La escalada de violencia protagonizada por cuidacoches en la ciudad de Córdoba volvió a encender una discusión que la Unicameral había decidido postergar para febrero próximo –con el inicio del nuevo año legislativo- en medio de las posturas que chocan entre prohibir o regular.
Los últimos episodios en el Centro y en las inmediaciones del Mercado Norte reabrieron el debate legislativo sobre los llamados “naranjitas truchos” y dejaron al descubierto una disputa política que excede la seguridad urbana y atraviesa de lleno la discusión en el seno parlamentario.
En este contexto, el legislador Gregorio Hernández Maqueda redobló la apuesta y cargó con dureza contra el oficialismo. Según el liberal mileista, la discusión no admite grises ni soluciones parciales. Y, al redoblar la apuesta, va a fondo con su reclamo de prohibición total.
“Prohibir y discriminar a los naranjitas fue una clara movida marketinera, falaz e inconcluyente, además de anticonstitucional, del jefe del bloque oficialista, para ocultar los cargos judiciales creados para que los amigos del gobernador Martín Llaryora le garanticen impunidad”, lanzó el opositor, reflotando el debate ante la negativa oficialista de su planteo.
El parlamentario sostiene desde hace tiempo que la única salida posible es la prohibición lisa y llana de los cuidacoches y limpiavidrios en todo el territorio provincial. Su proyecto de ley, que duerme en comisiones desde hace meses, apunta a erradicar una práctica que —según denuncia— se vincula directamente con la inseguridad en zonas sensibles como el Centro, Nueva Córdoba y otros puntos neurálgicos de la Capital.
La postura de Maqueda se apoya en hechos concretos. En los últimos días, la violencia volvió a copar la agenda: una pelea entre dos cuidacoches en el Mercado Norte terminó con un hombre gravemente herido por un traumatismo de cráneo y un detenido.
Horas más tarde, otro episodio similar se registró sobre calle Santa Rosa casi esquina General Paz, cuando un naranjita amenazó a otro con un arma blanca para disputarle la zona. Comerciantes del área reclaman medidas urgentes y mayor presencia policial.
La gravedad de la situación obligó incluso a la cartera de Seguridad a reconocer el problema y lanzar una campaña para denunciar agresiones o extorsiones a través del 911, admitiendo de hecho que el fenómeno había desbordado los márgenes de la convivencia urbana.
Regularizar y ordenar
Del otro lado, el oficialismo rechaza la idea de prohibición general. Tras la reforma parcial del Código de Convivencia -que dejó reproches cruzados en la última sesión de 2025-, el bloque del PJ decidió patear para febrero los artículos más sensibles y retomar la discusión bajo la premisa de “regularizar, ordenar y controlar”.
El mensaje fue explicitado por Facundo Torres, quien salió al cruce de la posición dura de Hernández Maqueda: “Regularizar, ordenar y controlar no es lo mismo que prohibir y discriminar para hacer show. Las leyes están para dar reglas claras y soluciones a largo plazo, no proyectos para la tribuna”, sostuvo el legislador oficialista. Según explicó, el camino debe construirse escuchando a vecinos, cooperativas e intendentes, y respetando las autonomías municipales.
Arranca un febrero intenso en Córdoba con marchas y demandas judiciales de los gremios
En ese marco, la propuesta que el PJ había esbozado en diciembre -y luego decidió frenar- contempla la regulación, permitiendo la actividad solo con autorización municipal o comunal, con el objetivo de erradicar a los “naranjitas truchos”.
El oficialismo argumenta que el problema está concentrado en la Capital y que en muchas localidades del interior existen programas a cargo de las gestiones locales. En otros puntos de la provincia no se registra esta práctica.
La otra pata de la discusión, que sí cuenta con mayor consenso, es la prohibición expresa de los limpiavidrios, una actividad que el oficialismo planea incorporar como contravención por no estar regulada y por representar un riesgo para la seguridad vial.
Así, mientras la violencia en las calles empuja la agenda y tensiona a comerciantes y vecinos, la Unicameral vuelve a quedar atrapada en una disputa política de fondo: prohibición total o regulación controlada. El mes de febrero aparece como el nuevo plazo autoimpuesto por el oficialismo, pero los hechos recientes colocan a la Legislatura frente a una definición que ya no puede seguir esquivando.
