Investigan una red de carnets truchos en Córdoba: hay ocho empleados municipales imputados

La Justicia de Córdoba avanza en una investigación por la emisión irregular de licencias de conducir en el Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Jardín. La causa, encabezada por el fiscal Ernesto de Aragón, ya tiene 22 personas imputadas, entre ellas ocho empleados municipales, y derivó en allanamientos tanto en dependencias públicas como en domicilios particulares.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por las propias autoridades municipales, que detectaron anomalías en el otorgamiento de carnets de conducir. Tras varios meses de análisis y el secuestro de documentación oficial, la fiscalía logró identificar más de 30 casos de licencias expedidas sin cumplir con los requisitos legales exigidos por la normativa vigente.

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Según explicó De Aragón, las maniobras consistían en omitir instancias obligatorias como los exámenes teóricos, prácticos y médicos. En algunos casos, incluso se constató que personas que no sabían conducir obtuvieron el carnet de manera irregular.

Entre los imputados se encuentran ocho empleados o funcionarios municipales y catorce particulares. Además, dos agentes públicos fueron detenidos debido a la cantidad de hechos atribuidos y a la posición jerárquica que ocupaban dentro del área de transporte del CPC Jardín. Ambos enfrentan cargos por falsedad ideológica reiterada y abuso de autoridad.

De acuerdo con la investigación, los beneficiarios de estas licencias mantenían contacto directo con empleados involucrados en la maniobra para agilizar los trámites y evitar los controles establecidos. Pese a las irregularidades, los documentos tenían plena validez legal porque eran emitidos a través de los sistemas oficiales del municipio.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que, hasta el momento, no se detectó el cobro de dinero a cambio de los carnets. Según el fiscal, la operatoria estaba vinculada principalmente a favores personales, influencias políticas y retribuciones informales.

"Lo que se hacía era omitir el cumplimiento de los requisitos legales para expedir el carnet, como el examen práctico, teórico o médico", explicó De Aragón. Además, sostuvo que no se pudo acreditar la existencia de una asociación ilícita, ya que las maniobras se realizaban de manera particular entre los involucrados y no bajo una estructura organizada.

La fiscalía enviará un informe a la Municipalidad de Córdoba con el detalle de cada uno de los casos detectados para que se proceda a la anulación de las licencias otorgadas de manera irregular. Mientras tanto, la causa continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de los legajos secuestrados.