Investigación a la Caja previsional de ingenieros: una trama de “moratorias inversas” y relevamientos fraudulentos

La Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba (Ley 8470) es objeto de una compleja investigación judicial a partir de maniobras que le habrían causado perjuicios multimillonarios poniendo en riesgo los haberes que otorga a sus 21.000 beneficiarios.

La denuncia fue presentada a fines de diciembre del año pasado por el presidente de la entidad, Jorge Angel Santecchia, con el patrocinio letrado de Miguel Ortiz Pellegrini. Describe dos maniobras principales utilizadas para desviar fondos y beneficiar a terceros: moratorias inversas y relevamientos fraudulentos. 

El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, dispuso esta semana la intervención judicial de la Caja luego de imputar a la vicepresidenta Liliana Scaglia y a los vocales Ana Ruzycki y Micolo Noé. Les atribuyó la presunta autoría del delito de defraudación por administración infiel.     

También fueron imputados como partícipes necesarios del mismo delito los dirigentes del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (Ciec) Inti Manuel Smith (presidente), Luis Calderón (vicepresidente) y Carmen Rodríguez (secretaria); y del Colegio de Arquitectos, Diego Peralta y Nicolás Luis Paulín. 

Peralta, además es secretario de Desarrollo Urbano. A partir de la imputación, tomó licencia.

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Maniobras investigadas

Según pudo conocer Perfil CÓRDOBA los imputados habrían activado dos tipos de maniobras.

Una podría denominarse la "moratoria inversa a futuro". Si bien las moratorias son perdones para acomodar deudas, en este caso el Directorio de la Caja aprobó por mayoría -conformada por los tres imputados- un plan de regularización de deudas que, de forma inédita, se aplicó a obras futuras. En palabras simples, se otorgaron facilidades (quitas de intereses y cuotas fijas) a créditos que aún no existían, congelando el precio del metro cuadrado y beneficiando a grandes emprendimientos.

La otra modalidad investigada es un presunto fraude en relevamientos de obras. La normativa exige registrar los proyectos mediante tareas de Proyecto, Dirección Técnica (DT) y Representación Técnica (RT). Sin embargo, se detectó que para obras de gran envergadura —como parques eólicos y solares— se utilizó la figura excepcional del relevamiento (propia de obras clandestinas) para reducir drásticamente los aportes a la Caja.

La denuncia detalla casos específicos donde la intervención de otros entes, como el Colegio de Ingenieros Especialistas (CIEC), habría perjudicado las arcas de la entidad previsional. El abogado Ortiz Pellegrini puso como ejemplo el Parque Eólico General Levalle de YPF Luz. La Caja reclamaba aportes por tareas completas, el Ciec promovió la registración como "relevamiento". Esto resultó en un pago equivalente a la mitad de lo que deberían haber tributado.

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Auditoría y números bajo la lupa

El fiscal consideró imperativo controlar la legalidad de los actos de la institución y ordenó una auditoría integral a cargo del Equipo Técnico de Auditorías Contables del Poder Judicial para evaluar la situación económico-financiera y los expedientes administrativos bajo sospecha.

En su denuncia, Santecchia acompañó un informe actuarial que advierte que, de mantenerse estas modalidades de "relevamiento indiscriminado", el sistema previsional de los ingenieros y arquitectos de Córdoba podría quebrar en un plazo no mayor a tres años.

Con la intervención ahora en marcha, la Justicia busca determinar la magnitud total del daño y la responsabilidad de los administradores en lo que califican como un supuesto "abuso de cargo" para favorecer intereses privados. La pregunta que deja latente la pesquisa judicial es quiénes se beneficiaron, además de las empresas con relevamientos clandestinos o moratorias anticipadas.