Ley contra “naranjitas ilegales”: el PJ avanza y define la "letra fina" para aprobarla el miércoles

En el marco de la reunión de la Comisión de Seguridad de la Unicameral, que encabeza Juan Manuel Llamosas, los legisladores recibieron a distintos actores sociales involucrados en la problemática de los “naranjitas ilegales” con el objetivo de escuchar todas las voces antes de avanzar en la redacción del dictamen.

En primer lugar, expusieron los legisladores autores de los cinco proyectos que están en agenda de la comisión. Luego, fue el turno de los representantes de centros vecinales de barrio Centro, Güemes, Juniors y Nueva Córdoba, junto a cooperativas de cuidacoches, comerciantes y de la Iglesia, quienes aportaron sus miradas sobre un fenómeno que combina aristas sociales, laborales y de seguridad.

Con ese insumo, el oficialismo avanzó un paso en su hoja de ruta y se encamina a firmar despacho este martes, con la mira puesta en sancionar la ley en la sesión del miércoles. La estrategia del PJ es compatibilizar las distintas iniciativas en un texto que logre el mayor consenso posible, tal como anticipó Llamosas a Perfil Córdoba.

En ese marco, el oficialista defendió la necesidad de establecer un criterio claro: prohibir toda actividad en el espacio público que no esté debidamente autorizada por los municipios. En la práctica, la iniciativa que impulsa el Ejecutivo apunta a regular el sistema mediante cooperativas habilitadas por los gobiernos locales, al tiempo que endurece sanciones para quienes operen por fuera del esquema.

El proyecto también busca ordenar competencias entre Provincia y municipios, dejando en manos de estos últimos la potestad de autorizar la actividad, y dotar de mayores herramientas a la Policía. A la par, incorpora programas de inclusión y reconversión laboral para quienes hoy dependen de este trabajo informal.

Uno de los puntos aún en discusión es el capítulo de los limpiavidrios, aunque la balanza se inclina a reflejar en la ley la prohibición total. Esa definición quedará sujeta a la “letra fina” del dictamen que el PJ intentará cerrar en las próximas horas.

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Orden y control

Entre los vecinos que participaron de la comisión, el diagnóstico fue contundente: “desorden” y “falta de control” en la vía pública. Los representantes de centros vecinales respaldaron la necesidad de avanzar con una ley que ordene la actividad sin criminalizar a quienes trabajan dentro de esquemas formales. “No se busca perseguir a nadie, pero tenemos que ordenar el espacio público”, señalaron, al tiempo que reclamaron que el Estado haga caer “todo el peso de la ley” sobre quienes delinquen bajo la fachada de cuidacoches. Y, en ese sentido, remarcaron que hace falta mano dura contra “los delincuentes disfrazados de naranjitas”.

En contraposición, Noel Quinteros, referente de la cooperativa CBA de naranjitas habilitados, defendió la continuidad del sistema al sostener que se trata de una fuente de trabajo genuina y autogestionada que involucra entre 2.000 y 3.000 puestos laborales. Además, cuestionó la “demonización” del sector y reclamó que el debate no desconozca a los trabajadores como “sujetos de derecho”.

Quinteros planteó como alternativa fortalecer el rol de las cooperativas y avanzar en la inclusión de quienes hoy no están regularizados, al sostener que el propio sector está en condiciones de ordenar y ampliar el sistema sin reproducir las irregularidades que se denuncian.

En la misma línea, la Iglesia Católica expresó su rechazo a una prohibición y se inclinó por una regulación con enfoque social, que combine reglas claras con contención para los sectores más vulnerables.

Oposición dividida

A su turno, el legislador Gregorio Hernández Maqueda ratificó su propuesta de “prohibición total y absoluta” de naranjitas y limpiavidrios, sin distinción entre autorizados o no, al considerar que es la única forma de “recuperar el espacio público, el orden y la libertad”. También cuestionó el esquema autorizado por el intendente de turno, al que definió como una “trampa” que perpetúa la informalidad.

No obstante, aclaró que su iniciativa contempla un período de transición con un programa estatal de reconversión laboral, orientado a la capacitación en oficios e inserción en el sector privado, en articulación con instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba.

En el plano político, la oposición muestra posiciones divididas. Mientras la bancada UCR se inclina por aprobar el proyecto de ley —en línea con la iniciativa de Matías Gvozdenovich e Inés Contrera que promueven la regulación—, el Frente Cívico adelantó su rechazo. El ultrajuecista Walter Nostrala advirtió que no es necesaria una ley provincial, ya que la potestad de regular la actividad corresponde a los municipios, y cuestionó con dureza la inacción de la gestión del PJ en la ciudad capital. 

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Los ejes clave de la ley

El dictamen que el oficialismo busca cerrar toma como base el proyecto de Oscar Agost Carreño, que establece que el cuidado de vehículos en el espacio público solo podrán realizarse con autorización expresa de la autoridad competente. La iniciativa prevé sanciones que van desde multas y trabajo comunitario hasta días de arresto para quienes ejerzan la actividad de manera ilegal.

En esa ingeniería legislativa, el PJ intenta compatibilizar los cinco proyectos sobre la mesa, incorporando aportes opositores como la lógica regulatoria del radicalismo y el enfoque de inclusión sociolaboral. La prohibición total de Hernández Maqueda, en cambio, quedó descartada. Sin embargo, suma fuerza la negativa a la actividad de los limpiavidrios. 

Según pudo reconstruir Perfil Córdoba ante la consulta a distintas fuentes parlamentarias, el despacho apunta a la finalidad de la prohibición de la actividad sin habilitación municipal y se fijan sanciones a lo ilegal que van desde trabajo comunitario y multas hasta arresto de hasta seis días. También figuran agravantes en el caso de actuación en grupo, uso de menores, zonas críticas (hospitales y eventos masivos), aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad o reincidencia. 

Otro punto central del proyecto es el refuerzo de la capacidad de intervención policial, al habilitar a la fuerza a actuar de manera inmediata ante la infracción, secuestrar dinero, objetos y elementos utilizados en la actividad, adoptar medidas preventivas para hacer cesar la conducta y labrar actuaciones asegurando pruebas en el lugar. Si bien la investigación quedará en manos del Ministerio Público Fiscal, la Policía gana margen operativo para intervenir directamente en la calle y frenar en el momento la actividad ilegal.

De acuerdo a lo destacado, se establece un esquema más claro de actuación: la Policía constata y actúa en el momento, pero debe remitir rápidamente las actuaciones a la Justicia contravencional. Además, se impulsa que los municipios informen quiénes están habilitados para facilitar controles.

Por último, el dictamen incorporará un enfoque social: el Ejecutivo deberá implementar programas de capacitación y reinserción laboral para quienes sean sancionados, articulando con municipios y organismos provinciales.

Con ese esquema, el oficialismo apuesta a emitir despacho de mayoría este martes para que llegue al día siguiente al recinto de sesiones. El PJ cuenta con los votos necesarios para sancionar una ley que, entre tensiones políticas y presión social, busca ponerle un marco regulatorio definitivo a una de las problemáticas más sensibles del espacio público con epicentro en la capital cordobesa.