"Todo tiene un límite": Quinteros contraataca y denuncia penalmente al Tribunal de Cuentas por la licitación de Drones de seguridad

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público Fiscal investigue la actuación del Tribunal de Cuentas de Córdoba en el marco del Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025, vinculado a la intervención del organismo de control sobre un proceso de contratación pública.

Por ese motivo, presentación solicita que la Justicia investigue si existió una extralimitación funcional y una posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública.

La denuncia fue formulada en el marco de los artículos 314, 315 y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia y apunta a determinar si el órgano de control se extralimitó en sus funciones legales, al observar el gasto y negar el visado del expediente con fundamentos que —según el planteo del Ejecutivo— exceden el control preventivo de juridicidad.

Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la resolución del Tribunal de Cuentas no se limitó a verificar la legalidad del procedimiento administrativo, sino que se basó en criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, facultades que son propias del Poder Ejecutivo y que se encuentran vedadas al órgano de control externo.

Drones en pausa: Qué puede y qué no puede hacer el Tribunal de Cuentas de Córdoba y cuáles son sus facultades constitucionales

En ese marco, el comunicado oficial advierte que la actuación cuestionada implica una injerencia indebida en competencias del Ejecutivo y una afectación directa al principio constitucional de división de poderes, configurando una situación de gravedad institucional.

En su declaración pública, Quinteros sostuvo que la decisión se tomó ante la gravedad de las acusaciones formuladas en el expediente administrativo y la ausencia de sustento probatorio para respaldarlas. “Sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra”, afirmó.

El ministro fue más allá y planteó una intencionalidad política detrás de la intervención del Tribunal de Cuentas. Según expresó, existirían dos objetivos concretos: “obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana”, y “brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales”.

En uno de los tramos más duros del pronunciamiento, Quinteros cuestionó el uso de conceptos como “fraude”, “corrupción”, “traje a medida”, “sobreprecios” o “cajas negras”, al advertir que “no pueden quedar sin consecuencias” cuando se formulan sin respaldo probatorio.

“Que quede claro: todo tiene un límite”, concluyó.

"Estamos relevando hechos de corrupción”: el Tribunal de Cuentas amplió sus cuestionamientos a la compra de drones en Córdoba

El episodio abre un conflicto institucional de alta tensión entre el Poder Ejecutivo provincial y el órgano de control externo, con derivación judicial y proyección política. La disputa no se limita al plano técnico-administrativo: expone una puja de poder sobre el alcance del control estatal, los límites de los organismos de fiscalización y el uso político de las instituciones.

En términos políticos, el movimiento de Quinteros no es defensivo: es ofensivo. Judicializa el conflicto, traslada el escenario a la Fiscalía y transforma una observación administrativa en una disputa penal, institucional y de poder, con impacto directo en la agenda de seguridad y en el tablero político provincial.