El gobernador Llaryora propuso al juez Carlos Rubén Lezcano como nuevo fiscal General de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora firmó el pliego que propone al actual juez de Control  N° 5 Carlos Rubén Lezcano como fiscal General de Córdoba. Sucederá al actual titular Juan Manuel Delgado cuyo mandato vencerá el 15 de marzo de 2026.

La propuesta anticipada vaticina continuidad y la decisión de no dejar vacante un puesto clave en el diseño de las políticas criminales del Ministerio Público Fiscal (MPF). Uno de los desafíos principales será aceitar la puesta en marcha de un nuevo sistema integral de flagrancias en la ciudad de Córdoba. 

De la amistad a la enemistad con Luis Juez

Siendo abogado de matrícula, Lezcano fue designado juez en 2003 a propuesta del por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Después de una gran amistad forjada con el actual senador Luis Juez, el vínculo se había roto. Aquel alejamiento ocurrió cuando Juez estaba al frente de la Oficina Anticorrupción provincial. 

Desde el riñón del juecismo dicen que Lezcano se opuso a que avanzaran investigaciones contra funcionarios provinciales delasotistas. El oficialismo denunció penalmente a Juez porque mientras era vocal de la Dirección de Vialidad ejercía la profesión. Terminó eyectado de la Fiscalía Anticorrupción y con una denuncia penal. 

Para los juecistas, Lezcano los “traicionó”.

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¿Nueva distribución de poder?

Apenas se conoció el nombre del nuevo postulante, en los pasillos de tribunales comenzaron a surgir los análisis.

Dentro del esquema de poder de la Fiscalía General, lo colocan a Lezcano más cerca de Héctor David y con poco o nulo vínculo con el último adjunto que asumió, Alejandro Pérez Moreno. 

Como es sabido desde años, las dos vertientes predominantes del peronismo están representadas por José Gómez Demmel, un hombre cercano a Ricardo Sosa y a Juan Schiaretti; y David, de la cuna del delasotismo. 

El tiempo dirá si esta primera percepción que circula en tribunales se corresponde o no con la realidad.

Los desafíos

Territorialidad y flagrancia son las últimas grandes reformas que, aparentemente, no sufrirán modificaciones con la llegada del nuevo fiscal General.

El nuevo sistema de flagrancias está frenado porque la Legislatura no trata pliegos de fiscales

Ya existieron contactos y diálogos entre Delgado y Lezcano sobre la actual transición del Ministerio Público Fiscal. 

Hace dos años se modificó la estructura de trabajo, pasando de un mix de turnos según distritos a la responsabilidad permanente sobre territorios. Luego se unificaron las jurisdicciones policiales con las Unidades Judiciales y Fiscalías.

Las flagrancias

En breve debería ponerse en marcha otro cambio: el sistema integral de flagrancias que sacará de las Fiscalías de Territorio todos los expedientes que surgen de procedimientos policiales por delitos flagrantes. Solamente falta la designación de seis de nueve fiscales que estarán abocados exclusivamente a ese tipo de causas. A través de un protocolo se diseñó el procedimiento que tendrá eje en dos sedes, los centros de recepción de procedimientos Norte y Sur, en que se dividirá la ciudad. En cada una de ellas actuarán las Unidades Fiscales de Flagrancias (UFF) con cuatro y cinco fiscales, respectivamente.

La puesta en marcha está demorada porque la Unicameral no trató aún los pliegos -con las respectivas entrevistas en la Comisión de Acuerdos- de seis postulantes.

Estiman que ese trámite debería producirse este mes. La jura y asunción serán inmediatas. Si bien las UFF implementará nuevos organismos dentro del Ministerio Público Fiscal, prácticamente todos los Fiscales de Territorio esperan ese cambio porque implicará quitar de sus estantes cientos de expedientes que tendrán tratamiento en las UFF. Hay casos donde representan el 70% de las causas en trámite.