Córdoba: cómo lograban vaciar cuantas bancarias con transferencias falsas

El Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba confirmó el requerimiento de citación a juicio contra 15 imputados por presuntas estafas telefónicas cometidas mediante la modalidad de débitos inmediatos (DEBIN), en operaciones que habrían involucrado a internos de la cárcel de Bouwer. En la misma resolución, el tribunal dispuso el sobreseimiento de uno de los acusados por existir en su caso una duda insuperable respecto de su participación.

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La medida fue adoptada tras una audiencia pública presidida por el juez Gustavo Hidalgo, a la que asistió una de las damnificadas. En esa instancia, el magistrado también concedió la suspensión del proceso a prueba por un año a otros cinco imputados, quienes ofrecieron una reparación económica a las víctimas y asumieron obligaciones como la realización de trabajos solidarios y sujeción al tribunal.

De acuerdo con la acusación fiscal, los imputados habrían actuado en coordinación para ejecutar múltiples estafas telefónicas dirigidas principalmente a comerciantes del rubro de la construcción. El ardid comenzaba con la obtención de datos personales y bancarios de las víctimas, que luego eran utilizados por internos de Bouwer para realizar llamadas fraudulentas haciéndose pasar por compradores interesados en materiales.

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Según la investigación, una vez acordada la supuesta operación comercial, los estafadores enviaban comprobantes falsos de transferencias y convencían a las víctimas de que existía un error en la acreditación. A partir de instrucciones precisas, lograban que los comerciantes autorizaran desde su home banking débitos inmediatos (DEBIN), que permitían transferencias automáticas de dinero hacia cuentas vinculadas a la organización. Los fondos, estimados en 4.086.900 pesos, eran luego redistribuidos para dificultar su rastreo.

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El juez Hidalgo rechazó los planteos de las defensas, que cuestionaban la falta de acreditación de la participación de sus asistidos. Para el magistrado, los múltiples indicios reunidos, valorados de manera conjunta, permiten sostener la hipótesis fiscal y justifican mantener a los acusados vinculados al proceso, dado que existe una probabilidad suficiente de su intervención en los hechos investigados.