Corrupción en el penal de Bouwer: una "empresa" de estafas funcionaba bajo un cogobierno carcelario

El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier elevó a juicio a nueve jefes, guardiacárceles, plumas y colaboradores externos en una de las líneas investigativas sobre una trama de presunta corrupción en el Complejo Penitenciario de Bouwer. Todo habría sucedido desde 2023 hasta mediados de 2024.

La resolución describe. en 184 páginas, una estructura de "cogobierno" entre funcionarios penitenciarios y reclusos de alta peligrosidad para facilitar el ingreso de teléfonos celulares destinados a cometer estafas millonarias. El contexto fue la jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) a cargo de Juan María Bouvier.

Jefes de la banda: un Alcaide, una enfermera y un "pluma"

Según la acusación, la asociación ilícita estaba liderada por un cuarteto estratégico: el alcaide Ramón Emanuel Dewar (Jefe de Seguridad Interna del módulo MD1), la enfermera Jessica Pamela Barrera, el interno Lucas Germán Méndez (referente o "pluma" del pabellón D4) y el oficial Marcelo Fernando Matos, quien actualmente se encuentra prófugo.

La pieza clave para el ingreso de la tecnología prohibida sería la enfermera Barrera, quien utilizaba su función y la confianza del personal de requisa para introducir de forma clandestina celulares, chips, cargadores y auriculares ocultos en su mochila o vestimenta. Una vez dentro, los elementos eran entregados a Méndez en el área de salud, aprovechando que este cumplía tareas de limpieza en el lugar.

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Millones en transferencias y estafas telefónicas

La investigación judicial determinó que el pabellón D4 era conocido en la jerga carcelaria como el "pabellón millonario" debido a las siderales ganancias obtenidas mediante fraudes telefónicos. Solo uno de los proveedores externos de la banda, Emmanuel Maximiliano Vélez, recibió transferencias bancarias por más de $10 millones en un lapso de siete meses.

El flujo de dinero era tan intenso que las cuentas bancarias de los imputados eran bloqueadas frecuentemente por las entidades financieras debido a maniobras dudosas. Ante esto, la banda operaba con múltiples billeteras virtuales y coordinaba pagos en efectivo para mantener aceitada la provisión de teléfonos.

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El encubrimiento oficial: actas falsas y avisos de requisa

El fiscal Gavier sostiene que el Servicio Penitenciario de Córdoba atravesaba una grave crisis institucional que permitió la relajación deliberada de controles. La resolución detalla cómo el Alcaide Dewar y otros oficiales, como Leandro Nicolás Agüero, protegían al interno Méndez.

Cuando se detectaba un teléfono en manos de los líderes, los funcionarios confeccionaban actas de secuestro ideológicamente falsas. En estos documentos, hacían constar que los aparatos habían sido hallados "sin responsable" en el perímetro de la cárcel para evitar sanciones disciplinarias contra sus socios criminales. Incluso, se constató que los guardias prevenían a los internos sobre las requisas para que pudieran ocultar los dispositivos en huecos del cielorraso.

Además de los acusados mencionados, la lista se completa con los oficiales Ángel Fernando Monserrat y Darío Luis Cortez, junto a los hermanos del interno líder, Emanuel Alejandro y Noelia Maribel Méndez, quienes actuaban como proveedores desde el exterior del penal.

La acusación central es por presunta asociación ilícita, a lo que se agrega según cada imputado falsedad ideológica y falso testimonio.