Recital del Pity Álvarez: denuncian a la productora y a un funcionario por irregularidades en un operativo policial

El regreso de Cristian Álvarez Congiu, conocido como Pity Álvarez, a los escenarios tras siete años de ausencia derivó en un conflicto judicial que escaló hasta la presentación de denuncias penales. El fiscal general Sandro Abraldes, responsable de la acusación pública en el juicio que el músico debe enfrentar por un homicidio, denunció al presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, y a Por Art Music, la productora del recital.

Fuentes de la Agencia provincial salieron rápidamente a explicar lo sucedido y hasta se sorprendieron por la "mala información" que manejan desde la Justicia. "Nosotros estábamos ahí pero no teníamos nada que ver con el show, el estadio estaba alquilado. No fue un evento de la Agencia".

El show tuvo lugar el sábado pasado en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, ante 35.000 personas. Sin embargo, horas antes del evento, Abraldes había solicitado formalmente a Calleri que facilitara el ingreso de cuatro funcionarios de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) para cumplir tareas de investigación durante el recital.

"El requerimiento no fue cumplimentado", señaló Abraldes en la denuncia presentada ante el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. El viernes, con menos de 24 horas de anticipación al evento, el fiscal envió una notificación electrónica a Calleri solicitándole que arbitrara "todos los medios a su alcance para habilitar y asegurar el ingreso" de los efectivos policiales.

Según explicaron desde la provincia "habiendo recibido un requerimiento judicial, el día 19 de diciembre en horario de la tarde mediante correo electrónico institucional de la Agencia Córdoba Deportes, se procedió a responder el oficio haciendo saber que el evento estaba a cargo de la firma EN VIVO Producciones como productora y organizadora exclusiva, por lo que tenía a su cargo la comercialización y poder de autorización de ingreso y egreso de personas para dicho espectáculo, como es habitual en cada evento masivo que se realiza en el Estadio Mario Alberto Kempes".

Esta acción fue acreditada por la misma Justicia que informó que "la respuesta llegó el mismo sábado por la tarde: un archivo de Word sin firma informaba que el evento estaba a cargo de la empresa En Vivo Producciones SA y que eran ellos los responsables del control de acceso". Las versiones indicaron que el personal policial enfrentó "serias dificultades en el acceso al estadio", que finalmente se concretó tras gestiones telefónicas entre el representante legal de la productora y funcionarios de la fiscalía, según publicó La Nación este viernes.

Allegados al presidente Agústin Calleri describieron que esa misma noche "vieron a los policías ingresar sin dificultades. Nos sorprende todo lo que estamos leyendo de la prensa porteña", indicaron. "El operativo se llevó adelante", reforzaron en dejar en claro a Perfil Córdoba.

La filtración del operativo

La denuncia adquirió mayor gravedad cuando el fiscal reveló que, durante los intercambios telefónicos con el abogado de la productora, tomó conocimiento de que Calleri no solo no habría realizado gestión alguna para cumplir el requerimiento, sino que "se habría puesto en conocimiento de allegados de Álvarez Congiu acerca de la diligencia policial que se practicaría durante el recital".

Según Abraldes, la defensa técnica del músico realizó gestiones para impedir el desarrollo de la actividad policial mediante comunicaciones a la propia entidad gubernamental, horas antes del comienzo del evento. "La intervención de la División Operaciones Técnicas Especiales de la PFA en el estadio Kempes únicamente era conocida por quien suscribe, los colaboradores de la Fiscalía y las propias autoridades policiales", recalcó el fiscal en su presentación.

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Esta circunstancia permite "sospechar fundada y objetivamente, a la luz de los hechos ocurridos, que el funcionario indicado -o quien resulte responsable según la investigación- podría haber incurrido, al menos, en el incumplimiento" de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que impone el deber de velar por los intereses del Estado y prohíbe el uso de información adquirida en el cumplimiento de funciones en beneficio de intereses privados.

En paralelo, Abraldes presentó una denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional contra la productora Pop Art Music por haber "obstaculizado el accionar policial dentro del estadio, restringiendo las imágenes que podían ser obtenidas" respecto de Pity Álvarez, pese a que los efectivos federales informaron que tenían una orden que cumplimentar en el marco de un proceso judicial.

El contexto judicial

Pity Álvarez enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Díaz, cometido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. También está acusado de portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas.

El debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29, está suspendido porque la defensa logró que Álvarez fuera declarado provisoriamente inimputable por su situación psiquiátrica y psicológica. "El juicio está suspendido. Álvarez está sometido a una junta médica, que de tanto en tanto lo evalúa", explicó una fuente judicial. El músico recibió autorización para viajar a Córdoba recién el miércoles de la semana pasada, 72 horas antes del show, porque no se presentaba en el Cuerpo Médico Forense para cumplir con los exámenes.

En su procesamiento, hace siete años y medio, el juez Martín Yadarola había descartado que Álvarez hubiera reaccionado como consecuencia de un posible delirio persecutorio. "El encuentro con la víctima se prolongó durante varios minutos. En ese contexto, se produjo un primer diálogo, luego una confrontación o discusión, para finalizar con el intento de llevar la cuestión a una riña, que derivó en la reacción del causante, agrediendo a Díaz mediante el ataque armado", sostuvo el magistrado al procesar al músico por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.