De “ñoquis” a “fantasmas”, la evolución de los empleados en la Legislatura de Córdoba

La misma vicegobernadora de Córdoba lo reconoció: “puede haber empleados fantasmas” en la administración provincial. Lo dijo en una entrevista luego que la detención del dirigente peronista Guillermo “el puma” Kraisman destapara un nuevo escándalo.

La maniobra de cobrar el sueldo de otra persona que supuestamente brinda servicios en la provincia y que no retribuya con una contraprestación es nueva en Córdoba. Podría ser un caso aislado o una práctica habitual. Por ahora, pocos datos.

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La semana pasada, las autoridades de la Unicameral decidieron convocar a todos los empleados que aún no habían firmado sus contratos en forma personal. El número sorprendió: 320 personas haciendo fila para estampar su firma ¿dónde estaban? ¿qué función cumplían?

Todo se precipitó al conocerse que Kraisman intentó extraer dinero en efectivo de la cuenta de la chica Virginia Martinez, una supuesta empleada de la Legislatura.

“Decir que hay empleados ‘fantasmas’... no voy a decir que no puede ser”, reconoció Prunotto en una entrevista con Telefé Córdoba. El caso le pega de lleno a la Unicameral porque la titular de la cuenta bancaria de donde Kraisman había intentado extraer dinero hace dos semanas fue contratada en la Legislatura de Córdoba.

La olla que destapó el “Puma”

El detonante fue la maniobra de Kraisman, quien intentó retirar un millón de pesos de una cuenta a nombre de Virginia Martínez, una mujer que figuraba como contratada por la Legislatura, pero que, según su abogado, nunca trabajó allí ni solicitó el puesto. Según declaraciones de la vicegobernadora Myrian Prunotto, "puede haber empleados fantasmas", aunque destacó que el caso está siendo investigado para despejar dudas.

La semana pasada, las autoridades convocaron a 320 empleados que no habían firmado sus contratos de forma presencial, revelando una llamativa falta de control sobre el personal. Según Prunotto, esta situación se ha repetido desde 1983 y afecta a empleados de zonas alejadas, quienes delegan el trámite en legisladores locales.

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El caso Kraisman plantea la posibilidad de una práctica más amplia de utilizar contrataciones como medio para canalizar fondos de manera irregular. Aunque el dirigente y su cómplice, Luciana Castro, permanecen detenidos, el escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de mayor transparencia en la Unicameral.

La Fiscalía, ahora a cargo de Silvana Fernández, investiga si este episodio es un hecho aislado o parte de una red más compleja. Entretanto, Prunotto aseguró que se darán de baja los contratos de quienes no cumplan con sus obligaciones, buscando poner fin a las sospechas.

Mientras el escándalo continúa, el abogado de Martínez confirmó que su clienta se presentará como querellante, buscando esclarecer cómo su nombre y cuenta bancaria fueron utilizados para la maniobra. Este caso podría marcar un antes y un después en la gestión del personal legislativo en Córdoba.