llama a construir un entramado social que cuide, incluya y repare.
