"Viene por quienes se animan a denunciar": la respuesta de Mumalá al relato del Fiscal General de Córdoba sobre falsas denuncias

Cuando Carlos Lezcano relató cómo liberó a un hombre detenido por una denuncia de abuso sexual fabricada por su propia hija, el relato circuló como una historia de perspicacia judicial. Para Betiana Cabrera Fasolis, directora del Observatorio Nacional Mumalá, ese mismo relato tiene otra lectura posible: la de un funcionario que, desde el cargo más alto del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, da una señal sobre cómo piensa leer los casos que lleguen a su gestión.

"Nos parece preocupante que quienes son los encargados de la administración de la justicia tengan esta perspectiva regresiva de los derechos", dijo Cabrera Fasolis. Y fue más directa al trazar el hilo entre el discurso y sus consecuencias: "Esta es la estrategia de los violentos. Pablo Laurta, el triple femicida, había hecho una denuncia falsa y las militaba además con la organización Varones Unidos".

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La referencia no es menor. Laurta, fundador de la agrupación antifeminista, fue detenido en octubre de 2025 acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio, en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba, y de secuestrar a su hijo de cinco años.

Antes del doble crimen, Laurta ya contaba con antecedentes alarmantes por violencia de género: en febrero de 2024, había sido detenido por hostigar a Giardina, llegando a vivir tres días escondido en el techo de su casa. A pesar de esto, fue liberado. Mientras tanto, desde su plataforma, difundía sistemáticamente la narrativa de las falsas denuncias como argumento central de su militancia.

Los números que la discusión no suele incluir

Cabrera Fasolis rechaza de plano que las falsas denuncias constituyan un problema de magnitud estadística. "No hay estadísticas oficiales que acrediten que este sea un problema generalizado al cual atender. Algunos estudios internacionales hablan de que el fenómeno llegaría al 1%. Hay un estudio del Consejo de la Magistratura que plantea que podría representar un 3%. Pero lo que sí tenemos son estadísticas sobre la falta de denuncias", señaló.

Esos datos son contundentes. Según el Observatorio Mumalá, solo uno de cada cuatro casos de violencia de género llega a ser denunciado. En el extremo más grave, según datos del INDEC recabados en la Encuesta Nacional de Victimización de 2017, solo el 12,5% de los casos de ofensa sexual se reportan, lo que implica que el 88% no llega a conocimiento de la justicia. En materia de abuso sexual infantil, el componente intrafamiliar supera el 80% de los casos.

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El Reporte 2025 del mismo observatorio, elaborado sobre el período enero-diciembre de ese año, registró 266 femicidios en todo el territorio argentino, a razón de uno cada 33 horas. En Córdoba, la cifra fue de 17. Del total de víctimas a nivel nacional, solo el 15% había denunciado a su agresor con anterioridad al hecho. Y de quienes denunciaron, apenas el 17% contaba con botón antipánico.

El informe también arroja que el 62% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor, y que el 52% fue cometido por parejas o exparejas. El ámbito privado, el espacio donde no hay testigos ni pruebas fácilmente disponibles, es el escenario principal. Es la misma dificultad que la ciencia jurídica reconoce como obstáculo estructural para sostener las denuncias hasta su resolución.

El argumento regional: Uruguay como espejo

Un informe publicado en julio de 2025 por ONU Mujeres y la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH de Uruguay ofrece un dato de especial relevancia para el debate. El estudio relevó la totalidad de los 89 expedientes judiciales iniciados en ese país por los delitos de calumnia y simulación de delito entre 2021 y 2023. De ese universo, solo dos tenían vinculación con violencia basada en género. Los restantes correspondían en su mayoría a delitos patrimoniales: hurtos, rapiñas, estafas.

La conclusión del informe es directa: las falsas denuncias por violencia de género son una excepción estadística, y en los casos detectados, el propio sistema de justicia dispuso de las herramientas para identificarlas y sanccionarlas. Los 25 operadores judiciales entrevistados en el estudio —jueces, fiscales, defensores y peritos— coincidieron mayoritariamente en que las falsas denuncias en este campo son excepcionales y que, cuando se archiva una causa o no prospera, eso no equivale a que la denuncia fuera falsa.

El proyecto que le da marco al debate

El relato de Lezcano llega en el contexto de una ofensiva legislativa. La iniciativa de la senadora Carolina Losada busca elevar las penas por falsas denuncias a entre 3 y 6 años de prisión cuando involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió despacho favorable para modificar el Código Penal, incorporando agravantes en contextos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad y contra la integridad sexual.

Para Cabrera Fasolis, esa iniciativa no resuelve ningún problema real. "En vez de propiciar herramientas para fortalecer el acceso a la justicia y optimizar la investigación, se focaliza en quiénes denuncian, en vez de arreglar la institucionalidad, que es lo que está haciendo mal", sostuvo. Y advirtió sobre las consecuencias prácticas: "Solo promueve la revictimización y el temor a ejercer el derecho de acceso a la justicia en quien fue violentado en el ámbito de lo íntimo, en el ámbito de lo privado".

La postura de la Fiscalía General Adjunta, Bettiana Croppi -que integra el organismo que ahora conduce Lezcano-, fue en sentido contrario al relato del nuevo titular. En la mesa de debate organizada en la UNC días atrás, Croppi dijo estar convencida de que una posible sanción de la ley de Losada generará "responsabilidad estatal" para Argentina "en ámbitos internacionales".

La tensión que el testimonio de Lezcano instaló no es anecdótica. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba es la institución que define qué se investiga, cómo se investiga y con qué prioridad. Esa política criminal, según la Constitución provincial, la fija el Fiscal General. El relato que eligió contar Lezcano tras asumir empieza a prefigurar, para quienes siguen de cerca el organismo, el perfil de la gestión que viene.