Caso Agostina: Llaryora evitó confrontar con la oposición y llamó a reforzar la prevención de la violencia de género
Ante el femicidio de Agostina Vega, el gobernador rehusó polemizar con los opositores, defendió las instituciones y llamó a fortalecer las políticas de prevención y protección.
En la antesala de una nueva movilización de Ni Una Menos, prevista para este miércoles, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyos restos fueron hallados el sábado pasado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en el desenlace más trágico de una búsqueda que mantuvo en vilo a la provincia y el país.
En un contexto atravesado por la conmoción social y la creciente presión política sobre el gobierno y el sistema judicial, el mandatario provincial eligió este martes un camino distinto al de la confrontación y evitó responder a la avanzada opositora que denuncia una cadena de responsabilidades institucionales detrás del caso.
Mientras distintos bloques opositores impulsan en la Legislatura un pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por presunto "mal desempeño" de sus funciones y exigen la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, Llaryora optó por concentrar su mensaje en el acompañamiento a la familia de la víctima, el reclamo de justicia y la necesidad de profundizar las políticas de prevención de la violencia de género.
Durante un acto oficial por el Día del Bombero Voluntario, el gobernador rompió el silencio público sobre el caso y expresó su "profundo dolor" por lo sucedido. "Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características", afirmó.
Que se haga justicia
Llaryora reveló además que el domingo recibió en el Centro Cívico al padre y a los abuelos de Agostina para informarles personalmente sobre las acciones desplegadas por el Estado provincial y transmitirles el compromiso de continuar colaborando hasta el total esclarecimiento del crimen, se dijo desde El Panal.
"Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia", resaltó.
Sin ingresar en los cuestionamientos impulsados por la oposición, que apunta a la existencia de una presunta estructura de protección política y judicial vinculada al principal acusado, el mandatario puso el foco en la necesidad de transformar el dolor social en una reflexión colectiva sobre la violencia de género.
"Tenemos que seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley", afirmó, al tiempo que reivindicó el funcionamiento de las instituciones y la independencia de poderes en momentos en que la actuación de la Justicia provincial se encuentra bajo fuerte escrutinio de la política opositora.
"Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio", expresó el mandatario mientras el foco está puesto en el accionar del fiscal Garzón.
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Violencia de género
Finalmente, Llaryora defenció las políticas públicas que la Provincia sostiene en materia de prevención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia de género, y llamó a redoblar los esfuerzos para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
"Mientras estos hechos sigan ocurriendo, tenemos que seguir trabajando, concientizando y actuando para que no se vuelvan a repetir. Esa es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad", concluyó el gobernador.
Las declaraciones del gobernador llegaron luego de varios días de silencio institucional (salvo la exposición del ministro Quinteros por su función) y en medio de una escalada política impulsada por la oposición, que busca poner el foco en las responsabilidades judiciales, políticas -las vinculaciones del imputado con el PJ- y administrativas derivadas del caso.
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