Un policía de Córdoba le debe 22 millones a Bancor por una deuda que empezó en uno: la justicia rechazó el amparo

Un efectivo policial ya debe 22 millones de pesos al Banco de Córdoba luego de que una refinanciación automática multiplicara una deuda original de tarjeta de crédito. La Cámara en lo Civil y Comercial de 8° Nominación rechazó el amparo que la abogada Verónica Sancho había interpuesto para frenar los descuentos sobre su salario y derivó el caso a un proceso ordinario. El agente quedó sin ingresos disponibles y sin una solución urgente.

Sancho asegura representa a varios empleados públicos, como policías, docentes y enfermeros, en situaciones similares frente al Banco provincial. En diálogo con Punto a Punto Radio, describió la mecánica que llevó a su cliente a esa situación: el banco actúa simultáneamente como agente de retención y como acreedor, y descuenta de forma automática cualquier suma que ingresa a la cuenta. "Él actualmente no tiene ingresos y el hecho de trabajar más implica mayores descuentos", señaló la letrada.

Cómo se llegó a 22 millones

El afectado tenía una deuda de tarjeta de crédito. Los descuentos del mínimo no alcanzaban a cubrir el saldo real y, tras acumularse los atrasos, el banco aplicó una refinanciación automática. "En un momento él debía un millón y algo y pasó a 12 millones de pesos la deuda, de un mes al otro. Hoy ya está en 22 millones de pesos esa deuda", describió Sancho.

Córdoba: confirman el rechazo “in limine” de un amparo contra débitos del BANCOR en la cuenta sueldo

A eso se sumaban otros compromisos: cuota alimentaria y descuentos por deudas con una financiera. En diciembre, el banco le retuvo el 100% del aguinaldo. "En diciembre se le descontó el 100% del SAC. Entonces él actualmente no tiene ingresos", remarcó la abogada.

El amparo solicitaba la revisión de los intereses aplicados y una refinanciación accesible. "Lo que él solicita es la revisión de los intereses abusivos que se aplicaron y una refinanciación donde él pueda abonarla y a la vez también comer, alimentar a sus hijos, pagar el alquiler, la luz", explicó Sancho.

Qué dijo el tribunal

Según lo que publicó Perfil Córdoba, el tribunal de alzada integrado por los camaristas María Rosa Molina, Diego Giovannoni y Gabriela Eslava, ratificó que la vía del amparo no era la idónea. Coincidieron en que no existe "una ilegalidad manifiesta", dado que la existencia de contratos y refinanciaciones exige un debate probatorio que solo puede darse en un proceso declarativo.

El fallo precisó además que "la gravedad del perjuicio invocado no es, por sí sola, elemento suficiente para transformar una controversia de naturaleza contractual en un supuesto de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta susceptible de ser conjurado por la vía del amparo".

La Cámara indicó que la protección del salario alimentario debe canalizarse a través de un juicio ordinario, con medida cautelar si fuera necesario. También aclaró que rechazar el amparo no implica desconocer el derecho del cliente: el tribunal constató que la deuda fue contraída voluntariamente, extremo que el propio afectado admitió en su demanda.

Para Sancho, esa respuesta llega tarde. "El juicio ordinario lleva mucho tiempo, son años de tramitación. El tema es que el cliente no tiene medios para subsistir, tampoco tiene los medios para afrontar las costas de un trámite ordinario".

La letrada cuestionó abiertamente la respuesta del sistema judicial. "Si yo tengo una ley, tengo una constitución, tengo tratados internacionales que protegen este tema, ¿por qué la justicia no está haciendo valer esos derechos? ¿Por qué tenemos que ir a defensa del consumidor cuando nosotros tenemos una justicia que debe defender al cliente de manera urgente?", planteó.

El problema es más amplio

Los casos se replican. Sancho tiene entre sus clientes a otro empleado público al que un préstamo de 1,4 millones de pesos se convirtió en una deuda de 18 millones al mes siguiente, y de 24 millones al otro. "Hace seis meses que no puede pagar el alquiler y van a desalojarlo", relató.

La única salida disponible por ahora es la denuncia ante la Defensa del Consumidor, vía que el propio gobierno provincial sugirió durante el verano. Pero el organismo está desbordado. "Están dando audiencias de acá a fin de año prácticamente. Entonces tampoco es una solución", evaluó Sancho.