El FMI audita las reservas y abre la puerta a la discusión por un nuevo acuerdo

La llegada de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Buenos Aires, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, es mucho más que una revisión de rutina. El equipo técnico viene a inspeccionar los números para destrabar un desembolso de cerca de USD 1.000 millones correspondiente a la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). Pero es el prólogo de una nueva negociación por un posible nuevo acuerdo.

El equipo de Luis Caputo trabaja con una fecha límite en el calendario. A partir del segundo semestre, el Gobierno se enfrenta con la combinación de vencimientos de capital más intereses que el actual esquema no alcanza a cubrir con su "rollover" (refinanciamiento) automático. Mientras que vencen más de USD 4.000 millones en todo 2026, los desembolsos serán apenas arriba de USD 2.000 millones. Según fuentes que conocen la dinámica de Washington, la Argentina necesitará un nuevo programa —con más financiamiento— para afrontar los pagos. El monto es relativo, ya que dependerá de cuánto se pueda financiar el equipo económico si se da con éxito una (o más) salidas al mercado internacional voluntario de deuda.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los vencimientos con el FMI en concepto de capital e intereses se aceleran hacia fin de año. En septiembre operan pagos al organismo por USD 799 millones solo de capital, sumado a otros USD 767 millones de otros organismos multilaterales. El año cierra en diciembre con otro vencimiento de capital con el Fondo por USD 342 millones.

Plata "fría" vs. plata "rápida"

La estrategia financiera del Gobierno distingue dos ventanillas. Por un lado, los USD 6.000 millones remanentes del programa vigente. En la City entienden que esos giros no tendrán problemas en desembolsarse, pero advierten que se trata de plata "fría": llega contra revisión de metas y sirve estrictamente para calzar asientos contables.

Una misión del FMI llegó a Buenos Aires para revisar el acuerdo con un ojo sobre las reservas

Por otro lado, está la "plata rápida". La reciente operación de compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por USD 833 millones al Tesoro de Estados Unidos para cancelar el vencimiento de febrero funcionó como un puente financiero vital. Fuentes del mercado aseguran que esa asistencia directa de la administración de Donald Trump será la carta a jugar para sortear los baches de liquidez hasta que se firme el nuevo papel con el FMI.

El objetivo de máxima de Caputo no es solo "empatar" la deuda. El Gobierno busca fondos frescos porque el mero "rollover" es insuficiente para dos objetivos simultáneos: frenar la sangría de reservas por el pago de intereses netos y, fundamentalmente, acumular el stock de dólares necesario para abrir el Cepo sin que el tipo de cambio se dispare.

El examen: fiscal aprobado, reservas a marzo

La entidad que conduce Kristalina Georgieva le tomará examen al equipo económico en tres frentes: reservas, cuentas públicas y asistencia al Tesoro. La meta fiscal está sobrecumplida con holgura, registrando un 1,4% de superávit primario en el año 2025, al igual que la meta monetaria. Sin embargo, en el capítulo de reservas, la administración libertaria reprobó.

Si bien a mitad del año pasado el Fondo flexibilizó la meta de acumulación, el Gobierno no alcanzó el objetivo de sumar USD 3.000 millones, lo que implicaba cerrar con un stock de reservas netas de aproximadamente USD 1.000 millones negativos. Según la metodología del organismo aplicada sobre datos del Banco Central, el año terminó en rojo por alrededor de USD 14.000 millones negativos.

Con un desvío estimado en USD 13.000 millones, el equipo económico solicitará formalmente un waiver (dispensa). Entre exdirectores del FMI y exfuncionarios consultados por este medio no hay dudas de que la entidad tendrá la voluntad política de conceder el perdón y avanzar en una reformulación de las metas hacia adelante, repitiendo la mecánica de flexibilidad pragmática que ya aplicó anteriormente.

