El juicio al exfuncionario mestrista Mario Rey devela cómo se pedía la coima

No siempre se ve tan clara la sospecha de corrupción como en el juicio que inició ayer en la Cámara 4a del Crimen para esclarecer la conducta de tres funcionarios de Servicio Públicos durante la gestión municipal de Ramón Mestre (h). Al menos, por lo que se pudo escuchar hasta ahora. Los acusados son: Mario Rey, Alejandro Rezk y Mario Medina. 

El delito por el que son juzgados es extorsión. Hoy habrá una prueba clave: el video grabado con cámara oculta que difundió el programa televisivo ADN donde se observa a los funcionarios pidiendo favores y coimas.

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Qué pasó en el inicio del debate

En la primera jornada, los tres imputados negaron los hechos. Rey subrayó que él llevó a la Justicia la denuncia antes que los empresarios, titulares de Visión Nocturna SA, uno de cuyos socios era Alfredo Escribano (ya fallecido).

Comenzó la ronda de testigos con la declaración de la socia y pareja de Escribano, María Almada. Expuso a lo largo de cuatro horas. La firma propiedad de ambos en partes iguales proveía de servicios de vigilancia desde 2009 a objetivos municipales, como el Hospital de Urgencias, el cementerio San Vicente, el 107, la planta de tratamiento cloacal de Bajo Grande, entre otros. Los primeros contratos los hizo la gestión de Daniel Giacomino. 

Según su relato, el problema se suscitó a partir del 11 de diciembre de 2011, cuando asumió el nuevo gobierno municipal encabezado por Mestre hijo.

Su pareja fue a la Municipalidad a conocer a los funcionarios de Servicios Públicos. Escribano se encargaba de tratar con ellos para gestionar los pagos atrasados. Señaló que siempre había “demoras de seis a nueve meses” para acreditarlos.

Narró varias reuniones que tuvieron con Rey y Medina en bares de Cofico y cercanos al Palacio 6 de Julio. Describió la “enorme presión” recibida de parte de los funcionarios entrantes. La primera condición que les pusieron para cobrar los servicios prestados y continuar como proveedores, fue  contratar personal “para contener a militantes”. El fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, le pidió precisiones sobre el significado de esa situación.

Visión Nocturna tenía alrededor de 80 empleados, todos en blanco. Almada contó que Rey les dio una lista con 80 nombres para que los incorporen a la planta de personal. Cuando analizaron si tenían un perfil para ser vigiladores, señaló que fueron descartando porque “muchos tenían antecedentes penales”. Terminaron contratando 22 personas.

También contó que les exigieron un pago de dinero para poder seguir prestando servicios y cobrar las deudas atrasadas. Quebró en llanto al recordar que se acercaba Navidad y debían pagar sueldos y aguinaldo; y no tenían con qué afrontarlos.

La Municipalidad de Córdoba era el cliente principal de Visión Nocturna. Si bien tenía otros particulares, eran housing en la zona noroeste de la ciudad y dijo que eran contratos en negro.

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“No quería pagar coimas” dijo Almada, pero luego admitió que entregaron un sobre con el dinero requerido porque la situación económica era asfixiante. El intermediario era un empleado que ellos contrataron a pedido de Rey, Mario Santony quien también estuvo imputado y falleció.

A la consulta del presidente de la Cámara, Luis Nassiz, sobre cuáles eran las presiones que recibieron, Almada dijo que les "mataron dos perros dogo”, que tenían en un corralón municipal y otro en el crematorio del cementerio San Vicente; que los “empleados” exigidos por Rey resistían directivas o directamente “no movían un solo papel” para entorpecer la burocracia para que se depositen los pagos.

La cámara oculta que todos quieren ver

La abogada querellante, Karina Zeverín, pidió expresamente que se emita en la audiencia el informe que puso al aire el programa televisivo ADN donde se vio una cámara oculta a los funcionarios acusados. 

Se grabó en un bar. Almada contó en su testimonio que ella fue quien decidió hablar con la producción del programa porque estaba cansada de las presiones de los funcionarios. Dijo que ella no estuvo en condiciones de llevar la cámara oculta en su ropa, pero que sí lo hizo su pareja Alfredo Escribano. Y que sabía las consecuencias que acarrearía: la baja de todos los contratos por servicios que prestaba.

¿Jurados sí o no? 

El juicio comenzó con un tribunal integrado por los jueces técnicos -Nassiz y los vocales María Antonia de la Rúa y Enrique Berger- y jurados populares. Antes de la apertura del debate, la acusación fue mutando. En un momento la calificación legal impuesta fue “exacciones ilegales”. En la presente audiencia es “extorsión”.

Si a lo largo del debate se mantiene esta última, es probable que los jurados no participen finalmente en la deliberación para condenar o absolver porque el menú de tipos delictivos está acotado a ciertas figuras para que intervengan ciudadanos comunes. Eso no está cerrado aún. Dependerá del devenir de la audiencia.