Carlos Lezcano lleva apenas días al frente del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el organismo que conduce la política de persecución penal en la provincia, y sus primeras declaraciones públicas de largo alcance ya generan lecturas encontradas en el ambiente judicial. El relato ocurre en el momento en que el Senado de la Nación avanza con un proyecto para endurecer las penas por falsas denuncias.
En el ciclo de entrevistas Fuero Íntimo, del Club de Derecho, el flamante Fiscal General narró dos causas que lo marcaron durante sus 23 años como juez de control: padres e hijos inocentes que pasaron meses en prisión preventiva por denuncias que resultaron ser falsas.
Lezcano asumió en reemplazo de Juan Manuel Delgado, quien gobernó la Fiscalía General durante cinco años y cuya especialidad era el derecho administrativo y comercial, no el penal. El perfil del nuevo titular es el opuesto: es el juez de Control más antiguo de la provincia, con 22 años en el cargo. Esa diferencia de origen no es un dato menor: en la entrevista, Lezcano construyó toda su argumentación desde la experiencia concreta de las causas y desde lo que él llama "sentido común".
El padre que se comió seis meses preso
El primer caso que narró involucra a un padre separado, con una hija adolescente de 16 o 17 años que cursaba el secundario. El hombre, que según Lezcano era el progenitor más atento, descubrió que la joven había falsificado una prueba de geografía. Le quitó el novio como castigo. La respuesta de la chica fue una denuncia por abuso sexual.
"Me hizo tomar vino, me emborrachó, me hizo acostar con él a la siesta y me abusó", narró Lezcano reproduciendo el relato de la hija ante la fiscalía. "Como consecuencia del relato terminó preso el padre".
Lo que siguió fue la intervención de Lezcano como juez de control. Revisó la pericia psicológica practicada al detenido y convocó a la perito para interrogarla en persona. La pregunta que le formuló fue precisa: si un padre biológico abusa de un hijo, ¿puede detectarse alguna fisura en una sola entrevista?
La respuesta de la profesional, según relató Lezcano, incorporó una variable cultural: "Depende de las culturas. Si usted vive en el campo, en las sierras, y no tiene información, no tiene medios de información, no tiene acceso a la televisión, a la radio, etcétera, usted tiene un submundo, un micromundo. Si es una persona informada, que vive en una ciudad medianamente desarrollada, obviamente que sí vamos a denotar algo, algo va a salir, porque es el padre biológico -no estábamos hablando de un padrastro-. Estábamos hablando de sangre".
Denuncias falsas: cuando los más chicos se convierten en “bomberos de un incendio ajeno”
Ese razonamiento fue suficiente para que Lezcano tomara una decisión: "Acá hay una mentira. Entones le doy la libertad al señor". Una vez libre, la hija se presentó en la fiscalía y confesó. "Se trató de una mentira. Por el castigo y porque el padre era muy riguroso con su escuela y que no la dejaba andar con el noviecito. Y se comió seis meses preso".
Lezcano no dejó pasar las consecuencias físicas de esa prisión: "Es grave estar preso en una cárcel y que se enteren de que abusaste de tu hijo. Lo podés pasar muy mal. Y hasta podés no salir vivo".
El abuelo geólogo y las inconsistencias que no cerraban
El segundo caso involucró a un abuelo, ingeniero geólogo formado en Francia, acusado por sus nietos de abusos en un sótano. El problema: la casa no tenía sótano. Lezcano, convencido de que algo no cerraba, pidió participar como observador en una entrevista psicológica al imputado, una medida inusual que generó "un revuelo en tribunales".
"Lo vi llorar como un chico. Un pobre hombre, un tipo muy formado", recordó. También esa denuncia resultó falsa. La nuera del hombre, en medio de una separación conflictiva con el hijo, había influido sobre los menores. "Los psicólogos se daban cuenta: esto no puede haber escrito un chico de 10 años", señaló Lezcano.
La crítica al sistema: "laxitud" y el derecho de defensa ignorado
El punto de mayor impacto político de la entrevista llegó cuando Lezcano ofreció su diagnóstico sobre por qué estas denuncias avanzan hasta la prisión preventiva sin ser detectadas antes. "Puede haber habido una laxitud en el manejo de la investigación. Demasiado creerle firmemente lo que decía la víctima o lo que decía la madre de la víctima, y no tener en cuenta lo que decía el imputado. El imputado también tiene derecho a defenderse y es parte esencial del proceso".
Y fue más directo sobre la práctica de algunos colegas fiscales: "Muchos fiscales no le hacen lugar a la prueba ofrecida por la defensa. A ver: si usted cree que no es pertinente la prueba, dígaselo, fundaméntelo. Pero si usted no le dice por qué no quiere tomar la prueba, siendo que es una parte esencial del proceso... el imputado goza del principio de inocencia hasta que no sea declarado culpable".
El contexto: un debate nacional que divide al sistema judicial
Las declaraciones de Lezcano se producen en un clima de fuerte tensión en todo el país por el tratamiento legislativo y mediático de las llamadas "falsas denuncias". El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, integrado por fiscales y funcionarios de todo el país, expresó su preocupación por la creciente circulación de discursos que sostienen la existencia de una supuesta "masividad de denuncias falsas" en casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual, y alertó que no toda denuncia que no termina en condena es falsa.
Los datos disponibles matizan la dimensión del fenómeno. ONU Mujeres estima que las denuncias falsas representan menos del 1% a nivel global. En España, la Fiscalía General registró un promedio de 0,00084% entre 2009 y 2021. En Argentina no hay estadísticas oficiales específicas, pero los estudios existentes sitúan el fenómeno por debajo del 3% del total de causas penales.
Distintas investigaciones muestran que los delitos sexuales y las violencias de género presentan altos niveles de subregistro, con factores como el miedo, la dependencia económica, la estigmatización social y la revictimización institucional que explican que muchos casos nunca lleguen a denunciarse.
En ese marco, el proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el gobierno nacional propone penalizar las denuncias falsas por violencia de género con hasta tres años de prisión. El proyecto sostiene un aumento de pena para los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, ambos ya tipificados en el Código Penal.
Lezcano no hizo referencia directa a ese debate legislativo en la entrevista. Tampoco formuló afirmaciones sobre la frecuencia del fenómeno. Se limitó a narrar dos casos de su trayectoria y a extraer de ellos una conclusión procesal: que la presunción de inocencia y el derecho de defensa del imputado no pueden quedar subordinados a la credibilidad automática del denunciante.
Entre las prioridades que se le asignan en su nueva función figura la creación de nuevas fiscalías de Violencia de Género. Cómo articule esa agenda con la lectura que acaba de hacer pública sobre el tratamiento de las denuncias será una de las primeras tensiones que deberá gestionar al frente del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
