Córdoba: aumentan 500% los “gastos reservados” para Seguridad, el TSJ y otros dos ministerios
Las máximas autoridades de los ministerios de Seguridad, Gobierno y Justicia, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispondrán de 350 millones de pesos, en total, para utilizar discrecionalmente.
En una sesión maratónica, la Legislatura de Córdoba aprobó las leyes económicas para el año 2024, entre las que se destaca la del Presupuesto General para la Administración Pública Provincial. Allí figura un aumento del 506,35% en la disponibilidad de dinero para gastos reservados respecto a 2023, que podrán utilizar los ministros de tres carteras, el jefe de Policía y el presidente del TSJ.
Para el corriente 2023 el presupuesto del ítem “gastos reservados” se estableció en 57.722.000 de pesos, de los cuales hasta la fecha se ejecutaron 46.500.000. Según el artículo 8 de la ley 5.901 de Ejecución del Presupuesto, "únicamente" pueden disponer de esa partida el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el ministro de Seguridad y el jefe de la Policía de Córdoba.
Sin embargo, la disponibilidad de dinero fue ampliada en dos sentidos para el año venidero. Primero, con la aprobación el pasado miércoles de la ley 38.102 que establece modificaciones al Código Tributario Provincial, el artículo 5 (página 13) de esta norma autorizó incluir a los ministros de Gobierno y de Justicia en el articulado descripto en el párrafo anterior.
Y segundo, el monto de “gastos reservados” presupuestado para 2023 tuvo un incremento de un 506,35% para el año próximo. O sea, de 57.722.000 de pesos se amplió a 350.000.000 que podrán ejecutar discrecionalmente el presidente del TSJ, los ministros de Gobierno, de Seguridad, de Justicia, y el jefe de Policía.
Aquí cabe aclarar que, según la Programática por Objeto del Gasto que publica el Ministerio de Finanzas provincial, esos 350.000.000 de pesos para 2024 están asignados específicamente al Ministerio de Gobierno y Seguridad. Vale decir también que la ley faculta a las autoridades arriba indicadas a hacer uso de la partida si lo requirieran.
Según un informe recientemente publicado por Ruido, el 70% de las provincias de Argentina manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control, un contexto que puede propiciar eventuales casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.
En la última sesión de la Legislatura también se aprobó una nueva ley 38.178 para el funcionamiento del Tribunal de Cuentas Provincial (TCP). Allí se especifica que esos “gastos reservados” con presupuesto de 350.000.000 para ejecutar en 2024 están “excluidos del control preventivo, salvo expreso pedido de la administración, sin perjuicio del control posterior”.
De esa forma está explicado en el capítulo de las atribuciones estipuladas -artículo 21, incisos b) 1) III)- para el Tribunal de Cuentas por la nueva norma que reglamenta el funcionamiento del órgano de contralor de los gastos del Gobierno provincial.
La legisladora Elisa Caffaratti, de Juntos UCR, realizó un relevamiento sobre los “gastos reservados” ejecutados desde 2019 hasta el corriente 2023 y advirtió que durante estos años la partida destinada al ministro de Seguridad y el jefe de Policía “se han ejecutado al 100%, con uso completamente discrecional, sin facturas ni comprobantes”, manifestó esta semana en el programa FORUM.
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