Caso Agostina: La oposición acusa al PJ de “encubrir” a Moreno y redobla la ofensiva contra Rodríguez

La conmoción provocada por el femicidio de Agostina Vega continúa generando réplicas políticas en distintos niveles del Estado. Mientras el oficialismo provincial y municipal intenta contener el impacto institucional del caso, la oposición redobla su ofensiva tanto en el Concejo Deliberante de Córdoba como en la Legislatura provincial, donde radicales y juecistas apuntan contra funcionarios, fiscales y decisiones adoptadas por el peronismo en los últimos meses.

En ese contexto, el intendente Daniel Passerini movió una pieza clave del tablero político municipal al disponer que Raúl La Cava reasuma este jueves su banca en el Concejo Deliberante y, en paralelo, anunciar la ampliación de los controles de antecedentes penales y narcotest para todo el personal municipal.

La decisión fue interpretada en ámbitos políticos como una estrategia para desactivar la presión que comenzaba a acumularse sobre el concejal peronista Ricardo Moreno, cuya permanencia en el cuerpo legislativo había quedado en el centro de los cuestionamientos opositores tras conocerse su vínculo político con Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina.

Con el regreso de La Cava  en la sesión de este jueves —uno de los dirigentes de confianza de Passerini y del gobernador Martín Llaryora— el peronismo desactivó la avanzada opositora para expulsar a Moreno del cuerpo deliberativo. En las últimas horas, incluso algunas voces del oficialismo dejaron trascender que no estaban dispuestas a bancarlo en ese escenario. Así, la situación de Moreno amenazaba con monopolizar el debate político.

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"Pacto de impunidad"

La maniobra oficialista encontró una rápida reacción del bloque de la UCR, que acusó al peronismo de utilizar un mecanismo administrativo para evitar discutir en el recinto la situación política de Moreno. La definición política la aportó la titular de la bancada radical, Elisa Caffaratti, quien sostuvo que la salida del dirigente de las 62 Organizaciones Peronistas del Concejo constituye "una vez más un pacto de impunidad del peronismo entre el intendente y el gobernador".

"Usan el regreso de un concejal titular para maquillar la salida del concejal Moreno y esquivar su expulsión. Es una maniobra administrativa vergonzosa que, en definitiva, busca protegerse entre ellos. Era el momento de debatir responsabilidades y dar explicaciones, no de esconderlas. Decidieron proteger a Moreno. Lo mandaron al banco de suplentes en lugar de expulsarlo", cuestionó la dirigente radical.

En la misma línea, el edil Sergio Piguillem (UCR) calificó la decisión como "un acto de impunidad corporativa y un insulto directo a la sociedad de Córdoba". Desde el bloque radical interpretan que la sorpresiva reincorporación de La Cava no responde a una necesidad institucional, sino a un "salvavidas político" destinado a evitar el costo público que implicaría una votación sobre la continuidad de Moreno. Según esa lectura, el oficialismo optó por cerrar filas y evitar un debate que podría profundizar el desgaste político generado por el caso.

Antecedentes de los municipales

En paralelo a las críticas por la situación de Moreno, Piguillem aprovechó el contexto para impulsar un proyecto de ordenanza que crea un Sistema Municipal de Actualización Permanente de Antecedentes destinado a todo el personal de la Municipalidad de Córdoba, incluidos agentes de planta permanente, transitoria y contratados.

La propuesta contempla que el municipio pueda verificar anualmente antecedentes penales y contravencionales mediante convenios con organismos provinciales y herramientas digitales ya desarrolladas por la Provincia y la propia Municipalidad, evitando trámites adicionales para los trabajadores y garantizando la protección de datos personales.

"La ciudadanía exige un Estado transparente, responsable y con capacidad de prevención. No alcanza con controlar al momento del ingreso; es necesario contar con mecanismos permanentes que permitan detectar situaciones que puedan comprometer la confianza pública y la calidad institucional", argumentó.

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Ofensiva en la Legislatura

Mientras tanto, en la Unicameral, el Frente Cívico trasladó la disputa al ámbito judicial y volvió a poner bajo cuestionamiento la creación de la Procuración Penitenciaria y el ascenso del fiscal Iván Rodríguez.

El jefe del bloque juecista, Walter Nostrala, presentó un proyecto para que la Legislatura inste al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a diferir o suspender el juramento de Rodríguez como Procurador Penitenciario Adjunto.

La iniciativa se fundamenta en la situación generada tras el femicidio de Agostina Vega y en el antecedente de una causa de 2025 por privación ilegítima de la libertad, en la que Claudio Barrelier había sido imputado por Rodríguez y posteriormente recuperó la libertad.

La movida opositora se produce en un contexto particularmente sensible para el fiscal. Rodríguez se encuentra bajo fuertes cuestionamientos políticos luego de que distintos sectores anunciaran pedidos de jury en su contra, una ofensiva que también alcanza al fiscal Raúl Garzón.

El pliego de Rodríguez había sido aprobado por la mayoría oficialista en la última sesión legislativa de 2025, junto con el de Bettina Croppi, designada al frente de la nueva Procuración Penitenciaria. Aquella decisión fue rechazada por el Frente Cívico, la UCR y otros bloques opositores, que cuestionaron tanto la creación del organismo como los nombramientos promovidos por el Ejecutivo.

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La jura suspendida y el reclamo juecista

En medio de la creciente controversia, la ceremonia de asunción de Croppi y Rodríguez quedó suspendida. Formalmente, la explicación estuvo vinculada a demoras en la habilitación de la sede donde funcionará el nuevo organismo. Sin embargo, en ámbitos políticos y judiciales admiten que la conmoción generada por el caso Agostina alteró por completo el escenario.

La evaluación compartida entre el TSJ y el Centro Cívico fue que no existían condiciones para avanzar con la ceremonia mientras continúan los cuestionamientos sobre la actuación de Rodríguez en la causa que involucró previamente a Barrelier.

Sobre ese escenario, el juecismo volvió a impulsar la derogación total de la Ley 11.085 que creó la Procuración Penitenciaria. "Esta ley se aprobó en soledad, pero la vamos a derogar con el apoyo de todos los cordobeses", había sostenido la legisladora Nancy Almada.

Quien además remarcó: "No defiende derechos: crea una casta política con siete nuevos cargos, sueldos máximos y jubilaciones de privilegio". Ahora, con el caso en el centro de la escena, la dirigente ratificó su planteo.

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En los fundamentos de la presentación dirigida al TSJ, los legisladores del Frente Cívico sostuvieron que las advertencias realizadas durante la discusión de la norma hoy aparecen "tristemente" confirmadas.

Asimismo, afirmaron que la designación de Rodríguez constituye "un claro avasallamiento a los pilares fundamentales del constitucionalismo: la división de poderes y la imparcialidad con la que un funcionario público debe ejercer su cargo". Finalmente, agregaron que existe una "absoluta falta de idoneidad moral y ética" para ocupar el cargo, considerando que la función principal de la Procuración Penitenciaria será la protección de los derechos humanos.

De esta manera, mientras el peronismo intenta contener el impacto político del caso Agostina mediante movimientos en el Concejo y la administración municipal, la oposición aprovecha la crisis para ampliar el foco de los cuestionamientos hacia funcionarios, fiscales y estructuras institucionales impulsadas por el PJ en el poder.