El gobierno de La Calera, encabezado por Fernando Rambaldi, aprobó una reforma electoral integral que busca modificar el sistema de votación municipal e incorporar mayores controles sobre el proceso electoral. La iniciativa apunta a prevenir prácticas como el “voto cadena”, el robo de boletas y distintas formas de clientelismo político.
Uno de los principales cambios será la implementación de la Boleta Única de Sufragio (BUS), un esquema en el que toda la oferta electoral estará concentrada en un único papel provisto por la Junta Electoral Municipal. De esta manera, se elimina el sistema tradicional de boletas partidarias múltiples y se prohíbe su distribución dentro de los establecimientos de votación.
Desde el municipio señalaron que el nuevo sistema busca garantizar igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas y evitar maniobras vinculadas a la sustracción o reposición irregular de boletas.
La reforma también incorpora la profesionalización de la Junta Electoral Municipal. El organismo estará integrado por tres miembros y se definió un orden de prelación técnico para evitar designaciones políticas discrecionales. Tendrán prioridad jueces de Primera Instancia, integrantes del Ministerio Público y asesores letrados con domicilio en la ciudad.
Otro de los puntos centrales está vinculado con el traslado de votantes. La ordenanza establece la gratuidad del transporte público urbano durante la jornada electoral, entre las 7 y las 20 horas, con el objetivo de garantizar el acceso al voto.
Al mismo tiempo, se regulan los traslados organizados por agrupaciones políticas y se establecen sanciones para los vehículos utilizados con fines de inducción o condicionamiento electoral. Las multas previstas pueden alcanzar hasta 4.000 Unidades Fijas y contemplan incluso la quita de licencias de conducir.
La normativa también endurece los controles sobre la publicidad política en el espacio público. Se limitarán los lugares habilitados para cartelería, pasacalles y pintadas, mientras que las infracciones podrán derivar en multas, decomiso de materiales y retiro inmediato de la propaganda.
Además, el nuevo régimen prevé sanciones por ofrecimiento de dinero, bienes o beneficios a cambio de influir en el voto, así como por el uso indebido de recursos públicos municipales con fines electorales.
