La historia no era como creíamos: taxista terminó imputado junto a inspector municipal y al dueño de la chapa

Dos inspectores municipales fueron imputados en expedientes bajo investigación en la Fiscalía Anticorrupción N° 2, a cargo de Franco Mondino. Se trata de hechos totalmente diferentes, con imputados que nada tienen que ver entre sí pero que ponen bajo la lupa la calidad de actuación de los funcionarios cuyo rol es hacer cumplir las normativas municipales.

Uno de los hechos fue ampliamente difundido porque un chofer de taxi grabó con un celular mientras entregaba $10.000 al empleado de la Municipalidad de Córdoba. El episodio ocurrió el 18 de enero de 2024 a la siesta en Arturo M. Bas al 300, en pleno centro de la ciudad. 

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Santiago Nicolás Dutra conducía un Chevrolet Corsa Classic como chofer de taxi, fue controlado por el inspector de tránsito municipal Carlos Raúl Romero ante un supuesto faltante de documentación habilitante que implicaba el remolque del vehículo.

Siempre según la reconstrucción fiscal, en ese contexto Dutra se comunicó telefónicamente con Jorge Ariel Passero, administrador de la licencia del taxi. Acordaron ofrecer dinero al inspector.

Romero le dijo al chofer: “fíjate cómo podemos arreglar, si no te tengo que llevar el auto”. Dutra —siguiendo instrucciones telefónicas de Passero— le ofreció $10.000 para evitar el secuestro del rodado.

El intercambio se concretó a unos 50 metros del control inicial, en Arturo M. Bas al 350. En ese trayecto, el chofer activó la cámara de su celular y grabó un video de unos 50 segundos en el que se lo observa contando billetes de mil pesos y diciendo: “coimeando a un municipal”. Luego, según la acusación, se produjo el “pasamanos” del dinero, tras lo cual el inspector se habría retirado sin labrar el acta correspondiente.

El video llegó a medios de comunicación y se replicó en redes sociales, con la única versión del chofer que no terminó de contar la historia que ahora aparece a partir de la investigación judicial iniciada de oficio; no hubo denuncia de la Municipalidad según pudo constatar este medio.

Para la fiscalía, los hechos encuadran prima facie en cohecho activo —para el chofer y el administrador de la licencia— y cohecho pasivo para el inspector. La investigación continúa y resta la producción de nuevas medidas probatorias.

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Vista gorda a fiestas electrónicas

El otro expediente judicial atañe a un inspector de la Dirección de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Córdoba por presunto cobro de sobornos vinculados a la realización de eventos de música electrónica sin habilitación. También está a cargo del fiscal Mondino.

En el expediente, remitido originalmente por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, fueron imputados el inspector municipal Rodrigo Sebastián Olmos por cohecho pasivo, y Joaquín Ignacio Brunotto, DJ y organizador de eventos, por cohecho activo. Ambos negaron los hechos y la causa también se encuentra en etapa investigativa.

Según las pruebas reunidas, el 31 de enero de 2024, Brunotto se comunicó por WhatsApp con Olmos para informarle que el 3 de febrero realizaría un evento de música electrónica en el predio denominado “Qatar”, en barrio Villa Retiro, sin habilitación municipal.

Después de la fiesta, el 3 de febrero, el organizador se comunicó nuevamente con el inspector y el 5 de febrero le habría entregado la coima -no se especificó el monto- con el objetivo de que no denunciara la actividad irregular.

Hubo una segunda fiesta electrónica, denominada “Zisko – Reven B2B Cheenzo Outer909-”, realizada el 9 de febrero de 2024 en un local de barrio Güemes.

De acuerdo con la acusación, el 11 de febrero Brunotto consultó por mensaje cuánto debía pagar “por la fecha del viernes”. Ese mismo día, siempre según la hipótesis fiscal, Olmos se habría dirigido a un domicilio de la ciudad donde recibió una suma de dinero para omitir controles y no denunciar el evento ante el área municipal correspondiente.