El negocio de la basura con sus tres patas –municipal, gremial y privada– parece no tener fin en los diferentes planos judiciales, tanto provincial como federal. La última novedad surgió en los tribunales provinciales, donde el fiscal Penal Económico y Anticorrupción del 2° turno, Franco Mondino, amplió las responsabilidades penales que ahora alcanza a 13 personas, entre los cuales se encuentran Catrambone, padre e hijo, socios y apoderados de empresas vinculadas a ambos, expresidentes y directores de la ex-Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado) y empleados del área de compras y de contralor.
Todos están imputados por negocios incompatibles con la función pública. En palabras simples significa “estar de los dos lados del mostrador”, como contratante y contratista en forma simultánea. Pascual Catrambone, en calidad de autor, y el resto como partícipes necesarios para la consumación del delito.
El decreto con el nuevo panorama judicial fue firmado por Mondino el 25 de abril último. Luego de ello, convocó a indagatorias a todos los imputados. El lunes pasado declararon el propio Catrambone y su hijo, Agustín Mauricio Catrambone. Las empresas en cuestión son Higyse SA y Krates Constructora SA. La primera de ellas proveía de insumos a Crese y la segunda fue contratada para movimiento de tierras desde una fosa hacia el enterramiento de Piedras Blancas, en Bouwer. En ambos casos fueron contrataciones directas.
Los accionistas de Higyse SA eran Agustín Catrambone –quien luego vendió sus acciones a Pablo Oviedo– y Mauricio Boñanni. Los de Krates Constructora SA eran Pablo Oviedo –cuñado de Pascual Catrambone– y Miguel Cáceres, pero el contrato con Crese lo firmó Martín María Crespo en calidad de apoderado. Según la sospecha que tiene la investigación, se usó a Crespo como pantalla para que no aparecieran nombres de personas ligadas directamente al entonces director obrero de la Crese.
Los hechos se remontan a 2013, en el caso del contrato con la primera de las empresas, y a 2018, en el segundo.
La nueva lista de los imputados incluye a Pascual Catrambone, los socios y directivos de las empresas ligadas a él, su hijo Agustín Mauricio Catrambone, su cuñado Pablo Luis Oviedo, Mauricio Boñanni, Miguel Enrique Cáceres y Martín María Crespo. Por la ex-Crese fueron acusados los exdirectores Alberto Luis Castaño y Norberto Bergami; los funcionarios del área técnica Oreste Daniel Godino, Aldo Walter Vargas, Enrique Imberti Figueroa, Federico Ángel Obenauer y Sebastián Gonzalo Gamboa. Todos ocuparon cargos durante la gestión de Ramón Mestre como intendente de la ciudad de Córdoba.
Qué dice la defensa. El abogado Eduardo Gómez Caminos asiste legalmente a Catrambone, padre e hijo, y a Boñanni.
Según la investigación fiscal, Pascual Catrambone es el eje de las sospechas porque manejaba y se beneficiaba –a través de las personas mencionadas– de las empresas contratistas, al tiempo que ocupaba el cargo de director obrero, como trabajador de Cotreco. Gómez Caminos opinó que “la causa no existe, no hay delito”. Explicó que la función de director obrero en la empresa municipal se ajustaba a representar a los trabajadores, sin poder de decisión sobre las contrataciones. Y agregó que otro elemento determinante es el precio al que cotizaron las firmas investigadas. “Fueron los mejores”, señaló a Perfil Córdoba.
Desde la Fiscalía dejaron trascender que la figura delictiva que se aplica en este caso no meritúa las ganancias obtenidas. El cálculo estimativo de los montos que incluyeron los dos contratos ronda los $ 28 millones. En cambio, sí tiene presente la función que cumplía Catrambone y que lo colocaba en una situación que impedía la contratación de empresas propiedad de su hijo y su cuñado.
A 12 años del primer contrato comercial de la desaparecida empresa de recolección de residuos municipal –desarticulada por Martín Llaryora mientras fue intendente– pasaron tres gestiones y las causas judiciales siguen abiertas y en desarrollo.
Las causas en tribunales federales
La Justicia Federal también abordó en expedientes diferentes presuntos delitos cometidos por dirigentes del gremio Surrbac, de una de las empresas que prestó la recolección de residuos, Cotreco, y de la firma municipal Crese.
La referida al sindicato de recolectores se dividió en dos. Las defraudaciones, asociación ilícita y usura que se habría cometido a través de la obra social sindical y la mutual, se encuentra a la espera de una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal debe resolver si corresponde un ofrecimiento multimillonario –US$ 750.000– en concepto de reparación del daño que propusieron Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, los máximos exponentes del Surrbac. El Tribunal Oral Federal 1 rechazó la propuesta de la defensa. Es decisión fue casada por los defensores. Mientras tanto, en primera instancia se elevó a juicio el tramo referido al presunto lavado de activos. Eso todavía debe ser juzgado.
En paralelo, a fines del año pasado, los directivos de la empresa privada Cotreco fueron sobreseídos en la causa por asociación ilícita fiscal, al haber emprolijado las deudas con el fisco, adhiriendo a sucesivos blanqueos impositivos dispuestos por el Gobierno nacional.
Y en cuanto a los directivos de la ex-Crese, el expediente se encuentra radicado en el TOF1 para la celebración del juicio oral y público, aunque todavía no hay fecha.
