Mientras el Congreso se prepara para tratar el próximo jueves un régimen penal juvenil que reduciría la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, voces contrapuestas exponen la tensión entre seguridad jurídica y abordaje integral de las juventudes vulnerables. Los datos oficiales muestran que solo el 2% de la población penitenciaria tiene entre 18 y 20 años.
El nuevo régimen penal juvenil, que ingresó al Congreso a mediados de 2024, será debatido este jueves 12 de febrero tras un año de análisis en comisión. El proyecto contempla bajar la edad de imputabilidad, modificando una normativa de 1980 que, según sus impulsores, quedó obsoleta frente a los convenios internacionales firmados por Argentina.
"Hemos trabajado durante un año en este proyecto. Hemos tenido más de 10 reuniones de la comisión donde participaron 113 diputados nacionales con un promedio de 6 a 8 horas cada una", explicó Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, en diálogo con Punto a Punto Radio 90.7.
La legisladora defendió que la iniciativa va más allá del aspecto punitivo: "No es solamente la discusión de la baja de edad de imputabilidad, el despacho que es base del proyecto justamente incorpora la necesidad de la educación en estos menores, donde indica terminar sus estudios, capacitación laboral y una serie de cuestiones, como tratamientos médicos, que hoy no lo tienen".
El texto establece sanciones progresivas según la gravedad del delito, priorizando medidas alternativas a la prisión como mediación, suspensión del juicio a prueba, amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño. La privación de libertad queda como última instancia.
Los números que alimentan el debate
Según el informe "La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos - Argentina, año 2024", elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), al 31 de diciembre de 2024 había 121.443 personas privadas de libertad en cárceles argentinas.
De ese total, apenas 2.375 personas tenían entre 18 y 20 años, lo que representa el 2% de la población penitenciaria. En Córdoba, provincia dondame ocurrió el caso que marcó a Jimena Villarreal, este porcentaje alcanza el 1,6%, con 233 jóvenes de esa franja etaria entre los 14.736 detenidos.
El dolor que cuestiona la solución punitiva
Jimena Villarreal conoce de primera mano la tragedia que alimenta este debate. Su hermano Sebastián fue asesinado el 29 de febrero de 2024 por una banda que utilizaba menores de 14 y 17 años para cometer delitos. El caso finalmente llega a juicio oral y público esta misma semana, tras dos años de lucha familiar.
"No hubo ni siquiera resistencia, que es lo que muestran los testigos. Él murió implorando que lo dejaran vivo para cuidar a mis sobrinos que estaban en la casa", recordó Villarreal. "Entonces no se explica tanta crueldad".
Sin embargo, su postura sobre la baja de imputabilidad sorprende: "Es lo más simple y lo más reducido de todo, pensar que la baja de punibilidad va a solucionar algo. Yo les digo a todas las familias, eso solo va a contribuir a empeorar la situación porque hay más crueldad dando vuelta y más desamparo y abandono para las infancias y las juventudes".
Como psicóloga y desde su experiencia personal, Villarreal apunta a la responsabilidad del Estado en la cadena de negligencias: "Desde la escuela que no intervino en el momento en donde el de 14 años abandonó la escuela, que en realidad fue expulsado. Desde SENAF en ese momento que no hicieron nada para retirarlo de una familia que sistemáticamente lo involucraba en hechos delictivos".
"No puede haber un funcionario público que te responda que hace lo posible. No, no sirve a ninguna familia eso. Una vergüenza que cuando vos estás atravesando una tragedia te digan que hacen lo posible", denunció.
El presupuesto y la infraestructura
El proyecto modificó su cláusula presupuestaria para especificar el origen de los fondos. Según Rodríguez Machado, no se requieren inversiones extraordinarias: "No es que estamos hablando de abrir un nuevo complejo penitenciario ni ninguna cosa extraña. Estamos hablando de trabajar sobre los mismos conceptos que hay hoy".
La diputada mencionó que Córdoba cuenta con el Complejo Esperanza, aunque reconoció que "deberían hacer mejoras ni bien se apruebe la ley, porque no corresponde que estén en ese tipo de lugares".
El artículo 51 del proyecto establece la posibilidad de convenios entre Nación y provincias para financiar los costos. "La seguridad, todos los gobernadores han dicho que es una prioridad. Espero que presupuestariamente también lo sea porque no hay ninguna provincia que diga: 'A mí no me alcanza para hacer esto'", afirmó la legisladora.
Más allá de sus diferencias sobre la solución, tanto Rodríguez Machado como Villarreal coinciden en que el Estado ha fallado. Una impulsa desde el Congreso un sistema que busca combinar punición con resocialización. La otra, desde el dolor de la pérdida, reclama que se aborde "toda la injusticia social y toda la desigualdad que ha habido sistemáticamente".
"En memoria de él, de lo que él justamente como padre y como persona luchó por el bienestar de sus hijos, justicia sería si este caso es un precedente para el tratamiento de otras situaciones", reflexionó Villarreal. "No puede otra familia pasar las negligencias que nosotros hemos pasado".
