Hace algunas semanas, un jurado de California condenó a Meta y a Google/YouTube a pagar 6 millones de dólares a una joven que empezó a usar redes sociales a los 6 años y desarrolló un consumo problemático que, según la demanda, le causó daños en su salud física y psicológica. El caso fue el primero en resolverse dentro de una acción colectiva que involucra a unos 2.500 demandantes, y dejó una pregunta abierta para este lado del mundo: ¿algo así podría pasar en Argentina?
El abogado Diego Jaskowsky analizó el fallo y sus implicancias locales en Punto a Punto Radio (90.7 FM). La condena se divide en partes iguales entre daños y daños punitivos, lo que significa que el jurado no solo reconoció el perjuicio sino que quiso sancionar la conducta de las empresas. El argumento central: las plataformas no se limitan a proveer una herramienta neutral, sino que la diseñaron para generar más y más uso. "La herramienta está diseñada para generar cada vez más uso", señaló Jaskowsky, y recordó que durante el proceso se filtraron documentos internos que demostraban que las propias empresas ya sabían del riesgo.
La defensa de Meta y Google había argumentado que los daños podían tener otras causas, problemas familiares, situaciones de acoso escolar y que ellas solo proveen la plataforma, no el contenido. El jurado no lo aceptó.
Una aclaración que Jaskowsky consideró importante: la palabra "adicción" tiene demasiados significados y puede prestarse a confusión. El término más preciso, dijo, es consumo problemático y ese es el riesgo real que presentan estas plataformas, especialmente en menores.
El marco legal argentino: qué herramientas hay y qué obstáculos también
Jaskowsky fue claro: trasladar este caso a Argentina no es directo. El primer obstáculo es jurisdiccional. Al aceptar los términos de servicio de Meta, el usuario probablemente está contratando con Meta California, no con una entidad radicada en el país. "Meta en Argentina no es más que una empresa de publicidad", planteó el abogado.
El segundo obstáculo es probatorio. Demostrar que todos los daños sufridos durante años de uso fueron causados exclusivamente por la plataforma es enormemente difícil. Una persona que usó redes durante 15 o 16 años vivió también una infancia y una adolescencia enteras en el medio, con todo lo que eso implica.
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Aun así, la ley de defensa del consumidor establece un piso exigible: deber de información, de seguridad, de trato digno y de prevención del daño. La analogía que usó Jaskowsky es útil: el tabaco no está prohibido y el alcohol tampoco, pero ya no se publicitan en la Fórmula 1, no se venden a menores de 18 y llevan advertencias obligatorias. "Todo el mundo sabe que hace mal", resumió. Para las redes sociales, planteó, debería regir un estándar equivalente. "Si una persona en la prestación de un servicio daña a otra, el argumento legal lo vas a tener", afirmó.
Qué deberían hacer las plataformas
Si las empresas tienen la capacidad técnica de medir cuánto tarda un usuario en hacer scroll o en hacer clic, también pueden trazar una línea a partir de la cual el uso se vuelve peligroso y activar medidas preventivas. "Podríamos empezar a ver octógonos en el uso de la aplicación", propuso Jaskowsky, en referencia al sistema de advertencias que ya se aplica en alimentos.
Sobre la prohibición del acceso de menores a redes sociales, una medida que avanza en varios países, se mostró a favor: "Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los efectos a largo plazo, porque es algo muy novedoso que cambia permanentemente."
