Una discusión jurídica de ribetes inéditos se planteó en la causa donde el dirigente de Surrbac y exdirector obrero de Crese, Pascual Catrambone, está acusado de hacer negocios incompatibles con dos empresas privadas vinculadas a su entorno.
En la tarde de ayer, lunes, el abogado de Catrambone, Eduardo Gómez Caminos, recusó del fiscal Anticorrupción que lo investiga, Franco Mondino, por “pérdida de objetividad”. Se basó en una resolución donde el magistrado rechazó testimonios y pruebas ofrecidas por la defensa, señalando que el meollo de los reproches no constituían meras irregularidades administrativas en las licitaciones, sino cuestiones de índole penal.
Minutos después de la recusación, ingresó al Sistema de administración de causas (SAC) el requerimiento de citación a juicio en contra de Catrambone y otras 12 personas, firmado por el fiscal Mondino, clausurando así la etapa de instrucción.
Ambos escritos -la recusación y la elevación a juicio- fueron incorporados al SAC entre las 16 y las 17 horas; es decir, en horario inhábil.
Con la digitalización de los expedientes, es habitual presentar documentos al sistema incluso fuera de horario. Formalmente, lo que entra después de las 14, se incorpora a las 8 AM del día siguiente.
Ahí está la inédita controversia que atraviesa la causa del dirigente sindical. ¿Pudo el fiscal elevar a juicio si estaba recusado, a pesar de que el planteo y su propia resolución ingresaron en horario inhábil?
En relación con el pedido para que Mondino se aparte, él fijará su posición. Es prácticamente imposible que coincida con la defensa. Luego, resolverá el juez de Control N° 3, Agustín Cafferata.
Para Gómez Caminos, la citación a juicio es nula. Así lo sostuvo ante Perfil CÓRDOBA al adelantar que interpondrán un recurso de nulidad.
Suman imputaciones en el caso Crese por contratos con empresas del clan Catrambone
Quiénes y por qué deben ir a juicio
Como se dijo al inicio de esta crónica, el fiscal Mondino resolvió la citación a juicio en contra de 13 personas, entre las cuales está el dirigente sindical Pascual Catrambone.
Los acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas en carácter de partícipes. Las empresas contratista fueron Hygise SA y Krates Constructora. La primera proveía de insumos a la Crese y la segunda realizó movimiento de suelos en el enterramiento de basura Piedras Blancas.
Para el fiscal, quedó acreditado la responsabilidad de los 13 imputados porque no debieron realizar negocios con firmas vinculadas a Catrambone, mientras él fue director obrero de la desaparecida empresa estatal Crese.
Además de Catrambone, están imputados los socios y directivos de las firmas: su hijo Agustín Mauricio Catrambone, su cuñado Pablo Luis Oviedo, Mauricio Boñanni, Miguel Enrique Cáceres y Martín María Crespo.
Por la ex-Crese, la acusación alcanza a los exdirectores Alberto Luis Castaño y Norberto Bergami; los funcionarios del área técnica, Oreste Daniel Godino, Aldo Walter Vargas, Enrique Imberti Figueroa, Federico Ángel Obenauer y Sebastián Gonzalo Gamboa.
Todos ocuparon cargos durante la gestión de Ramón Mestre como intendente de la ciudad de Córdoba. El expediente lleva nueve años de trámite porque la investigación comenzó en 2016.
