El concejal de la ciudad de Córdoba, Sergio Ariel Piguillem (Bloque UCR), presentó una acción de amparo por mora contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba ante el silencio sostenido frente a sus pedidos de información sobre el juego online. La causa se encuentra radicada en la Cámara Contencioso Administrativa de 1a Nominación.
El origen del conflicto judicial está en el incumplimiento de los plazos previstos por la Ley N° 8.803 de acceso a la información pública. Según consta en la demanda, Piguillem ingresó un pedido el 3 de marzo último, a través de la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno. El trámite fue digitalizado y derivado a la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, al día siguiente. Pasó más de un mes y Piguillem no recibió ninguna respuesta.
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Datos ocultos del juego online
El amparo busca que la Justicia intime al Gobierno de Córdoba a detallar aspectos críticos de la aplicación de la Ley N° 10.793, que regula las apuestas virtuales en la provincia, desde octubre de 2024.
Entre los puntos solicitados por Piguillem hay datos básicos sobre cómo están funcionando las apuestas virtuales:
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El destino y uso del canon abonado por las empresas licenciatarias.
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Las acciones llevadas a cabo para concientizar sobre los efectos nocivos del juego.
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Información sobre el Registro de Jugadores, específicamente la cantidad de inscriptos y sus edades.
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Copia de los pliegos de las licencias otorgadas.
Al referirse a la presentación judicial, Piguillem fue crítico con la gestión del gobernador Martín Llaryora, comparando el caso con la falta de respuestas que también ha denunciado a nivel municipal. “Otra vez nos llevan al extremo de tener que acudir a la justicia para obtener datos elementales”, expresó el edil, subrayando que la documentación solicitada es información básica que debería estar a disposición del público.
Cuestionó la falta de transparencia, pilar de la democracia. Asimismo, alertó sobre las consecuencias sociales de la actividad, señalando que el juego online está causando "estragos" en escuelas y hogares, lo que hace urgente conocer qué medidas de control se están ejecutando realmente.
