Condena a Oscar González: Juez, Bornoroni y la UCR de De Loredo cruzaron al PJ por la "impunidad"

La condena a 3 años de prisión condicional para el exlegislador y hombre fuerte del PJ en Traslasierra, Oscar González, por la tragedia de las Altas Cumbres desató una dura ofensiva opositora contra la Justicia provincial y el peronismo. Luis Juez y Gabriel Bornoroni encabezaron las críticas denunciando "impunidad", mientras la UCR de Rodrigo de Loredo reclamó investigar privilegios y responsabilidades políticas. Las indemnizaciones superan los $2.010 millones y comprometen también a la Provincia.

«La vergüenza y la impunidad hoy tienen nombre: Oscar González», disparó el senador nacional y líder del Frente Cívico en redes sociales. En declaraciones a Perfil Córdoba, calificó la sentencia como «una vergüenza» y cuestionó el funcionamiento de la Justicia provincial.

«Cuando los gobiernos entienden que su impunidad les permite sacar sentencias como esta, en algún momento la sociedad reacciona», advirtió Juez. Además, vinculó el caso con otros episodios judiciales -por caso la megacausa Bomberos con juicio abreviado- y denunció un deterioro institucional en Córdoba.

«Lo de González era obvio. Él es el emperador del oeste, los cuatro departamentos del oeste los maneja como él quiere», afirmó el opositor. Y advirtió que jueces, fiscales e integrantes del Poder Judicial fueron designados durante los años en que el dirigente peronista ejerció su influencia política.

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El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados y referente libertario en Córdoba, Gabriel Bornoroni también cuestionó el fallo. «Es una prueba más de la impunidad que se vive en Córdoba", abrió fuego. "Todo un sistema de poder diseñado para cuidar a lo peor del PJ. Los cordobeses y, sobre todo, la familia de la víctima merecían una respuesta distinta», declaró a este medio. 

En la misma línea, Walter Nostrala, titular de la bancada del Frente Cívico en la Unicameral, lanzó su embestida: «Algún día la Justicia de Córdoba tendrá que pedirles disculpas a los cordobeses». Y remató: «Vergüenza».

Justicia y poder político

Asimismo, el bloque radical de la Legislatura que reporta a De Loredo se sumó a las críticas. Alejandra Ferrero, flamante presidenta de la bancada y dirigente del riñón deloredista, calificó el fallo como «una sentencia que duele e indigna».

«Una Justicia selectiva con el poder político: dura con los ciudadanos de a pie y suave con los poderosos. Un fallo que profundiza la enorme sensación de impunidad», fustigó la radical, al tiempo que opinó que la sentencia «no hace justicia» y «solo consolida privilegios y deja huérfanas a las víctimas».

En un comunicado conjunto, los legisladores radicales repudiaron la condena y reclamaron esclarecer los privilegios, los posibles encubrimientos y las responsabilidades políticas de quienes debían ejercer los controles.

«La condena social ya está. La Justicia sigue en deuda con las víctimas y sus familias», señalaron los parlamentarios boina blanca. Además, pusieron el foco en el capítulo civil de la sentencia. «¿Seremos los cordobeses quienes terminemos pagando las indemnizaciones, las costas judiciales y hasta los honorarios de los abogados?».

«El poder no puede ser sinónimo de privilegios, protección e impunidad. Ningún funcionario puede estar por encima de la ley», concluyó la bancada UCR que se referencia en De Loredo.

La embestida del exdiputado nacional llegó avanzada la tarde de este martes. "Otra página vergonzosa en la Córdoba peronista. Los privilegios del poder político están bien resguardados por y para los caciques del PJ", denunció. "Una día la resignación se va a transformar en indignación y ustedes -al aludir al peronismo- van a dejar el poder y van a tener que rendir cuentas", completó el referente radical, quien visitó hoy el pago chico de Martín Llaryora para participar del acto de asunción de autoridades del Comité Departamental de la UCR de San Justo. 

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El fallo

El juez Santiago Camogli condenó a González a tres años de prisión de ejecución condicional por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, por lo que no irá preso. También le impuso ocho años de inhabilitación para conducir. La tragedia dejó una persona fallecida y dos jóvenes mujeres con graves secuelas.

En el capítulo civil, la Justicia estableció que González y la Provincia deberán pagar $31.633.758,86 a Vera Szulewicz; $353.575.089,30 a Marina Szulewicz, y $1.625.279.401 a Alexa Miranda. En conjunto, las indemnizaciones superan los $2.010 millones.

Las primeras lecturas de voces jurídicas del ala opositora consideran poco probable que el Tribunal Superior de Justicia modifique la sentencia y advierten sobre las dificultades de una eventual intervención de la Corte Suprema, cuya competencia dependerá de los planteos y de las cuestiones federales que pudieran presentarse.

El capítulo económico suma otro frente. Una fuente consultada por Perfil Córdoba consideró que la Provincia podría terminar afrontando las indemnizaciones, debido a la condición de funcionario provincial de González al momento del hecho y a la situación del vehículo involucrado.

«El Estado provincial, seguramente, porque era funcionario provincial en el momento de suceder el hecho y el vehículo era un vehículo de la Provincia que estaba bajo su custodia», sostuvo el interlocutor. 

Por su parte, el legislador Oscar Agost Carreño (PRO) insistió en el tratamiento urgente de su proyecto para regular la entrega y el control de vehículos secuestrados destinados al uso oficial. El planteo tomó fuerza tras la condena a Oscar González y a la Provincia de Córdoba a pagar una cifra millonaria por la tragedia de las Altas Cumbres. «Una responsabilidad que también compromete los recursos de todos los cordobeses», remarcó. .

Agost Carreño sostuvo que las víctimas merecen una reparación, pero puso el foco en los controles sobre los vehículos secuestrados y en las responsabilidades por su utilización indebida. El parlamentario busca instalar el debate sobre quién autoriza su entrega, bajo qué condiciones se utilizan y quién responde cuando se destinan a fines oficiales sin los controles correspondientes.

De este modo, el fallo de condena a González reavivó la confrontación entre el PJ y la oposición por los vínculos entre poder político y Justicia, mientras las indemnizaciones millonarias abren un nuevo interrogante sobre el costo que podría recaer sobre las arcas provinciales.