El factor INDEC: una discusión incómoda

A la mesa de negociación técnica se sumará el capítulo INDEC. La misión llega justo después de la decisión del gobierno de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la consecuente renuncia de Marco Lavagna. Este no es un tema menor para el Fondo, que monitoreó el proceso, dejó asentada su importancia en los informes e incluso acompañó técnicamente la elaboración de la nueva canasta base 2017/2018.

Con el paraguas del FMI, el Gobierno apuró la salida de Lavagna para intervenir la medición de la inflación

En su último staff report, el organismo fue claro sobre la necesidad de actualizar la canasta para "reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos". Sin embargo, el mismo informe contenía una salvedad clave: aseguró que el "timing preciso" del lanzamiento se discutiría en el contexto de esta revisión.

Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el Fondo, graficó a PERFIL el peso que le pondrá el Fondo: "Lo del Indec es sensible porque hace unos pocos años falsificábamos estadísticas, fuimos sancionados por el FMI y nos costó mucho recuperar la credibilidad. Si bien esto no es comparable, entiendo que habrá que pedir un waiver por seguir usando una canasta de productos que representa el consumo de hace 20 años". Habrá, por tanto, especulación tras la visita técnica respecto a cuándo el Gobierno decidirá finalmente aplicar el nuevo índice.

El reloj del atraso cambiario

Uno de los puntos más ríspidos de la negociación es la política cambiaria. El staff del Fondo mira con lupa el actual esquema de "bandas" que se ajustan siguiendo la inflación con un rezago de dos meses, un mecanismo que sirvió para anclar expectativas pero que puede mostrar fatiga en meses de poca oferta o mucha demanda de dólares.

El Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) regresó a niveles similares a los de inicios de 2024, habiendo consumido gran parte del "colchón" generado tras la devaluación inicial. La preocupación en Washington es que la apreciación del peso desincentive las exportaciones y vuelva a presionar sobre las reservas netas, la variable sagrada del programa.

Aunque en público evitan dar cifras, en el último staff report los técnicos pidieron explícitamente que la política cambiaria evolucione “con el tiempo a moverse más flexiblemente para reflejar mejor los fundamentos".

Bajo la premisa de que "el FMI no pide un tipo de cambio determinado, sino una política que permita acumular reservas", como señaló Torres, la discusión se centrará en la sostenibilidad de las bandas que se ajustan por IPC. Si el Gobierno insiste en usar el dólar como ancla antiinflacionaria, deberá convencer a los auditores de que tiene la espalda financiera para sostenerlo.

El escudo geopolítico: Japón, China y el silencio de Europa

Pese a las inconsistencias técnicas, el Gobierno cuenta con un blindaje político con una fuerte influencia de Estados Unidos para el Board, una vez que se eleve el informe técnico. El país, que ostenta el 16,49% del poder de voto y tiene poder de veto de facto, está garantizado por el alineamiento ideológico con la administración de Donald Trump y el respaldo explícito de Scott Bessent y el swap por USD 20.000 millones. Japón, con el 6,14% de los votos, jugará un rol clave. Históricamente, Tokio alinea su voto con Washington en el Directorio, funcionando como un bloque monolítico en temas financieros globales.

Del otro lado del tablero, las potencias que podrían poner reparos son China (6,08%) que enfrenta una guerra comercial renovada y conflictos estratégicos con EE.UU. que desvían la atención de Argentina. En el caso de Europa, países como Alemania (5,31%) o Francia, que suelen ser los "halcones” que exigen rigor fiscal y reformas estructurales, hoy mantienen un perfil bajo. La guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas en el Ártico (Groenlandia) desplazaron el foco de atención del G7.

Agenda paralela

Mientras los técnicos del Fondo revisan los números con Caputo y las autoridades del Banco Central, mantendrán una agenda paralela de alto voltaje político, pero bajo perfil. Como es habitual en las misiones, habrá reuniones reservadas con sindicatos, empresarios del Círculo Rojo y referentes de la oposición dialoguista. El organismo necesita medir el termómetro social para saber si el ajuste, que cierra en los números fiscales, es viable en la calle de cara a un año donde la economía real todavía está rezagada, con números de empleo y salarios en constante deterioro.

AM