La conmoción provocada por el crimen de Agostina Vega continúa generando repercusiones políticas. El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentó un pedido de informes en la Legislatura para conocer el detalle de las contrataciones realizadas por distintos organismos provinciales a la artista Paula “Puli” Moreno, hija del exconcejal capitalino Ricardo Moreno.
La iniciativa se inscribe en un contexto de fuerte exposición pública del dirigente peronista, luego de que trascendieran vínculos políticos con Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente. A ello se sumaron audios difundidos públicamente en los que Moreno afirmaría haber incorporado a cientos de personas dentro de la estructura estatal municipal, situación que motivó nuevos cuestionamientos desde la oposición.
Según explicó Hernández Maqueda, el objetivo es conocer con precisión qué tipo de participaciones tuvo la artista en actividades organizadas o financiadas por el Estado provincial y cuáles fueron los mecanismos utilizados para su contratación.
Qué información solicita el pedido
El proyecto presentado en la Legislatura solicita al Poder Ejecutivo provincial un relevamiento completo de todas las contrataciones, presentaciones artísticas, ciclos audiovisuales, programas culturales y eventos oficiales en los que haya participado Paula Moreno desde el año 2020 hasta la actualidad.
Además, requiere información vinculada a los montos abonados, las órdenes de pago emitidas por los organismos correspondientes y los criterios aplicados para su selección. El pedido alcanza especialmente a la Agencia Córdoba Cultura, aunque también incorpora actividades desarrolladas en otros ámbitos estatales, incluida la propia Legislatura provincial.
Para el legislador, el contexto político actual vuelve necesario extremar los mecanismos de control sobre el uso de fondos públicos. “Los cordobeses estamos hartos de que algunos dirigentes crean una estructura propia alrededor de la administración pública. Queremos saber si las contrataciones se realizaron siguiendo procedimientos transparentes o si existieron privilegios vinculados a relaciones personales o políticas”, sostuvo.
Control de los recursos públicos
Hernández Maqueda afirmó que las revelaciones surgidas en las últimas semanas respecto del entorno político de Moreno incrementaron la preocupación pública sobre el funcionamiento de determinadas estructuras de poder y sobre la utilización de recursos estatales.
A su entender, cuando aparecen denuncias o cuestionamientos vinculados a designaciones, incorporaciones de personal o contrataciones financiadas por el Estado, corresponde garantizar el máximo nivel de acceso a la información. “Cuando un dirigente afirma haber incorporado cientos de personas al Estado y surgen hechos de enorme gravedad vinculados a su entorno político, resulta indispensable que todas las contrataciones financiadas con dinero de los contribuyentes puedan ser sometidas al mayor control posible”, señaló.
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El legislador remarcó que el objetivo del pedido no implica prejuzgar sobre ninguna contratación en particular, sino verificar si los procedimientos administrativos se ajustaron a criterios de mérito, capacidad y transparencia.
Un nuevo capítulo de la crisis política
La presentación suma un nuevo capítulo a la crisis política que atraviesa el peronismo capitalino tras el femicidio del caso Agostina Vega. La situación ya había derivado en la salida de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante y continúa generando cuestionamientos sobre distintos aspectos vinculados a su trayectoria política, sus vínculos territoriales y su participación dentro de estructuras partidarias y sindicales.
En ese escenario, la oposición busca ampliar el foco de investigación hacia otros ámbitos de la administración pública y exigir explicaciones sobre contrataciones, designaciones y utilización de recursos estatales.
