El próximo martes, 19 de agosto, la Cámara 4a del Crimen abrirá un juicio por presunto cobro de coimas a empresas de vigilancia que prestaron servicios a la Municipalidad de Córdoba durante la gestión del exintendente Ramón Javier Mestre.
El proceso adquiere relevancia por la persistencia en el tiempo de ventanillas municipales para cobrar coimas a cambio de habilitaciones, favores en licitaciones y otras irregularidades. En efecto hay una megacausa abierta en la Fiscalía de Instrucción del Distrito I Turno 2, a cargo de Guillermo González, que evidencian multiplicidad de cobros de inspectores municipales, falsificación de certificados de habilitación, negocios espurios con locales nocturnos, centros comerciales, otorgamiento de carnet para conducir.
Mientras avanzan esas líneas de investigación, se juzgará a tres exfuncionarios radicales por pedir coimas por hechos ocurridos hace 14 años.
En este caso, el tribunal estará integrado con jurados populares.
Se sentarán en el banquillo de los acusados quien fue subsecretario de Servicios Municipales desde diciembre del 2011, el radical Mario Rey, y sus colaboradores Alejandro Rezk y Guillermo Medina. Los tres estuvieron en el arranque de la gestión de Ramón Mestre (h) en la Municipalidad de Córdoba. Cuando estalló la causa penal, fueron reemplazados.
La denuncia había sido presentada por los dueños de la empresa Visión Nocturna SA que prestaba servicios de vigilancia en hospitales y otras dependencias municipales desde el año 2009. Pasó casi una década y media desde que se puso en marcha la investigación para llegar a la instancia definitoria de juicio oral y público.
Según la abogada querellante, Karina Zeverín, al negarse a efectuar los pagos de coimas, la empresa no cobró facturas adeudadas y entró en cesación de pagos. La letrada calculó el perjuicio en unos 200 mil dólares. Con el paso del tiempo, uno de los dueños de la firma falleció.
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Cuadro tarifario de sobornos
La acusación con la cual llegan a juicio describe los hechos de presunta corrupción y narra desde cuándo habrían ocurrido.
Cuando cambiaron las autoridades municipales en 2011, Mario Rey (56) -subsecretario General de Servicios- junto con sus subordinados Héctor Alejandro Rezk (58) -director de Logística y Seguridad-, y Guillermo Alejandro Medina (56)-director General de Servicios y Mantenimiento- pidieron coimas a Alfredo Nicolás Escribano y María Constancia Almada, representantes de Visión Nocturna SA, como condición para cobrar los servicios que habían prestado.
Les exigieron contratar personal como empleados de la firma a personas que habían colaborado en la campaña política de los funcionarios. Les dijeron que había que “contener a militantes”. Visión Nocturna hizo 22 contratos, muchos de los cuales no tenían el perfil adecuado como vigiladores.
Además, les exigieron sobornos, según un cuadro tarifario. Los porcentajes eran los siguientes: 20% de los pagos "viejos" (servicios anteriores al 10 de diciembre de 2011); 15% por pagos no tan viejos; 10% para "arreglar" compulsas o licitaciones; y 5% para trabajos nuevos.
En marzo de 2012, Visión Nocturna SA ganó una compulsa de precios para brindar seguridad del Hospital del Sur. Luego de ello, Rey le exigió a la firma un pago mensual para no "molestarlos más". La maniobra no se consumó. Los titulares de la empresa se negaron a entregar el dinero.
Una actitud similar habrían tenido también con “Centinela Servicio a Empresas" que fue incorporada como prestadora el 1 de febrero de 2012. Cuando sus dueños se quejaron porque no les pagaban en término, Rey les habría sugerido un "gesto de buena voluntad" para que los pagos salieran y el mecanismo de servicios y pagos se "aceitara".
Además, le impusieron la contratación de una empleada que fuera a la Municipalidad para activar todos los expedientes, como si fuera una gestora.
Datos del juicio
La imputación con la cual llegan acusados Rey, Rezk y Medina es por el delito de extorsión consumada y en grado de tentativa.
La Cámara 4a estará integrada con los vocales Luis Nassiz, María Antonia de la Rúa y Enrique Berger.
El fiscal de Cámara que intervendrá es Marcelo Hidalgo.
La querella está a cargo de Karina Zeverín. El defensor de los imputados es Julio Deheza.
